![JORGE HUMBERTO BOTERO](https://www.semana.com/resizer/v2/ANJRMCFCTFFQTMZNVXHB4VMYMY.jpg?auth=8ffa7e4234245eff31f6f50ee3328b557cb7a2de6b3a84f357b0f7277449a6ab&smart=true&quality=75&width=480)
Opinión
“En el lugar equivocado”
Para el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, mucho de lo que dijo el presidente le resulta ajeno e incomprensible.
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Recordemos que ese organismo tiene un cometido fundamental: mantener la paz y la seguridad en el mundo. Cuando surgen disputas entre diferentes estados, puede investigar las causas y recomendar soluciones. En principio, los conflictos internos no le competen. Una excepción notable es la participación de funcionarios suyos en la verificación del acuerdo celebrado entre el Gobierno Santos y las Farc en 2016; es decir, en un evento puramente doméstico.
Desde el punto de vista de Petro, tiene sentido que pida la extensión de esa presencia, y que se incluya en ese ámbito de colaboración a la denominada paz total. Para la oposición, la postura correcta consiste en afirmar que no padece Colombia un “conflicto armado interno”, sino el asedio de un conjunto de bandas delincuenciales que simulan intereses políticos y usan herramientas de este tipo para subyugar a muchas poblaciones. Este problema no se resuelve con negociaciones carentes de norte, sino con una estrategia de recuperación del orden público. La paz tendría que provenir, entonces, de la pacificación del territorio, tarea en la que el gobierno retrocede día a día. La definición de este problema fundamental es nuestro. No hay —no puede haber— espacio alguno para Naciones Unidas.
Efectuada esta precisión, los ocho temas que el presidente planteó en ese foro son de política interna, como lo es el instrumento para lograr su aprobación por el Congreso, el llamado fast track, un mal precedente usado durante el gobierno de Santos que ya no existe. Restablecerlo implicaría una reforma constitucional cuya aprobación no luce factible, y menos aún para que ese ducto se encuentre disponible a tiempo para que este gobierno pueda usarlo. Esto por sí solo sería suficiente para olvidarnos de las restantes propuestas que hizo el presidente en su visita a New York.
Dijo el presidente frente a sus desconcertados interlocutores que es necesario “excarcelar al campesinado productor de hoja de coca”. Si lo tiene tan claro, cabe preguntar por qué no ha presentado al Congreso una ley de amnistía de esa conducta si es que ello es necesario. Tal vez el motivo sea que, como suele suceder, hay “mucho tilín, tilín y pocas paletas”.
Propuso también inversiones forzosas para que los bancos, en vez de adjudicar y recaudar ellos mismos una porción de los créditos, transfieran recursos del ahorro financiero al Estado. Es una mala idea. No hay razón alguna para pensar que el gobierno, que tiene una participación pequeña en el sector bancario, pueda hacer un trabajo mejor que el resto de la banca. Y más todavía si se tiene en cuenta que, tan importante como conceder créditos, es recuperar los préstamos, tarea que solo banqueros profesionales saben realizar. Una actividad bancaria ejecutada sin las debidas cautelas puede generar, en poco tiempo, un crecimiento acelerado de la cartera vencida. Y en consecuencia, menor disponibilidad de crédito y presiones sobre las tasas de interés.
Con ideas como las que ahora propone el gobierno quebraron la Caja Agraria, el Banco Central Hipotecario y el Instituto de Crédito Territorial. Al Instituto de Fomento Industrial fue menester liquidarlo. Y hubo que vender, antes de que cayera en insolvencia, al Banco Cafetero, que llegó a ser el más grande del país. No se les ayudó a los sectores que se quería estimular, pero sí se creó un pasivo enorme contra el fisco nacional.
En ese mismo discurso, arremetió de nuevo contra las vigencias futuras, el mecanismo presupuestal que permite financiar proyectos que se desarrollan a lo largo de varios años. Así no materialice esa iniciativa, basta la amenaza para mantener deprimida la inversión privada en el sector de infraestructura.
Dijo Petro en el lugar equivocado —el Consejo de Seguridad— que se requiere “un sistema único de verdad, justicia, reparación y reconciliación para todos los actores del conflicto”. Tiene razón sobre las complejidades de la estructura judicial que, en el campo penal, está integrado por la JEP, el sistema de Justicia y Paz, y la justicia ordinaria de la cual hace parte la Fiscalía General. Sin duda, una estructura de singular complejidad. Reunir todo esto en un único sistema judicial, que era lo que con acierto disponía la Carta del 91, en este momento puede ser peor, e implicaría una cirugía jurídica de singular complejidad que, a mi juicio, excede las capacidades técnicas y políticas del actual gobierno.
Así mismo, Petro propuso ampliar en siete años la vigencia del Acuerdo de Paz con las Farc. En realidad, nada le impide decidir que, como ese acuerdo tiene tanta importancia para la sociedad colombiana, el Estado deberá seguir trabajando en su implementación sin restricciones temporales. Tiene las facultades para hacerlo.
Por último, no logramos saber si el arsenal desplegado en Naciones Unidas diluye el proyecto de asamblea constituyente, o si ambas propuestas son complementarias. No es raro. Petro es claro en sus objetivos revolucionarios, aunque no en la forma de lograrlos.
Hoy se lanza un “Manifiesto en defensa del Estado de derecho y la Democracia”, valores que el gobierno actual amenaza mediante la supuesta existencia de un poder popular constituyente que podría, en cualquier momento, derrocar la Constitución. Lo hace también acudiendo a las reiteradas agresiones al Congreso, el poder judicial y los órganos de control. Y acudiendo a frecuentes insultos a la prensa, a los periodistas y a todo aquel que se atreve a criticar al presidente. Es necesario, pues, protestar en paz contra estos abusos y exigir respeto por vías pacíficas.
El manifiesto recoge la visión de una parte importante de la sociedad civil. Incluye ciudadanos de a pie, integrantes de la profesión jurídica, que por vez primera se movilizan, y personalidades de distintas filiaciones. No es un evento aislado. Otros semejantes se han presentado y vendrán otros. Para marcar un contraste con las prácticas petristas, podemos recordar a Antanas Mockus: “Yo vine porque quise, a mí no me pagaron”. Es indispensable que la dirigencia nacional entienda la gravedad del momento. Se requiere —sin duda— una amplia alianza entre sociedad civil y actores políticos.
Briznas poéticas. Del gran poeta de Estados Unidos, Walt Whitman: “Una brizna de hierba no vale menos que la tarea diurna de las estrellas, / e igualmente perfecta es la hormiga, y así un grano de arena… / y en mi mano la articulación más menuda hace burla de todas las máquinas”.