Están desnudos, pero les gana la impudicia

Hay un cuento de Hans Christian Andersen que habla de un emperador al que dos embaucadores convencieron de confeccionarle un vestido que se hacía invisible a los ojos de la persona que no era digna de portarlo, de modo que cuando con él lo vistieron fingió que sí lo veía, y así salió a la calle. Y la gente a su paso alababa el traje nuevo del emperador, porque nadie se atrevía a decirle que iba desnudo.

En Colombia también hay funcionarios o gobernantes que andan desnudos, o mejor, sólo vestidos con el traje de la impudicia, pero el asunto no parece preocuparles. Estos son los casos más ‘protuberantes’:

El fiscal desnudo: Unos días antes de la injusta captura del exdiputado Sigifredo López, el Fiscal Eduardo Montealegre anunció como niño chiquito poseedor de un gran secreto que “el país se va a estremecer”. Pero los que se estremecieron fueron los cimientos de la justicia, pues la Fiscalía acusó injustamente a López de haber participado en su propio secuestro y en el de sus compañeros diputados, con base en declaraciones y acusaciones de cuatro testigos que resultaron falsos. Esto desnudó las veleidades ‘pantalleras’ del Fiscal General, quien desde que llegó a tan apetecido cargo se le nota un desmedido interés en trabajar para los medios de comunicación, antes que en función de administrar imparcial justicia.

Álvaro Uribe desnudo: Cada una de las acusaciones o condenas que vienen recibiendo sus más cercanos colaboradores funcionan como prendas de las que viene siendo despojado, hasta llegar a un estado de desnudez que hoy le permite al país conocer cuál era el verdadero ropaje que lo envolvía como gobernante. El caso más reciente alude a la confesión de culpa por parte del general (r) Mauricio Santoyo, el cual se suma a la condena a 25 años de cárcel contra su exdirector del DAS, Jorge Noguera; mas la condena a 40 años contra el general (r) Rito Alejo del Río; mas la condena ídem contra su exembajador Salvador Arana; mas la captura de su exsecretario Bernardo Moreno y de su primo Mario Uribe; mas las acusaciones contra Andrés Felipe Arias, María del Pilar Hurtado, Luis Carlos Restrepo o su hermano Santiago; mas…

La Corte Suprema desnuda: Un pronunciamiento reciente contra las periodistas María Jimena Duzán y Cecilia Orozco (que incluyó el anuncio de una demanda por injuria y calumnia de la que luego debió retractarse) permitió desnudar la negativa transformación que ha sufrido la Corte Suprema de Justicia desde los años en que sufría los embates, las persecuciones y las ‘chuzadas’ del anterior gobierno, hasta los días presentes en que unánime se manifiesta a favor de la reelección del procurador Alejandro Ordóñez, negocia con el Congreso una reforma a la justicia que aumenta su periodo a 12 años y entabla ominosas amenazas contra el periodismo crítico.

El Procurador desnudo: El Procurador General Alejandro Ordóñez desnudó su intención de hacerse reelegir, lo cual no tiene nada indebido si no fuera porque para su campaña de reelección se ha valido de nombrar en puestos claves tanto a parientes de congresistas cuyo voto es decisivo para continuar en el cargo, como a familiares de los mismos magistrados de la Corte Suprema que lo postularon. También desnudó su doble moral al afirmar que “el caso de Santoyo indigna a la sociedad”, con lo cual pretendió ocultar su parte de culpa cuando siendo magistrado del Consejo de Estado revocó la sanción disciplinaria que pesaba sobre el oficial. Además, basado en sus creencias religiosas Ordóñez ha entablado una impúdica campaña para impedir la aplicación de la sentencia de la Corte Constitucional que le permite abortar a una mujer cuyo embarazo ha sido producto de una violación, o su gestación pone en peligro la vida de la madre, o el feto viene con malformaciones.

El Congreso desnudo: Como ya se sabe, el trámite del acto legislativo de reforma a la justicia que pretendía adelantar el gobierno de Juan Manuel Santos permitió desnudar al día siguiente de su aprobación los micos y prebendas que a última hora le metieron los miembros de la comisión de conciliación, que incluyó desde la eliminación del régimen de inhabilidades para la pérdida de investidura, hasta el concederles la dignidad de aforados a los secretarios generales del Senado y la Cámara de Representantes. Otros que desnudaron su cuota de culpa ante semejante fiasco fueron el presidente de la Cámara, Simón Gaviria, quien pretendió disculparse afirmando que firmó sin haber leído el texto final, y el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, tal vez el único que asumió su responsabilidad política mediante su renuncia al cargo.
 
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