Escuela del crimen

Que un “plantel educativo” sea erigido en honor y conmemoración a un delincuente de lesa humanidad no solo es una afrenta a los millares de víctimas del conflicto armado en nuestro país por cuenta de las FARC-EP y sus hoy envalentonadas disidencias, sino que además hace parte de la construcción de una mentirosa narrativa en la que los narcoterroristas posan de próceres de la patria y libertadores, al tiempo que subyugan a la población civil con vejámenes humanitarios y al Estado legítimamente organizado con narcotráfico, minería ilegal, desforestación, terrorismo y violación de su soberanía.

El vergonzoso evento de inauguración del Internado Agropecuario y Ambiental Gentil Duarte da cuenta de una construcción llevada a cabo por el Estado Mayor Central de las FARC-EP en el municipio de San Vicente del Caguán, en el departamento de Caquetá. El encargado de conducir las palabras en la pomposa inauguración fue alias “Calarcá” quien es enfático en afirmar que esta es “una obra de cambio” y que “la revolución es el cambio”.

El evento deja muchos interrogantes sin resolver. Por un lado, conviene indagar si este internado actuará como una “institución educativa” avalada por el Ministerio de Educación Nacional o, más bien, como lo parece, se trata de un campo de concentración para el reclutamiento forzado de menores de edad que, de paso, promete actuar en las narices de un gobierno que ha decidido renunciar a la persecución de los delincuentes y a la recuperación de su soberanía. Preocupa el silencio de las autoridades del orden nacional respecto de este acto, que se constituye en un desafío a la institucionalidad y en una muestra más del crecimiento exponencial de un grupo armado experto en manejar el doble discurso y la doble moral.

El acontecimiento inaugural y la puesta en marcha del internado en el corto y mediano plazo son una afrenta directa a la institucionalidad educativa de la que son destinatarios nuestros niños, niñas y adolescentes. Pretenden ahora los delincuentes instruir en principios y valores formativos abiertamente contrarios a los contenidos en nuestro sistema constitucional. No se lo permitiremos.

Asimismo, la construcción y edificación es en sí ilegal. No existe explicación de cómo pudo el grupo al margen de la ley tomarse el tiempo para reemplazar al Estado sin que este advirtiera dicha circunstancia. El silencio cómplice de las autoridades nos deja a la fecha una edificación ilegal, que debe ser demolida por no contar con las autorizaciones y permisos en su construcción y operación. En este caso, y en todo, las formas sí son importantes y el Estado debe hacer presencia, en procura de la recuperación de su soberanía en el territorio nacional.

Valientes voces se han levantado en contra de este adefesio, como la del gobernador del departamento de Caquetá, quien por cuenta de su repudio frente a tal provocación del EMC de las FARC-EP, su vida hoy corre un inminente riesgo. Los eventos descritos obligan al Estado a promover las garantías del derecho fundamental a la seguridad personal del mandatario departamental y a tomar acciones conjuntas entre la nación y los entes territoriales para hacerle frente al bochornoso evento del internado.

El Estado no puede seguir dándole la mano a los delincuentes y la espalda a los ciudadanos. Debe partirse de reconocer que la política de ‘paz total’ es un rotundo fracaso y, en su lugar, deben tomar acciones en la defensa de los derechos de las comunidades de nuestro país. Contrario a lo propuesto por alias “Calarcá”, la revolución no es el cambio, tampoco lo es arrasar con nuestro sistema constitucional, obviando las formas. El Estado social y democrático de derecho posee unos procedimientos que, a su vez, resultan sustanciales e importantes: no están al vaivén de los acontecimientos y circunstancias, permanecen y resguardan el sistema de toda injerencia interna o externa que pretenda alterar el circuito de principios y valores de una nación.

Es así que el reiterativo llamado es a las fuerzas del orden a actuar para la recuperación de nuestra soberanía territorial; a impedir, por parte de las autoridades del orden nacional, el funcionamiento de esta “escuela del crimen”, y a los entes territoriales, a iniciar las actuaciones administrativas y policivas para la declaratoria de ilegalidad de la construcción e imponer las medidas correctivas necesarias para la protección de los bienes jurídicos y derechos colectivos vulnerados. A los ciudadanos, a interesarse en el inicio de las acciones públicas para la defensa de sus derechos y para evitar, en este caso, la afectación de sus derechos colectivos, tal como lo dispone la Ley 472 de 1998.