Entrar, fumigar y ganar

¡Qué jartera! Pero hay que decirlo. En agosto de 2026 se pagarán todas las culpas de las inconsistencias, contradicciones y oportunismos en la lucha contra el narcotráfico de los últimos 16 años.

La premisa de los acuerdos con las Farc era la impunidad total, en los delitos de lesa humanidad y en la actividad traqueta de la guerrilla. Se tejió con la prohibición de la fumigación aérea y la posibilidad para los desmovilizados removilizados de escoger corredores estratégicos en la siembra y en el tráfico de la coca.

Se complementó con fallos constitucionales vergonzosos, por los que hoy nadie responde, que hicieron —por una parte— imposible la fumigación aérea efectiva y cercenaron —por otra— capacidades operativas de la Fuerza Pública.

La erradicación manual, ineficiente y sospechosamente selectiva, permitió la consolidación de enclaves productores de coca, integrados industrialmente y dominantes económicamente, cerca de las costas de exportación que pagan menos peaje de corrupción policial y son —por ende— más rentables.

Soldados y policías libran en la lejanía inhóspita la lucha de interdicción en total ausencia de un propósito nacional. Van porque los mandan. No van a ganar, sino a sobrevivir la rotación y lagartear la salida. Van contra el deseo de comunidades enriquecidas por el tráfico impune.

Mientras tanto, el ministro de Defensa, con la energía de un oso perezoso y la incredulidad de Santo Tomás apóstol, trata de convencer al país de que el aumento de las incautaciones de coca prensada son el resultado de sus ágiles acciones y no la evidencia de un desborde del área sembrada y de una creciente productividad en el procesamiento de la hoja de coca.

Corona el despropósito, el corifeo de mediocres y pontífices de ocasión que, como en los tiempos remotos de los ochenta y noventa, convencieron al liderazgo de que luchar contra la guerrilla era inútil, que no se la podía derrotar. Ahora alegan que frenar el cultivo y el narcotráfico es inútil, ¡que deje así! De hecho, algunos figurones de entonces, que pregonaban la rendición frente a las guerrillas y lamentaban habernos convertido en Estado fallido, reaparecen ahora, flojos y mediocres recalcando que contra el narco nada hay por hacer.

Pero toca hacer algo. No dar discursos en la ONU de falsa superioridad moral y miserabilismo ante los países consumidores. Ahora, consumidores somos todos y no puede haber un tema más indiferente para las potencias enfrascadas en sus guerras y supremacías económicas y tecnológicas.

Debemos recoger las velas de la tolerancia con el cultivo. La masificación de la cultura cocalera, el desarrollo de mayor productividad, el control territorial avanzado y la imbricación económica con la comunidad ¡sí son un riesgo severo de soberanía!

Hay que reconstruir una retórica estatal que reconozca que el terrorismo se alimenta de la coca y que los carteles y microcarteles son efectivamente un riesgo soberano por la violencia, la corrupción y la promoción de economías ilícitas complementarias.

Debe existir un acuerdo político, judicial y operacional que concentre las energías del Estado en el propósito de enfrentar simultáneamente el narcotráfico y la guerrilla en todos sus fortines. No puede ser una iniciativa marginal. Debe ser la esencia de la política del próximo gobierno.

De no adoptarse este consenso, como ya sucedió en los noventas, la dinámica de la violencia narcótica contaminará y acosará la actividad económica del país. Las mafias requieren expandir sus actividades ilícitas para sostener sus ejércitos y controlar sus zonas de influencia. La actual expansión desaforada de la extorsión, rural y urbana, demuestra que ignorar el problema, marginalizarlo en regiones apartadas que se abandonan, no impide que la criminalidad, henchida de poder e impunidad, haga tránsito a someter la actividad económica lícita.

Es de Perogrullo, evidente, pero nos empecinamos como país en ignorarlo. Y sabemos que ignorar el problema no hace más que agravarlo. Y no se escuchan voces que asuman el liderazgo de esta nueva e indispensable campaña. Les aburre la sola perspectiva de untarse las manos en la batalla.

Afortunadamente, así como la debilidad institucional ha permitido la expansión y el fortalecimiento de las guerrillas y mafias, la tecnología de la agricultura de precisión brinda alternativas eficaces para cambiar nuevamente el curso de la guerra y retomar la iniciativa.

Los drones de fumigación ofrecen hoy en día la capacidad de fumigar la coca y la marihuana con menores volúmenes de herbicida, de manera muy precisa, menores niveles de agua requerida, rendimientos muy superiores a la erradicación manual y seguridad para los operarios.

Estas herramientas sumadas a la cartografía rápida de precisión de los cultivos, que igualmente se logra con drones especializados, liberan a las operaciones de erradicación del sirirí ambiental que se usó para beneficiar el crecimiento de la siembra y traernos a este nuevo periodo de Estado fallido.

Si el Estado va a comprar cosechas, que compre el maíz, la fruta y los cultivos de ladera. Si la coca enseñó las artes de la productividad, la fertilización de precisión y la selección genética, traslademos estas habilidades a actividades agropecuarias lícitas con créditos fáciles, seguros de cosecha, vías de acceso y distritos de riego.

Los cocaleros de los enclaves no son míseros agricultores. Son productores industriales. La erradicación masiva y de precisión con drones, el control de los actores violentos y la criminalización de la actividad debe traerlos de vuelta a la agricultura lícita.

Hay que untarse las manos, ¡no hay opción!