En cuidados intensivos

La reforma a la salud entra en una semana decisiva en la Cámara de Representantes. En el peor escenario imaginable, después meses de desgaste por parte de quienes hemos estado en contra de la iniciativa y del propio Gobierno. Llega con un texto cuestionado en su constitucionalidad, con abundantes vicios de trámite e incertidumbre sobre los apoyos que pueda lograr. En un viciado ambiente de decisiones de no apoyo desde los partidos de la fallida coalición –pero que puede resquebrajarse–, ante las ‘golosinas´ del Gobierno. Situación reconocida y avalada por el defenestrado presidente del Fondo Nacional del Ahorro. Una sombra de cohecho difícil de obviar.

La reforma está en cuidados intensivos y con ella la agenda reformista del Gobierno: o sobrevive o fenece, sin términos medios. Como lo habíamos anticipado, la propuesta del Gobierno es imposible de modular, no tiene arreglo. Si llega a aprobarse por la plenaria de la Cámara, continuará su trasegar por el Congreso, sin mayor discusión técnica en los aspectos sustanciales. El Gobierno se ha replegado en lograr –por todos los medios– la aprobación del texto y con las menores modificaciones posibles: esta sería una reforma ilegítima, de espaldas al país y sin la discusión académica que amerita. Cien mil colombianos de manera espontánea han manifestado la solicitud de retirarla.

Hay consenso, tanto en el Gobierno como en la oposición, de la necesidad de una reforma. Sin embargo, no existe el más mínimo acuerdo en el enfoque y mucha inquietud sobre las consecuencias que pueda generar. Las diferencias son de fondo. Arrancan desde la comprensión del derecho a la salud consagrado en la Ley Estatutaria. La reforma plantea un sistema regido, dirigido, coordinado y articulado por el Estado. Un sistema donde se elimina la garantía constitucional, sobre el derecho irrenunciable a la seguridad social en salud. Lo reemplaza por un sistema de aseguramiento público bajo una espuria denominación de “aseguramiento social”.

Tema no menor. Llevamos más de 20 años construyendo la configuración actual del derecho a la salud. Acuerdos que han sido impulsados desde la Corte Constitucional y, hasta ahora, respetados por todo el Estado. Entre otros: la libertad de elección de asegurador y prestador de servicios; las garantías explícitas de servicios y medicamentos –presentadas y actualizadas anualmente en un plan de beneficios que cualquier ciudadano puede consultar–, además de una unidad de pago per cápita (UPC) que monetiza ese plan de acuerdo con los riesgos de los pacientes. Una función de agencia construida sobre un modelo de seguro individual de salud para cada colombiano. Todo eso desaparecerá en el nuevo sistema y será reemplazado por una “garantía” pública que no se expresa en ningún instrumento ni institucionalidad responsable. Solamente la promesa del Gobierno de montar una onerosa e innecesaria nueva estructura de servicios.

Preocupa que a estas alturas no exista un aval fiscal del Ministerio de Hacienda con el panorama financiero de mediano plazo y, prácticamente, ninguna certeza sobre la sostenibilidad del sistema propuesto. Hoy la reforma se sostiene sobre unas “cuentas de servilleta” que construyó el Ministerio de Salud y que no han tenido el respectivo debate. Cero referencias a los crecientes riesgos en salud y financieros de los enfermos actuales y futuros. La reforma redistribuye el presupuesto sin estudios actuariales.

Ese inmenso hueco lo perciben los dolientes, los pacientes crónicos que están viendo cómo los recursos –para atender sus servicios y medicamentos– son olímpicamente destinados en la reforma a los centros de atención primaria, a planes de construcción de infraestructura y a la frondosa burocracia que conllevaría la nueva operación descentralizada del sistema.

Tampoco genera confianza la pobre gestión del presente Gobierno. Notas bajas en la salud pública, en la ejecución del Plan Decenal de Salud Pública; el manejo de los brotes de dengue; el abandono del plan de vacunación contra la covid-19 en pleno pico respiratorio; la ineficiente gestión de los medicamentos; los atrasos en la ejecución de recursos no POS para el aseguramiento, entre otros. Este Ministerio de Salud solamente se concentró en pasar, a como diera lugar, la reforma a la salud, abandonando su misión y la gestión del sistema.

También genera desazón las ideas desestructuradas del presidente, en su afán por ambientar la reforma. Mencionar reiteradamente a Drogas La Rebaja –como la solución para la dispensación de medicamentos, desde unos Centros de Atención Primaria con muy baja resolutividad– desconoce la complejidad y los logros alcanzados por el sistema en la cadena de provisión de medicamentos. Los colombianos reciben un doloroso mensaje de botar por la borda todos los avances en gestión de enfermedad y riesgo en salud.

Las farmacias son muy importantes, pero son el eslabón final de la cadena de provisión. Las capacidades de producción de medicamentos de Drogas La Rebaja son muy limitadas frente al resto de la industria nacional. No contar y ni concertar con el sector privado solo llevará al desabastecimiento de medicamentos. El 84 % de los colombianos consideran que la prescripción y entrega de medicamentos del sistema es buena o excelente (Anif).

Haría bien el Gobierno en tomar nota sobre el profundo silencio de muchos académicos de izquierda frente a su reforma. En escuchar a quienes, también desde la izquierda, lo están invitando a reconsiderar su urgencia y a buscar los consensos técnicos. Que permitan una transformación del sistema de salud más ajustada a las necesidades de los colombianos.