En el ICA aumentan los malos olores

En la columna del 18 de octubre de 2024 en la edición 2208 de SEMANA, ‘¿Algo podrido en el ICA?’, abordé temas relacionados con el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA): por un lado, la certificación por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) de la entrada al país de 53.000 kilos de semillas de café robusta, sin que el ICA los inspeccionara; y, por el otro, el procedimiento arbitrario seguido para vetar uno de los dos biológicos que se fabrican en Colombia para combatir la fiebre aftosa, al considerar que no cumplía con la prueba de potencia, lo que pone en riesgo la campaña de vacunación para 2025.

Al respecto, recibí, con fecha 30 de octubre de 2024, una “solicitud de rectificación y/o aclaración” de la doctora Nely Sánchez Vargas, encargada jefe de la Oficina Asesora Jurídica, porque considera “que se hacen afirmaciones que afectan la honra de funcionarios de carrera y demás colaboradores del Instituto Colombiano Agropecuario-ICA, y el buen nombre de la entidad, además de que las mismas no corresponden a la realidad”.

Dice que se cumple con la Resolución n.º 102664 de 2021 “por la cual se establecen los requisitos y el procedimiento para el registro y la verificación de calidad de la vacuna contra la fiebre aftosa”, que “no contempla dentro de sus disposiciones el acompañamiento de los laboratorios productores en la realización de las pruebas de control de calidad, con el fin de evitar presiones indebidas sobre los funcionarios”. Que nada es ilegal.

Si bien la doctora Sánchez no desecha la posible susceptibilidad del personal a presiones, omite que toda resolución, de cualquier entidad, debe acogerse al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 437 de 2011), que ordena que las actuaciones administrativas se rijan por la buena fe, moralidad, participación y transparencia para garantizar a sus administrados debido proceso, legítima defensa y segunda instancia, y que, ante su ausencia, las industrias quedan desprovistas de mínimos derechos. No falla el columnista, falla la resolución de marras, contraviene la ley.

No solo me escribió la doctora Sánchez. Hubo remitentes frente al ingreso sin control de las 53 toneladas de semillas de café, del que nada toca la jurídica del ICA en su misiva. Debido a esto, asumo que es un hecho cierto y que le compete poner la denuncia penal, con igual diligencia como en el caso de las vacunas. Vigilaré.

Me hicieron saber que se podrían, con dicha cantidad, sembrar entre 26.000 y 30.000 hectáreas de café robusta y se me advirtió sobre “riesgos fitosanitarios que puedan llegar sin cuarentena […] hongos, virus y bacterias” que no están en Colombia. Además, en la Mesa Nacional de Café Robusta en Colombia, a la que asisten oficiales del ICA, junto con otras 7 entidades públicas y privadas, hay asuntos bien comprometedores.

Que en Colombia las hectáreas experimentales son mucho menos que las que podían cultivarse con las 53 toneladas de semillas no revisadas. ¿Qué se hicieron? ¿Se evaporaron? ¿Se reexportaron? Y más grave: que se ha permitido “avanzar en ensayos semicomerciales” para esa variedad en la finca Las Lomas (Meta), sin que se sepa su real comportamiento, y con materiales distintos a los entregados por la transnacional Nestlé, que parece interesada en el proyecto. ¿No le preocupa al ICA?

Por el lado de la carrera administrativa en la entidad, recibí el pronunciamiento de la Federación de Ingenieros Agrónomos de Colombia (Fiacol), del 5 de agosto de 2024, que devela más resoluciones ilegales en el ICA. La 0600 de enero de 2022 y la 8058 de mayo del mismo año que, al tenor del Manual de Funciones de 2020, excluyen al gremio de funciones propias de sus conocimientos, al exigir un “núcleo básico” que no le corresponde, y violan normas internacionales ordenadoras de tareas sanitarias exclusivas con estos profesionales.

El Servicio Civil los rechazó para la Convocatoria Nación 6-2024, por 600 vacantes, según la Resolución 5460 de junio de 2024, otra ilegal, que dio prioridad a los abogados, mientras se tiene a cosmetólogos y profesores de educación física de contratistas. ¡El ICA sin ingenieros agrónomos!

Convocatoria que cae como anillo al dedo, así como los $500.000 millones de presupuesto anual, a los apetitos burocráticos del grupo del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, del Partido Verde, y del presidente de la Cámara, postulado por Petro, Jaime Raúl Salamanca.

A este combo, La Silla Vacía le atribuye la “toma” de la entidad “en puestos estratégicos” desde el 7 de agosto de 2022 (23/10/24). ¿Tan preciado botín fue la razón para los absurdos procederes de Salamanca en la aprobación de las reformas laboral y política? Aumentan los malos olores en el ICA.