En un mar de coca

“Si mañana, la comisión de Naciones Unidas sobre las drogas declara que la cocaína es legal, mañana se acaba la guerra en Colombia”, aseguró el presidente Gustavo Petro, hace pocos días, ante el pleno del Consejo de Seguridad. Ciertamente, el mandatario ha mantenido una especial preocupación sobre este tema desde el mismo día que inició su gobierno.

Su frase encierra una lógica evidente, pues si la cocaína se convierte en una sustancia legal, dejaría de ser objeto de persecución de las autoridades, pues sólo se persigue lo ilegal. Esa postura es coherente con aquella frase pronunciada por él durante la posesión del director de la Policía Nacional, el mayor general Sanabria Cely, el 19 de agosto de 2022 en Bogotá: “Si logramos que una serie de actividades de la sociedad colombiana que hoy se consideran crimen, no se consideren crimen más adelante, pues habrá por definición menos crimen en Colombia”, llamando la atención sobre la estigmatización y persecución judicial de los campesinos cultivadores de la hoja de coca frente a la falta de opciones. A los pocos días, Gustavo Petro ordena suspender la erradicación forzosa de los cultivos ilícitos.

Hoy, nuestra patria es testigo del incremento exponencial en las hectáreas sembradas con matas de coca, superando las 250.000, cuando estas no alcanzaban las 200.000 al iniciar este gobierno. La meta de erradicación, obligada por política internacional en la lucha contra las drogas, se redujo en el 50 %, pasando de 20.000 a 10.000 hectáreas para 2024.

El cumplir la intención del gobierno de no perseguir a los cultivadores y centrar sus esfuerzos en la interdicción, es decir, después que las actividades de siembra, cosecha, transformación y venta, está llevando al país a enfrentarse a un escenario que es importante tener muy presente y entenderlo con la amplitud suficiente, pues desde el gobierno se está vendiendo una percepción que no es real.

Como la forma de mostrar que se está haciendo algo es la de presentar cifras estadísticas, en lo que este gobierno es experto, el jefe de la cartera de Defensa, en su último informe, anunció al país que durante los primeros cinco meses de 2024, se registró un aumento del 31 % en la incautación de clorhidrato de cocaína en comparación con el mismo período de 2023, pasando de 268.044 kilos a 350.971. Esta cifra ha servido para muchas cosas, como ataques directos contra la oposición, tanto de las innumerables bodegas que saturan las redes sociales como de los muchos activistas que forman parte del gobierno como demostración de que se puede ganar la “guerra” contra las drogas sin perseguir a los campesinos.

Si bien es cierto que las cifras son importantes, también lo es el explicar al pueblo el contexto real de las que tan orgullosamente muestran las agencias nacionales, encargadas de combatir el tráfico de drogas y espero que este escrito aterrice al lector en lo que se evidencia en la provincia y que no se percibe en las oficinas de gobierno en la capital de la República.

El número de incautaciones, y la cantidad de droga aprehendida en cada una, refleja precisamente el aumento en la producción de coca en las montañas y selvas en las zonas controladas por los grupos armados y por los carteles nacionales y mexicanos. Hay coca por todos lados, literalmente los colombianos nadamos en un mar de cocaína, la cual se mueve en todos los medios de transporte y por todos los territorios. El aumento de los cultivos ilícitos y la no erradicación han generado una sobreoferta del producto, el cual no alcanza a ser vendido en su totalidad y gran parte de las “panelas” son encaletadas para regular el precio que hoy está muy bajo dada la alta producción. Mucha se está destinando al mercado interno y alimenta de manera considerable el microtráfico.

Las operaciones de interdicción, por parte de la fuerza pública, han sido un reto para los traficantes que recurren a todas las estratagemas posibles para burlar los controles y pese a su experiencia, acumulada durante tantos años combatiendo este flagelo, muchos viajes logran llegar a su destino. El margen de utilidad, cuando cada kilo llega al exterior y es comercializado aun sin degradar su pureza, es muy alto y contrasta con el bajo precio con el que se ha comprado en la fuente. Cada vez que se anuncia por los medios de comunicación que un viaje ha sido incautado, impacta en el precio del kilo en el exterior, pues la noticia lo único que refleja es la dificultad que tienen los que transportan la droga y con ello justifican los precios altos. Al final el traficante sigue obteniendo la mayor ganancia, mientras los campesinos se mantienen en ese vórtice de droga y pobreza.

Las autoridades, en su deseo de acertar, están cayendo en el juego de los traficantes, pues mientras se engolosinan cuando cae un cargamento, levantan los controles y se van a presentar a los medios el resultado, en ese momento les están pasando dos o tres viajes más. Al final los capos han calculado sus pérdidas y saben que el costo de lo aprehendido es compensado con el precio de venta en el país de destino. Aquí lo interesante es que, en oportunidades, son los mismos delincuentes los que entregan el cargamento para despejar el paso y mover la mercancía con tranquilidad. Así como lo hacen con las llamadas ‘mulas’ en los aeropuertos, donde señalan a una de ellas para que las demás logren llegar a su destino.

No quiero pensar que tantas incautaciones sean producto de acuerdos secretos entre gobierno y carteles para mostrar resultados en esta materia, pese a no erradicar y mostrar así la efectividad de su política. Mientras tanto, las montañas del Cauca parecen un pesebre con tantas luces alumbrando los cultivos de marihuana y la deforestación que –dicen– está disminuyendo se continúa dando, no para el pastoreo, sino para cultivar más matas de coca. Ojalá las tierras que está entregando el Gobierno nacional y las contempladas en la reforma rural integral no tengan ese destino.