Experiencia laboral: activista

De las cosas que más indignaron durante la presidencia de Iván Duque fue el nombramiento en cargos consulares de personas que no tenían ningún mérito para ello, pero que habían sido impulsores de su campaña política. Fue así como vimos nombrar como embajadora en Italia a Gloria Isabel Ramírez Ríos, cuyo único mérito era haber sido la asesora de comunicaciones de las campañas presidenciales de Duque y Álvaro Uribe. O a Leszly Kalli López como tercera secretaria en la Misión Permanente de la ONU en Ginebra, Suiza, una tecnóloga en diseño gráfico que llegó a su cargo por trinar desatadamentea favor del presidente. O a Stephanie Schutt Chacón como segunda secretaria con funciones de vicecónsul en el Consulado de Orlando, con solo 26 años y ninguna experiencia diplomática, pero que venía de ser asesora del exsenador José Obdulio Gaviria.

Gustavo Petro atacó ferozmente estos nombramientos diplomáticos de gente sin experiencia y prometió que, de ser presidente, eliminaría la odiosa práctica de entregar la representación del país como pago de apoyos en campaña política. “Todos sabemos que la diplomacia colombiana falla, es incompetente e incapaz, guardadas la excepciones. Y esa incapacidad se puede llenar con unos equipos más profesionales, con quienes hayan estudiado, quienes estén en la carrera diplomática. Que quienes hayan acumulado saberes específicos alrededor de las relaciones internacionales puedan acceder a los cargos y no simplemente, como ocurre hoy, que llegan los hijos de los presidentes, los amigos y las amigas de la clase política, algunos incursos en corrupción”, fue la promesa de Gustavo Petro en campaña.

Pero una vez elegido presidente, se olvidó por completo de su promesa y nombró en cargos diplomáticos a personas sin mérito más allá de ser activistas furibundos de sus causas.

El caso más vergonzoso es el nombramiento del embajador de Colombia en México, Álvaro Moisés Ninco Daza. Este joven bachiller cursó nueve semestres de Ciencia Política en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, donde no se destacó precisamente por ser un buen estudiante. Pero sí se destacó como activista de la Colombia Humana. A pesar de no contar con título profesional, el entonces senador Gustavo Bolívar lo contrató como asistente de su Unidad de Trabajo Legislativo. Y de ahí saltó, gracias al presidente Petro, nada más y nada menos que a ser embajador de Colombia en México.

En una decisión de primera instancia, el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca determinó que Ninco Daza no acreditó una experiencia profesional relacionada ni tampoco alcanza los 25 años de servicio que requiere un funcionario de carrera diplomática para alcanzar la categoría de embajador extraordinario, y ordenó anular su nombramiento. Esta decisión fue apelada por el embajador, por lo cual, mientras se decide la segunda instancia, nuestro honorable diplomático sigue agarrado de su despacho en Ciudad de México.

Pero esta semana, la Procuraduría sancionó con diez meses de suspensión al exministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Arturo Luis Luna Tapia, y al director del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Augusto Manrique Soacha, por haber avalado la hoja de vida de Ninco Daza como embajador a sabiendas de que no cumplía con los requisitos para ocuparlo.

El Ministerio Público comprobó que el hoy embajador no tenía experiencia sobresaliente en ninguna disciplina, ocupación, arte u oficio, ni tampoco podía ser catalogado como líder juvenil o estudiantil, porque tampoco contaba con reconocimiento o distinción.

Así que este Gobierno cayó en eso mismo que tanto censuró: nombrar en cargos a personas cuyo único mérito es ser activista de su causa. Pero en lo que ha sido distinto este Gobierno es en llevar más allá de cargos diplomáticos estos nombramientos y entregarles a personas sin formación o experiencia cargos técnicos de absoluta relevancia para el futuro del país.

El nombramiento de Daniel Rojas en el Ministerio de Educación es la prueba de que lo que vendrá de ahora en adelante en el Gobierno es el nombramiento de activistas que trabajen para sacar adelante los deseos del presidente, sin importar si su perfil se ajusta o no al cargo que ocupan.

Daniel Rojas es un activista del petrismo de los más puros. Es economista de la Universidad Santo Tomás y viene de ocupar la dirección de la SAE. No tiene ninguna experiencia ni formación en el sector educativo. Odia a la prensa, no quiere a la Policía y no tiene ningún problema en insultar sin freno a todo aquel que critique al Gobierno y en demeritar el trabajo de las universidades privadas. Por eso, su nombramiento como ministro de Educación no parece responder a ninguna lógica.

¿O sí?

El nuevo ministro de Educación es un convencido de que el país necesita una Asamblea Nacional Constituyente. “Solo quienes odian la democracia sienten repulsión hacia el poder constituyente”, escribió hace poco en sus redes sociales. Rojas se movió muy fuerte durante la campaña Petro entre los estudiantes de las universidades públicas. Es un líder muy activo durante las protestas sociales y una de las personas más cercanas al presidente.

El nuevo ministro de Educación es la apuesta que tiene el presidente Petro para mover entre los estudiantes su idea de una Asamblea Nacional Constituyente.

¿Recuerdan el afán del Gobierno de poner un rector de su cuerda en la Universidad Nacional? ¿Recuerdan el grito de “viva la Asamblea Constituyente” en el cierre de la posesión de Leopoldo Múnera? El rector ha dicho que se refería a un proceso constituyente dentro de la universidad.

Pero ya sabemos que no. Que todo se está moviendo para que se abra la puerta de una constituyente y ahora sí el presidente pueda moldear el país que quiere: un país donde el fervor a su causa esté por encima de todo mérito, toda institución y donde no haya poder por encima de su propio querer.