Entre el perdón y el olvido

Que la señora del Coronel Plazas salga a los medios a instigar a los militares a desconocer el fallo proferido por el Tribunal Superior de Bogotá que ratifica la condena contra su esposo como responsable mediato de dos personas desaparecidas en el Palacio de Justicia, es tan respetable como comprensible.

Lo que sí resulta inconcebible es que el presidente Santos, quien es el guardián de nuestra institucionalidad y gobierna en representación de todos los colombianos, haga lo mismo.

Y que lo haga en la forma en que lo hizo: poniéndose de una vez del lado de los militares con un apasionamiento inusitado, como si lo que estuviera en juego fuera el honor castrense antes que el esclarecimiento de la verdad sobre lo que realmente pasó en el Palacio de Justicia. Así, sin mayores matices, ni contextos, ni salvedades, nos conminó a los colombianos a pedirles perdón a los militares por no haber sido más solidarios con ellos, olvidándose que en el Palacio de Justicia no solo hubo una toma por parte de un grupo terrorista que tenía de aliado a Pablo Escobar, sino un holocausto de la Justicia.    

Al presidente se le olvidó que en el Palacio de Justicia más de la mitad de la Corte Suprema perdió la vida en esa retoma y que muchos de sus familiares después de 25 años aún no saben cómo murieron sus seres queridos ni por qué, a pesar de que algunos de ellos fueron sacados vivos de allí, aparecieron muertos al otro día en el Palacio. Ese parece haber sido el caso del magistrado auxiliar Carlos Urán y de Manuel Gaona. Tampoco se ha podido establecer por qué varios de los cuerpos de los magistrados y guerrilleros que murieron en el Palacio fueron convenientemente lavados  antes de que pudieran entrar las autoridades judiciales civiles. Para no hablar de las personas desaparecidas que hoy son objeto sustancial del controvertido fallo y que, sin embargo, no merecen ningún espacio en el discurso encendido del presidente.      

Al presidente no solo se le olvidaron estos hechos. También  se le olvidaron sus propias palabras pronunciadas hace tan solo unos dos meses en la propia Corte cuando asistió a la conmemoración de los 25 años de lo sucedido en el Palacio de Justicia y, tras firmar un compromiso con los familiares de las víctimas y de los desaparecidos, afirmó de manera clara y tajante que hay "que encontrar la verdad por dolorosa que sea".  Pero ese no fue su peor olvido:  en esa reacción tan primaria y apasionada contra el fallo de marras las primeras olvidadas fueron las víctimas, cuyos derechos su gobierno ha salido a defender.

¿A cuál Santos hay que creerle? ¿Al que habla de buscar la verdad cuando está sentando frente a los magistrados de la Corte Suprema? ¿O  al que da por sentado que los militares no cometieron ningún abuso de poder en la retoma y que por ende cualquier condena que esté acompañada de un resarcimiento simbólico a las víctimas es una humillación que él no va a permitir? ¿Al Santos que habló en Barranquilla y se puso del lado de las víctimas? ¿O al Santos que habló en Cali y que se olvidó de ellas?

Probablemente el fallo tiene unos puntos bastante polémicos que suscitan gran controversia. Por ejemplo, la petición que le extienden a la Corte Penal Internacional para que se investigue al expresidente Betancur resulta, por lo menos, discutible. Probablemente lo más lógico habría sido que el fallo pidiera reabrir la investigación en la Comisión de Acusaciones en contra del presidente Betancur, la cual fue archivada prematuramente por los congresistas Horacio Serpa y Carlos Mauro Hoyos sin haberse practicado ninguna prueba y apenas seis meses después de ocurridos los hechos. ¿Por qué no se practicaron esas pruebas? ¿Por qué se cerró de manera prematura? En aras de buscar la verdad, por dolorosa que sea, el país debería saberlo.  

El M-19 será siempre el responsable principal de lo que pasó en el Palacio de Justicia, pero los responsables de los abusos cometidos en la retoma hasta ahora comienzan a develarse.

El deber de un presidente es el de controvertir los fallos siempre y cuando sus opiniones no busquen deslegitimar las decisiones judiciales. Y, en este caso, Santos sí que se pasó de la raya.