Expropiar, expropiar, expropiar

Esta será la frase con la que vamos a recordar el fracasado gobierno del cambio del actual presidente de los colombianos, Gustavo Petro, quien —después de engañar a sus compatriotas durante la campaña— fue con su hoy vicepresidenta a una notaría en Bogotá a autenticar el compromiso de que en su gobierno “no expropiaré las riquezas y bienes de sus propietarios. No expropiaré. No voy a expropiar nada ni a nadie”.

Lo anterior lo incumplió y, después del fracasado intento por medio de un artículo en el Plan de Desarrollo, en el que trató ilegalmente de establecer la expropiación exprés, la Corte Constitucional ha declarado inconstitucional la citada norma, uno de los puntos más controvertidos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) del gobierno de Gustavo Petro. Pero parece que no solo su engaño al pueblo colombiano está certificado ante notario, ahora, en alianza con sus ministros y algunos parlamentarios, quiere intentar nuevamente hacerlo a través de varios artículos del proyecto de ley que determina la competencia de la jurisdicción agraria y rural y dicta otras disposiciones.

Estoy seguro de que este tipo de artimañas jurídicas no serán aprobadas en el Congreso de la República, pues con este proyecto de ley se pretende seguir engañando a los colombianos y poner en riesgo nuestra democracia. Como he manifestado muchas veces en esta columna, “sólo hay democracia si los estados garantizan la propiedad privada”, y es claro que esto no es lo que quiere el actual gobierno, que cada día se parece más al de sus aliados, los gobiernos cubano y venezolano.

Pero déjenme hacer algunos planteamientos. Este proyecto de ley no solo afecta, como dice el presidente, a los ricos de Colombia, sino también a las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, que supuestamente defiende el actual gobierno, las cuales se verán perjudicadas por la expropiación de sus tierras.

Antes de haberse radicado el proyecto de ley en el Congreso de la República, se debió dar aplicación a la consulta previa establecida en la Constitución de 1991, que reconoce el derecho a la consulta previa de las comunidades indígenas y afrocolombianas sobre proyectos que puedan afectar sus territorios y recursos. Este proyecto de ley, en su articulado, podría estar afectando los derechos de estas poblaciones y/o comunidades, lo que generará una mayor desconfianza entre ellas y el Estado, y tornará en ilegal el articulado propuesto.

En el texto del proyecto, así como en su exposición de motivos, se genera inseguridad jurídica al buscar que forme parte del ordenamiento jurídico una norma que la Corte Constitucional declaró inconstitucional: la “expropiación exprés”, que hacía parte del Plan Nacional de Desarrollo. Con el falso argumento de que se debe cumplir con el artículo primero del acuerdo de paz, siguen promoviendo la manera de garantizar una expropiación exprés. Esta inseguridad necesariamente va a desincentivar la inversión y el desarrollo rural, generando un ambiente hostil para los agricultores y pequeños propietarios, quienes pueden temer perder sus tierras.

Adicionalmente, en el texto del proyecto de ley no existe claridad en la definición de competencias de la nueva jurisdicción agraria, lo que podría generar confusiones con otras jurisdicciones (civil y administrativa, por ejemplo). Sin estas delimitaciones, los jueces podrían tener dificultades para determinar la competencia adecuada en cada caso. Además, el proyecto no proporciona definiciones concretas sobre qué se considera un “asunto agrario”, lo que puede dejar amplios márgenes de interpretación y generar dudas sobre cuándo un caso debe ser presentado ante la jurisdicción agraria que se pretende implantar con el proyecto de ley.

En el texto presentado al Congreso, se presenta un serio conflicto de normas en lo relacionado con la normatividad que actualmente regula la propiedad y la tenencia, lo cual generará mayores conflictos normativos que los que padecemos con la actual legislación de tierras, ambiental, etc., lo cual desencadenará interpretaciones legales contradictorias, aumentando así la inseguridad jurídica.

No menos grave es la falta de criterios claros en el texto del proyecto. No se detallan ni se definen claramente criterios precisos sobre cuándo y cómo puede llevarse a cabo una expropiación, lo que va a llevar necesariamente a interpretaciones arbitrarias, abriendo las puertas para que gobiernos como el actual actúen de manera caprichosa para cumplir acuerdos con grupos al margen de la ley dentro de la mal llamada paz total, buscando perjudicar a los grandes o pequeños propietarios, empresarios y productores que hoy poseen legítimamente sus tierras.

En cuanto al cumplimiento del acuerdo de paz, el actual gobierno manifiesta que los gobiernos anteriores no cumplieron con lo firmado en La Habana con las Farc, cuando el Decreto Ley 902 de 2017 (hoy vigente) fue construido en desarrollo del punto 1 del acuerdo de paz, lo cual el Gobierno nacional olvida deliberadamente.

Este proyecto de ley pone en peligro la Ley de restitución de tierras, que viene dando resultados importantes en materia de devolución de tierras a las víctimas del conflicto armado. Desafortunadamente, el texto del proyecto de jurisdicción agraria no se adecua integralmente con esta ley, como se evidencia en el texto mismo, lo que va a generar normas superpuestas o contradictorias que complicarán el acceso a la justicia para las víctimas. Es decir, como decían los abuelos, “peor el remedio que la enfermedad”.

Por falta de espacio en esta columna, me quedo corto para seguir demostrando que este proyecto de ley tiene serios problemas en su texto. Dadas estas incoherencias potenciales, es crucial que el proyecto de ley sea retirado, analizado y estudiado con mucho mayor detenimiento, porque de la forma en que fue presentado va a generar una total inseguridad jurídica en materia de la propiedad y va a poner seriamente en peligro nuestra democracia, demostrando y ratificando que con este tipo de proyectos de ley el gobierno del cambio no tiene como prioridad presentar normas enmarcadas en los preceptos constitucionales de la Constitución de 1991.