En manos de la delincuencia

La violencia nunca ha sido ajena a la historia de Colombia. Desde las guerras de independencia hasta el conflicto armado de los últimos tiempos, la muerte ha formado parte de la historia nacional.

Por eso, la paz ha sido la obsesión de los Gobiernos. El Frente Nacional fue la salida que entonces se encontró para abandonar la guerra bipartidista y luego le siguieron las leyes de sometimiento, las amnistías a grupos guerrilleros, el proceso de paz con los paramilitares, los diálogos de paz con las Farc… una serie de apuestas de cada Gobierno para calmar esa realidad de país donde todos los días hay personas asesinadas.

Y esta no fue una excepción del actual Gobierno. Con la intención de apaciguar las violencias generadas por los distintos grupos armados ilegales, el presidente Gustavo Petro habló desde su primer día de gobierno de una “paz total”, que significaría el fin, o al menos la merma, del actuar delictivo de los actores del conflicto.

Con esta intención, Petro retomó la mesa de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y se inventó otra mesa con las llamadas disidencias de las Farc de Iván Mordisco, al tiempo que buscaba acomodar las normas para poder sentar otra vez a dialogar a Iván Márquez y a todos los miembros de las Farc que desertaron de la mesa de La Habana. También adelantó acercamientos con bandas como los Shottas y los Espartanos, en Buenaventura.

Esta obsesión del Gobierno de firmar la paz con los grupos ilegales ha hecho que el efecto para el país sea el contrario. Mientras se desarrollan las mesas, se nombran voceros de un lado y otro, y los representantes de estos grupos se indignan a cada tanto y amenazan con terminar los acercamientos, estos grupos armados han expandido su poderío por todo el país e incrementado su actuar criminal. El secuestro y la extorsión crecen en todo el territorio nacional, de la misma manera que crecen los cultivos de coca.

Y no es una cuestión de percepción.

La Defensoría del Pueblo ha mostrado su preocupación por el aumento de la presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), la guerrilla del ELN, las disidencias de las Farc y las estructuras del crimen organizado en varias regiones del país.

De acuerdo con las cifras de la Defensoría, las AGC son el grupo que más ha crecido, pasó de tener injerencia en 253 municipios durante 2022 a 392 en 2023. Detrás de las AGC quienes más crecen en presencia en el país son las llamadas disidencias de la Farc (tanto el Estado Mayor como la Segunda Marquetalia), que pasaron de estar en 230 poblaciones a 299.

El ELN en 2022 tenía injerencia en 189 municipios, pero durante 2023 se extendió a 231, con presencia en 19 departamentos. Las estructuras del crimen organizado hacían presencia en 141 municipios hace dos años, pero en 2023 se amplió a 184 pueblos de 22 departamentos.

Pero no es solo la expansión de los grupos armados ilegales lo que preocupa a la Defensoría del Pueblo. Las alertas también están prendidas frente a la realidad de inseguridad que están padeciendo las comunidades de las zonas más apartadas, pues, a pesar de que se han emitido 205 recomendaciones formuladas a través de las llamadas alertas tempranas, solo en el 1 por ciento de los casos este riesgo pudo ser mitigado. En el 65 por ciento de los casos, el escenario se ha agravado y en el 32 por ciento, el escenario de riesgo aún se mantiene.

Por esta razón, el defensor del Pueblo le ha insistido al Gobierno nacional que estos diálogos con los grupos organizados deben tener reglas claras. “Y las debe tener porque en el desarrollo de un cese al fuego bilateral no se les puede permitir a los alzados en armas que le hagan fraude al pueblo colombiano y sigan combatiendo, como de manera lamentable ha venido ocurriendo y cuya víctima principal es la población civil, porque tiene que confinarse o desplazarse y ser susceptible de la vulneración de sus derechos fundamentales. Los grupos armados ilegales les están haciendo pistola al Gobierno nacional y al anhelo de paz de todos los colombianos”, afirmó el defensor.

No se puede seguir tapando este sol con las tantas manos que lo quiere hacer este Gobierno. La muy buena intención de lograr la paz se ha convertido en carta abierta de la delincuencia para obrar a merced de su voluntad, empoderados por la esperanza de lograr el perdón judicial.

¿A dónde nos va a llevar todo esto? La sensación que existe hoy es que a medida que crecen las cifras de la delincuencia crece la permisividad del Gobierno frente a ellas, con un claro mensaje de que el crimen sí paga y sin que se vea ninguna intención de buscar una estrategia, al menos, para frenar este crecimiento desenfrenado del crimen.

Es doloroso ver cómo en el país los criminales comienzan a ser los amos y señores, principalmente en algunas regiones donde ya gobiernan y dicen qué se puede hacer y qué no. Y mientras esto sucede, desde el Gobierno solo señalan a los medios, a los ricos, a los empresarios, al sector privado, a todo aquel que no piense como el presidente, de ser los causantes de la desgracia del país y no a la falta de autoridad del Gobierno y de sus funcionarios frente a los criminales.