Estocada final

Con el desmonte de las Fuerzas de Tarea Conjunta y los comandos específicos, el almirante Cubides le completa el mandado al ministro Velásquez y al presidente Petro: acabar con la capacidad operativa de la fuerza pública.

Esta decisión es el epílogo de una estrategia ampliamente denunciada, puesta en marcha desde el primer día del gobierno y que era predecible con la designación de Iván Velásquez como ministro. Un hombre que toda su vida profesional ha denostado a nuestras FFMM, las ha perseguido, ha expresado su desconfianza hacia las mismas, y odia todo lo que representan y han logrado.

Se suma a la reducción presupuestal de 800.000 millones de pesos que se ha traducido en un déficit de mantenimiento de equipos de todo tipo que está, incluso, asociado al creciente número de accidentes aéreos con víctimas fatales, que son responsabilidad directa del alto mando y el ministro. El déficit se extiende a armas, municiones y recursos de operación y se traduce en el creciente predominio de todo tipo de grupos armados que campean bajo la licencia vergonzosa de los ceses al fuego bilaterales en el embeleco de la paz total.

Un gobierno, sin duda, y desgraciadamente un sector importante de la sociedad, ven en el Ministerio de Defensa y nuestras fuerzas militares y de Policía una fuente de gasto que debe ser recortada, y una institucionalidad que ven como perversa, ilegítima y corrupta. Creen a raja tabla el relato que se propició, de manera oportunística por el exministro de Defensa y presidente Juan Manuel Santos y sus amanuenses militares en el Ejército Nacional y las otras fuerzas, para congraciarse con las Farc y la izquierda nacional y mundial que implicaba demonizar al estamento militar, que había logrado el éxito de la política de seguridad democrática y que, supuestamente y de manera crédula, debía “cambiar de misión” porque el enemigo interno había desaparecido.

Líderes políticos y de opinión que no entienden que el presupuesto de Defensa es la mejor inversión posible en un país expuesto desde hace una eternidad a fuerzas terroristas y criminales terroríficas, financiadas y determinadas en copar parte o la totalidad del territorio para satisfacer sus fines.

Una inversión indispensable que no solo reditúa en seguridad ciudadana, sino en la confianza de los empresarios y ciudadanos que, a su vez, despierta y sostiene una economía robusta que lógicamente genera más rentas estatales y bienestar.

Nada de esto se tiene en cuenta. Por el contrario, en un gobierno por regla ineficaz, resulta certero el esfuerzo de demolición de la capacidad operativa de la fuerza pública, de socavación de su moral, de desbandada de su conocimiento y talento expresado en cerca de veinte mil retiros voluntarios y en la purga sistemática de la excelencia en el mando.

Velázquez solo ha sido proactivo en la generación de confusión y ambigüedad de las órdenes y prioridades institucionales. Con su galimatías de los ceses al fuego, la suspensión de bombardeos tácticos, el repliegue o retiro de unidades, el ministro no solo pone a la defensiva a la fuerza pública, sino que la desacredita ante las comunidades que ahora más necesitan de su presencia.

El ministro se vanagloria de nimiedades y reclama triunfos con medidas que solo logran socavar la fortaleza operacional o atender estúpidas proclamas políticas. Intenta, con la atención parcial de reclamaciones laborales antiguas de la fuerza, conquistar parabienes de sus hombres que tapen el desastre operacional que la deshonra y que la humilla.

Ahora se pretende desmontar las Fuerzas de Tarea y los comandos específicos porque han sido un recurso exitoso. Omega, Titán o Hércules han cumplido significativamente con sus objetivos.

Estas fuerzas u organizaciones conjuntas se crearon para neutralizar amenazas significativas en áreas críticas. Permite focalizar esfuerzos de todo tipo, de manera rápida y coordinada, bajo una misma ruta de inteligencia y con amplia participación interagencial para copar grupos armados y, a la vez, llevar apoyo a las comunidades que se recuperan gracias a amplias acciones cívico militares.

Claro que han funcionado durante más de veinte años y claro que se han adaptado a los cambios de matrículas y tácticas de los criminales, por eso las desmontan. Y seguirían funcionando si existiera el propósito político y social de frenar la escalada criminal y terrorista. Pero el propósito que existe es alimentar la quimera de la paz total y a la vez empoderar a los traficantes y violentos.

El comando general de las fuerzas militares es iluso en creer que podrá reemplazar el concepto de unidades conjuntas con la “colaboración” de fuerzas a nivel de divisiones y brigadas. Cede a la agenda perversa del ministro y a los intereses y vanidades de los comandantes de fuerza que siempre han existido en nuestras fuerzas militares y que precisamente se mitigaban con las fuerzas de tarea y los comandos específicos.

El vacío operacional que, sin duda, vendrá, se llenará de más coca, más violencia, más reclutamiento de menores, más minas antipersona, más corredores para el tráfico, más destrucción ambiental y, claro, más recursos generados por las economías ilícitas.

El comando general, lagarteándole al gobierno y complaciendo al ministro, no solo humilla a las instituciones y a su noble fuerza, pone en riesgo, por omisión grave, a los soldados bajo su mando y a los ciudadanos que ellos constitucionalmente deben proteger. Responderá por ello ante la historia y la justicia.