OPINIÓN

En defensa del corazón del mundo y de la vida

La Línea Negra es de vital importancia para los pueblos indígenas como sistema de protección colectiva. Esta se remonta a los orígenes de la cultura y está determinada por una serie de sitios sagrados o hitos geográficos que rodean la Sierra Nevada y se interconectan entre sí.

Angélica Raigoso Rubio
22 de julio de 2020

Esta semana los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta fueron primera tendencia en las redes sociales bajo el #1500 Latidos.

La demanda que cursa ante el Consejo de Estado en contra del Decreto 1500 que garantiza la protección de la Línea Negra -conformada por los sitios sagrados que demarcan el territorio ancestral-, generó una gran movilización de los pueblos kogi, arhuaco, wiwa y kankuamo, a la que se sumaron numerosas entidades nacionales e internacionales y sectores de la sociedad civil en defensa de la naturaleza y del territorio ancestral. La demanda del D-1500 obedece al malestar que causó su expedición en los gremios de la producción y varios sectores políticos, aduciendo que el desarrollo en los tres departamentos se vería obstaculizado.

Para entender el problema es necesario comprender de qué estamos hablando. La Sierra Nevada, origen de 36 ríos, es un lugar único a nivel global, alberga un mosaico de ecosistemas y una muestra representativa de la fauna y flora del trópico americano y por su aislamiento geográfico y su alto grado de especies únicas, esta maravilla de la naturaleza, reconocida por propios y extraños, bien puede calificarse como el Galápagos continental. Además de su importancia geográfica y ambiental, es el territorio ancestral de culturas indígenas milenarias, una reserva filosófica de la Humanidad. Estudios internacionales alertan que se trata del lugar con la mayor concentración de mamíferos, aves, peces y anfibios amenazados del planeta.

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El gran desafío ha estado en conjugar dos visiones del mundo, dos formas de desarrollo que parecieran estar contrapuestas pero que, por el contrario, se hace imperativo que lleguen a ser complementarias: la de los pueblos ancestrales cuya misión y mandato de origen es la protección de la naturaleza y de la vida, y aquella de la sociedad mayoritaria, cuyo modelo de desarrollo está basado en la acumulación y en un crecimiento económico sin consideraciones ambientales y culturales, cuyo futuro depende del cuidado de la gran fábrica de agua que es la Sierra Nevada.

De ahí, la importancia que reviste la Línea Negra de los pueblos indígenas como sistema de protección colectiva. Esta se remonta a los orígenes de la cultura y está determinada por una serie de sitios sagrados o hitos geográficos que rodean la Sierra Nevada y se interconectan entre sí, delimitando su territorio tradicional. Son sitios donde los Mamas ejercen sus prácticas ceremoniales para la protección de los bosques, la tierra, el agua, el aire y de todas las especies de flora y fauna, en otras palabras, para la protección de la vida, de la naturaleza y su revitalización cultural y espiritual.

El Gobierno nacional ya había reconocido jurídicamente la Línea Negra mediante resoluciones en 1973 y 1995. En 2013 la Corte Constitucional señaló que si bien las resoluciones anteriores expresaban el reconocimiento jurídico a la Línea Negra “… ya muestran su insuficiencia, requiriéndose disposiciones mas ajustadas a las necesidades del colectivo indígena…” por lo que instó al Gobierno nacional, a que iniciara de manera inmediata la revisión de las resoluciones y redefinir o actualizar la Línea Negra, amparando la integridad territorial. La Sentencia T-849/14 señalo que “La Línea Negra es una zona de especial protección, debido al valor espiritual y cultural…” y en tal sentido “… el compromiso asumido por el Estado no se limita a la garantía de protección de algunos sitios al interior de la denominada Línea Negra, sino a la totalidad del territorio que incorpora la misma…”

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El D-1500 expedido por el Gobierno Santos contó con un juicioso trabajo de concertación a lo largo de cuatro años entre los indígenas y los ministerios de Interior, Cultura y el IGAC entre otras entidades y cumple con absoluto rigor jurisprudencial el mandato de la Corte, ofrece seguridad jurídica y protege los derechos de terceros. Además, abre la puerta para que las instituciones nacionales y regionales, así como las autoridades indígenas, cuenten con un espacio de seguimiento para la protección del territorio ancestral, que no es otro, que el territorio del cual todos dependen.

Es una oportunidad única para avanzar hacia la construcción de un verdadero desarrollo ambiental, cultural y económico sostenible, con visión de largo plazo. Es inaudito que Santa Marta y otras varias poblaciones, localizadas a los pies de la gran fábrica de agua, se estén muriendo de sed. Como también es inaudito que todas las controversias ambientales, culturales y los procesos de desarrollo deban ser resueltos por las altas cortes. Algo anda mal y el D-1500 es un camino para la solución de los problemas.

*Exministro de Medio Ambiente de Colombia, exembajador, miembro de la Comisión de Conciliación Nacional, creador de la Fundación Prosierra.