Expropiación exprés y sus desafíos para la propiedad privada y la democracia en Colombia

Medios de comunicación y a los parlamentarios que han destapado las acciones cuestionables de la Agencia Nacional de Tierras, evidenciando lo que bien podría denominarse “falsos positivos de la tierra” en Colombia que denuncié en una columna anterior. El esfuerzo por desenmascarar estas prácticas que intentaban engañar a los colombianos con información falsa sobre la titulación de tierras, es un paso vital hacia la transparencia y el respeto a los derechos ciudadanos.

Pero el foco ahora se desplaza hacia un nuevo escenario, uno que desafía la seguridad de la propiedad privada y plantea serias inquietudes sobre los cimientos mismos de la democracia. Detrás de estas medidas, como un hilo conductor, se encuentra el Ministerio de Agricultura y, en particular, la Agencia Nacional de Tierras, en el centro de una estrategia que busca cambiar el paradigma de la propiedad y su relación con el bienestar de la sociedad.

La historia de esta estrategia se remonta a la campaña política, cuando la expropiación se convirtió en una bandera importante para el presidente actual, quien prometió una redistribución equitativa de la tierra como solución a la desigualdad arraigada en el país. Sin embargo, las dificultades para llevar a cabo una reforma agraria directa llevaron a la búsqueda de alternativas, y aquí es donde entra en juego la llamada “expropiación exprés”. A través de este instrumento, se pretende facilitar la adquisición de tierras para su posterior redistribución a los campesinos más necesitados.

No obstante, la implementación de esta estrategia ha planteado dudas y desafíos cruciales. La propuesta de un Proyecto de Decreto para reglamentar el artículo de “expropiación exprés” incluido en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 ha sido criticada por su potencial para desequilibrar la seguridad jurídica y cuestionar la transparencia en el proceso. Además, la derogación de ciertas disposiciones del Decreto-Ley 902 de 2017, emitido en el marco de las normas para implementar el Acuerdo Final de Paz, ha suscitado interrogantes sobre la coherencia gubernamental y el respeto por los compromisos adquiridos.

La incertidumbre en torno a la implementación del artículo 61 del Plan de Desarrollo y su reglamentación amenaza con trastocar la seguridad jurídica, un pilar fundamental de cualquier sistema democrático. El hecho de que la Agencia Nacional de Tierras asuma el papel de decidir sobre la extinción de dominio sin un control judicial automático genera inquietudes sobre posibles arbitrariedades y decisiones influenciadas por agendas políticas.

Un aspecto esencial es la conexión entre la creación de la jurisdicción agraria y la reducción del control judicial sobre las decisiones de la Agencia Nacional de Tierras. ¿Cómo puede justificarse una jurisdicción que busca proteger los derechos de los campesinos y al mismo tiempo limitar el control sobre las decisiones de una entidad encargada de la administración de la tierra?

Además, la omisión de consultas previas en medidas legislativas que afectan a comunidades indígenas y negras plantea dudas sobre la legitimidad y la consideración de sus formas de vida y sistemas culturales.

En este contexto, es esencial recordar que el camino hacia la equidad y el desarrollo no puede ser trazado a costa de erosionar las bases que sostienen nuestra sociedad. La propiedad privada, en su esencia, no solo es un derecho fundamental, sino también un incentivo clave para la inversión, la innovación y el progreso económico. La solidez de una democracia radica en la garantía de derechos y la participación ciudadana informada, sin olvidar la necesidad de un marco legal coherente y justo. Las decisiones tomadas en torno a la “expropiación exprés” deben ser sometidas a un análisis exhaustivo y un debate público transparente que refleje las preocupaciones y aspiraciones de todos los colombianos.

En resumen, el debate sobre la “expropiación exprés” no es solo un asunto político, sino una llamada urgente a mantener el equilibrio entre los objetivos de redistribución de tierras y la preservación de la seguridad jurídica y la democracia en Colombia. La Corte Constitucional tiene un papel crucial en este escenario, asegurando que los valores fundamentales sean preservados en aras de un país más equitativo y justo. Solo mediante el respeto por los derechos individuales y el Estado de Derecho, podremos avanzar hacia un futuro donde la propiedad privada y la democracia coexistan en armonía.