En defensa de las pymes mineras nacionales

Las protestas –con epicentro en los seis municipios antioqueños del Bajo Cauca– tienen causas sociales y económicas que no pueden ocultarse ni con los señalamientos del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, o del ministro Velásquez o de relatos sobre el “paro del Clan del Golfo”, ni con el eventual aprovechamiento que haga de las mismas cualquier grupo delincuencial. Hay otras miradas.

Esta región fue parte del primer ciclo del oro de la Colonia entre 1550 y 1620 (Colmenares-Jaramillo), declinó por siglos y se activó por las ventajas del sobreprecio al oro fijado en el Gobierno Betancur (1986) que estimularon, por décadas y por varias generaciones, explotaciones tradicionales en las terrazas de aluvión a orillas de los ríos Cauca y Nechí.

Ignoraron los pequeños mineros que Mineros S. A. era dueña y señora de la región mediante la Resolución 002274 del 8 de julio de 1974 del Ministerio de Minas y Energía, que le dio el dominio de 29 RPP, por más de 20.000 hectáreas, proyectada a 50.000 (La Silla Llena, Chivaroli, 13/3/23). Al monopolizar el territorio, volvió antagónica la contradicción con la minería regional.

¿Qué son las RPP? Son reconocimientos de propiedad privada (RPP). Vienen de la Colonia española, que entregó el suelo y el subsuelo a particulares, que no fueron modificados por la Constitución de 1991 ni por la Ley 685 de 2001, el Código Minero, hecho con asesoría canadiense. Las minas del Cerrejón, las de la extinta Frontino Gold Mines en Segovia y Remedios, y en Marmato las de Gran Colombia Gold vienen de tan inicuas RPP, que, dicho sea de paso, pagan menor porcentaje de regalías (IPC, 15/7/20).

Esta zona, como todas las auríferas en la historia, es teatro de violencia. Guerrillas, bandas y las AGC se imponen a sangre y fuego y hacen de quienes extraen el metal precioso víctimas de extorsión, chantaje, homicidio y coacción. Los grupos armados parasitan de ellos.

Se configura así la división de los tres bloques que Edgard Revéiz describe en sus textos para la sociedad colombiana: el Cooptado, que es Mineros S. A., de Scotiabank Colpatria y de Aval; el Ilegal, al que convirtieron a las pymes mineras, y el Criminal. Los poderes mezclan adrede los dos últimos, el Ilegal y el Criminal, y los reprimen por igual y destruyen maquinaria sin fórmula de juicio, incluidas operaciones en cooperación con Estados Unidos. Se endurece el dominio de la compañía “legal”. ¿Cómo es la explotación de oro en el Bajo Cauca de Antioquia? La Confederación Nacional de Mineros de Colombia (Conalminercol) calcula una producción de 15 toneladas/año, un tercio del total nacional que casi todo se exporta. Los pequeños, que son 2.500 y utilizan motobombas como medio de trabajo, extraen al día de 1 a 4 gramos de oro, y cada uno de los 2.000 medianos, con dragas y equipos mecánicos de succión en tamaños hasta de 28 pulgadas, puede llegar a 200.

Mineros S. A., que también opera en Argentina y Nicaragua, pero 85 por ciento de su actividad en Colombia está en cuatro de los seis municipios, utiliza 14 dragas de cuchara que, al llegar a 200.000 onzas al año (SEMANA, 6/9/21), sacaría 15.400 gramos por día, con un consumo anual de agua de 567.361 m³ (2020). La minería ancestral, de pica, pala y manguera, y el barequeo se extinguieron porque, al bajar el nivel de las terrazas de aluvión, tales herramientas son inútiles.

Se acusa a Mineros S. A. de depredar el medioambiente, de usar mercurio hasta 2014 con las secuelas residuales, de verter desechos tóxicos y destruir jarillones, humedales y ciénagas en El Bagre y Nechí (Chivaroli, ídem). En cuanto al empleo, la minería pequeña y mediana ocupa aquí al menos 30.000 personas directas, y Mineros S. A., 926, de las que solo 698 laboran en el proceso productivo (2020).

La ley prescribe tres documentos para formalizar cada pyme, cuya elaboración vale $1.200 millones en total: el PTO (plan de trabajo y obra); el plan de manejo ambiental y la licencia correspondiente –si es mediano– y el de sustracción de reserva de la ribera fluvial respectiva. Al precio presente de $250.000 por gramo y a razón de 2 gramos diarios, se dedicarían seis años y medio, sin descontar gastos, ni sostenimiento o remuneración alguna, para cumplir esos requisitos, fuera de bancarizarse y obtener el registro de comercialización, Rucom. Les hacen exigencias incumplibles.

Los 314.000 empleos de las pymes mineras colombianas, asfixiados por la gran minería, en Caucasia o Marmato o Buriticá o Quinchía, reclaman el derecho al trabajo y el Gobierno Petro debe atenderlo y exigirles a los acaparadores la devolución de áreas como medida inicial de solución a esta crisis humanitaria. Petro perora de “un lugar” para cada cual; ¿lo habrá para la pequeña y mediana minería nacional?