Es urgente salir de los remolinos de la corrupción y la violencia

Los males de la corrupción y la violencia que desafortunadamente hemos vivido en Colombia, en los últimos 50 años, tienen en común el haber sido originados por las ambiciones y ansias de poder de los seres humanos, hasta el punto de que hemos llegado a un estado tal, inquietante y peligroso, que en nuestras mentes parece haberse instalado y normalizado lo inaceptable.

Los escándalos de corrupción y de irresponsabilidad administrativa ocurridos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres (UNGRD), junto con diversos hechos de violencia generados por grupos armados ilegales tanto de izquierda como de derecha y los realizados por algunas personas relacionadas con actividades propias de la delincuencia común, tal como lo acabamos de ver en la celebración del Día de la Madre y en los numerosos asaltos callejeros en las principales ciudades de Colombia, son episodios añadidos que nos están demostrando que estamos llegando a una situación inaguantable.

Tanta corrupción y violencia nos están exigiendo unirnos en la diferencia los diversos sectores de la población civil con el Gobierno nacional, los gobiernos regionales y municipales, así como con otras instancias del Estado, como pueden ser los organismos de control y de justicia, las fuerzas militares y de policía, entre otras, porque primero está la vida de los seres humanos y su derecho a vivir pacíficamente en un Estado de paredes de cristal.

Salirnos de los remolinos de la corrupción y la violencia presupone exigirles a las diversas instancias estatales que hablen menos y muestren más resultados en la lucha contra esos flagelos.

Igualmente, decirles públicamente a los diversos grupos armados ilegales, llámense guerrillas, paramilitares o narcotraficantes, que tomen la decisión, en mi opinión más revolucionaria y patriótica, de renunciar a las diversas expresiones de violencia, como el secuestro, las emboscadas criminales contra humildes soldados y policías, la colocación de minas antipersonales o los ilegales negocios relacionados con el narcotráfico.

Combatir la corrupción, mal endémico incrustado en la mente de muchas personas en importantes cargos en el Estado, en partidos políticos de derecha, centro o de izquierda, como también en varios gremios empresariales o personas naturales que contratan con el Estado, demanda que el presidente de la República haga de esa lucha una política prioritaria de Estado. También requiere que la Presidencia de la República solicite la colaboración de los diversos organismos de control y judiciales, tales como la Contraloría General de la República, la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación, los diversos organismos de inteligencia del país y de la comunidad internacional.

El control y seguimiento en la administración de los recursos y bienes públicos que se realice a los ordenadores del gasto es urgente para que los correctivos, cuando necesarios, sean realizados oportunamente.

Por ese proceder, ningún servidor público nombrado directamente por el presidente puede indisponerse o argumentar que le están quitando o limitando su autonomía administrativa porque, al final de cuentas, cualquier hecho de corrupción, despilfarro o irresponsabilidad administrativa afecta la gestión del propio presidente de la República o de los gobernadores departamentales y alcaldes municipales en su ámbito.

De otra parte, desde el Estado, y de acuerdo con los gremios empresariales, se deben promover diversas iniciativas en favor de una ética empresarial y el Ministerio de Educación junto a las secretarías en las regiones y los gremios de maestros, emprender un proceso pedagógico en las escuelas, colegios y universidades en favor de la cero tolerancia con la corrupción, el despilfarro y la violencia.

En el desarrollo de esa política democrática es muy importante contar con el acompañamiento de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de Estados Americanos (OEA), como también el compromiso público, con esa política democrática contra la corrupción y la violencia de todos los candidatos y candidatas, tanto al Congreso como a la Presidencia y Vicepresidencia de la República en 2026.

Paralelo a ello, frente a tanto engaño y embustes, es bueno que el presidente de la República les exija a todos los grupos armados ilegales hechos reales de paz que la población colombiana está demandando. También, medidas eficaces con todos los grupos delincuenciales y personas violentas en Colombia, incluyendo lo referente a un endurecimiento de las sanciones penales para todos aquellos comprometidos en hechos de violencia contra las mujeres y los niños.

Como exvicepresidente de la República y persona que no milita en ningún partido político, pero que guarda un profundo agradecimiento con todas las personas e instituciones sociales y políticas que me han colaborado en mi historia de vida, empezando por mi madre, que fue una humilde vendedora de plaza de mercado, públicamente manifiesto que sería una de las primeras personas en trabajar, de manera voluntaria, en favor de un acuerdo de punto final en Colombia que nos permita salir urgentemente de los remolinos de la corrupción y la violencia que tanto daño le han hecho y están haciendo al país, y liberar recursos económicos que se podrán destinar al desarrollo económico, rural y social de Colombia.