En ruta hacia el 2026; la reconstruccion de Colombia

«-Ya te serenarás, hija. ¡El tiempo! ¿Sabes tú los milagros que ese señor hace? Tú lo has dicho: no hay mal que cien años dure, y cuando se tocan de cerca los grandes inconvenientes de vivir lejos de la ley, no hay más remedio que volver a ella. Ahora te parece imposible; pero volverás» (Benito Pérez Galdós, Fortunata y Jacinta. Madrid: Turner, 1885-1887 = 1993).

Volver a la ley siempre será la respuesta a los grandes inconvenientes generados por apartarse de ella. Ilustra la reseña antes mencionada, lo anterior nos sirve de perfecto proverbio para entender que al encontrarnos ad portas del inicio del tercer período legislativo, ya el calendario marca el ocaso de este gobierno que deja más decepciones que logros y resultados. Ahora bien, siendo posible construir una extensa lista de “asignaturas pendientes” corresponde evidenciar lo que ha ocurrido, pero es más importante aún colocar nuestros ojos en el porvenir.

En nuestro presente, el Clan del Golfo pasó de estar en 253 municipios en 2022, a expandirse a 92 municipios más para 2023; por su parte, el Estado Mayor Central de las Farc también tuvo un aumento significativo en 2022, contaba con presencia en 230 municipios, aumentando esta cifra a 299 municipios en 2023. En general, las estructuras del crimen organizado hacían presencia en 141 municipios hace dos años, y, desde 2023, su presencia se amplió a 184 pueblos de 22 departamentos.

Asimismo, resulta grave que se desconozca el papel preponderante de la Defensoría del Pueblo que, frente a la realidad de inseguridad que están padeciendo las comunidades de las zonas más apartadas, su Sistema de Alertas Tempranas (SAT) ha emitido 205 informes de seguimiento y, de este universo de graves afectaciones y amenazas a los derechos humanos, en solo el 1 % se ha podido concluir que el escenario de riesgo fue mitigado; en el 65 % de los casos, el escenario ha tendido a agravarse, y en el 32 %, el escenario de riesgo aún se mantiene.

Esta realidad nos conduce a invitar a los colombianos a enarbolar la consigna que necesitamos reconstruir el país. Tal como lo hicieran nuestros compatriotas en 1953, los colombianos debemos unirnos a una causa común. El llamado es a las industrias, los distintos gremios, la sociedad civil y cívica, la academia, los centros de pensamiento, los partidos políticos, las ramas del poder público y, en general, todos aquellos que deseen sumarse a la causa país. Es responsabilidad de absolutamente todos recuperar las instituciones, la seguridad y la confianza en el Estado y sus gobernantes.

Los decretos que atropellan al pueblo deben ser derogados, tales como aquellos que permiten el consumo de sustancias psicoactivas en espacios públicos, los de intervención a EPS, los que reconocen a grupos terroristas en diálogos de paz, los que suprimen condecoraciones a nuestros militares y en general todas aquellas disposiciones regresivas a los derechos del pueblo y que blindan a los grupos armados. La colaboración armónica entre las ramas del poder debe volver, enfatizarse en el respeto a las instituciones y la garantía de que cada una sea libre de manifestarse. La unidad nacional tiene que ser real.

La propuesta constituyente no es otra que una estrategia dirigida a acabar con nuestra democracia. Un proceso a convocarse por fuera de los parámetros de la Constitución solo promueve el irrespeto y ratifica las posturas dictatoriales; es criticable cómo hasta ahora las reformas propuestas han sido dirigidas al beneficio de unos cuantos y peor aún, y tal como lo señaló el señor Olmedo López en su declaración ante la Corte Suprema de Justicia, las propuestas legislativas del Gobierno fueron “aceitadas” con el tóxico químico de la corrupción. Se debe pensar entonces en la aplicación de los mecanismos existentes para acabar con el cáncer de la corrupción en las instituciones y así reivindicar la vocación pública del servicio del Estado en favor de la ciudadanía. Reconstruyamos el país desde la Constitución y la ley, desde el pueblo, siempre garantizando la libertad de todos los ciudadanos.

Ahora bien, indistinto de quién gobierne, debe procurarse la búsqueda de más autonomía en las regiones, lo anterior con el fin que se impulse el desarrollo de los departamentos, que las necesidades se atiendan de forma real, así todos contribuyen a que seamos un país más avanzado y con más equidad. Es necesario un trabajo articulado desde las regiones y el Gobierno nacional, enfocado a departamentos, municipios y distritos, y que estos últimos sean cada vez más autónomos en materia de recursos del nivel central; con esto, encaminar las políticas públicas en procura del desarrollo de cada territorio y sus verdaderas necesidades, entendiendo que cada uno padece problemáticas distintas a los otros, razón que obliga a que la política que impulse los territorios debe ser sectorial y no general.

El próximo mandatario o mandataria que llegue a la Casa de Nariño deberá, en primer lugar, pensar en organizar los múltiples desórdenes que se han generado en el país a propósito de los desaciertos del gobierno actual, esto antes de ejecutar e implementar cualquier política de gobierno. Las banderas claves serán recuperar la autoridad, fortalecer la fuerza pública, recuperar los territorios, fortalecer las garantías para el inversor extranjero, recuperar y mejorar el sistema de salud, evaluar el sistema de pilares para pensión, y someter a un escrutinio detallado las regresivas decisiones adoptadas por un gobierno que solo ha pensado en cumplir a su capricho sus necesidades e ignora cualquier estudio técnico o advertencias realizadas.

Es momento de disponer lo necesario para reconstruir el sentir de unidad y de nación que nos caracteriza, de refundar el nacionalismo. Es tiempo de cimentar y fortalecer nuestro criterio de identidad y propósito como colombianos, dirigirnos a una sociedad respetuosa, pujante, trabajadora y unida. Unámonos en torno a la consigna de reconstruir Colombia para este 2026.