Escuchar la razonable voz de la Academia y los colegios de medicina

El 7 de noviembre en la Cámara de Representantes, la Academia Nacional de Medicina, con 17 asociaciones y colegios médicos que lidera, expresó sus opiniones democráticas y autorizadas frente al trámite de la reforma a la salud. Las difundo, porque coincido con ellas y las estimo de máxima importancia.

Hacen una buena síntesis de lo que ha de contener la nueva política: “Avanzar en la superación de las inequidades en el acceso a la salud, en especial en las zonas rurales y dispersas”; fortalecer “la atención primaria en salud” y “la red pública hospitalaria”; eliminar “la intermediación financiera” de las EPS y dignificar “el trabajo del talento humano en salud”. Sin embargo, los aportes notables están en los mecanismos que proponen para conseguir los objetivos, justo lo que en el proyecto del Gobierno está enredado.

En cuanto a los recursos que exigiría cumplir esos objetivos, retoman un estudio del Banco de la República (2023, Granger-Castaño, C. y otros, n.º 1233) sobre el financiamiento público del sistema, contributivo y subsidiado, que para el año 2022 fue del 5,2 por ciento del PIB, 76 billones de pesos, y que muestra una fuerte presión por la vinculación de los migrantes extranjeros. Es más, según las publicaciones de Vicente Calvo en la red X (@vcalvot), los ingresos de las 11.000 IPS en 2022 fueron 72,3 billones y “50 % del gasto se concentra en 100” y “80 % en 500” (14/10/23). “Algo no cuadra”, dice.

¿Lo esclarecerá la reforma? ¿De dónde saldrá plata para cumplir los nuevos loables propósitos? Añaden que “cambios demográficos, la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles, el aumento en los precios de medicamentos e insumos, el impacto de la inflación, el precio del dólar y todos los demás factores que impactan el sistema y sus proyecciones” impelen a un aumento del gasto anual. “Por el incremento en enfermedades crónicas no transmisibles” se pasó de 1,5 billones de pesos en 2016 a 5,9 en 2021 y se proyecta a 2030 de 8 a 10. Se requieren más recursos y deploran que “los datos de los que dispone el país” no dan a conocer el costo fiscal de la reforma, de lo que, según ellos, dependerá “el éxito o el fracaso en su implementación”.

Piden también claridad frente a las instituciones que se crean como el Consejo Nacional de Salud, que debe ser la instancia rectora, no solo asesora, para garantizar la “primacía” técnica en el servicio y no la politiquería.

Controvierten que se “ordena la transformación” de las EPS en Gestoras de Salud y Vida, a la vez que se superponen competencias con “la Adres, con los Fondos Cuenta, con los Caps o las entidades territoriales”, en una amalgama promovida por la “ambigüedad” en la afiliación a las Gestoras y la “adscripción de 50 millones de personas a los Caps”. Esto implica que “sigue sin respuesta la pregunta de quién representa al paciente integralmente”, que no hay sujeto frente a las tutelas en caso de requerirse. Este es quizás el mayor “salto al vacío”, el que siembra más incertidumbre entre la población.

Señalan que las redes de servicios “deben incluir los Caps y la atención de mediana y alta complejidad” para eliminar “barreras” al pasar de un nivel a otro de atención o “al nivel complementario”. Asimismo, dicen que es un “desafío monumental” instalar un “Sistema Público Único de Información en Salud (Spuis) y la Adres como ejes”, que precisará desarrollar “infraestructura, tecnología y talento humano” y un tiempo de transición conveniente para evitar premuras que serían catastróficas.

Les preocupa “la insuficiencia” de “médicos, enfermeras y otros profesionales”, algo que atañe al Ministerio de Educación y a sus entidades para el fomento y preservación de la calidad. Hay 23,62 médicos por cada 10.000 habitantes y 14,42 de personal de enfermería, por debajo del promedio de los países Ocde, de 30,1 y 100 (WB, 2020).

Deploran que, pese a la “capacidad, entrega y resiliencia” demostradas en la pandemia, las condiciones de trabajo del personal son “precarias” y advierten que “no se le puede volver a fallar”, por lo que creen “indispensable” contar con presupuestos que dignifiquen el talento humano en entidades públicas y privadas, que no están explícitos en la reforma ni tampoco las normas del régimen laboral que sea obligatorio.

Las justas glosas de la Academia y sus coaligados trascienden las críticas superficiales, las propuestas reformistas a medias o las de conocidos negociantes del sector y deben reforzarse con una amplia, activa y vigorosa veeduría ciudadana, ya que, si el Gobierno Petro de verdad piensa en un cambio seguro en la salud para los 52 millones de habitantes de Colombia, ha de acogerlas sin equívocos.