Extinción de los bosques, ¿extinción de los pueblos indígenas?

La Opiac hace un llamado a no quedarnos solo en una celebración porque es el momento para que los gobiernos de Colombia y del mundo asuman totalmente el compromiso de garantizar nuestros derechos y los derechos de la madre tierra y, con la misma determinación, detener la degradación de los bosques. La Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales nos ha permitido compartir nuestras espiritualidades con las distintas religiones de Colombia y, por medio del diálogo respetuoso y fraterno, trabajar en conjunto por su cuidado.

Desde la época de la mal llamada “conquista”, que no fue otra cosa que un doloroso genocidio de muchos de los pueblos indígenas, no sufríamos las amenazas que hoy nos acechan. Esto es una consecuencia más del abandono estatal al que ha estado sometida la Amazonia durante siglos en salud, educación e infraestructura, entre otros asuntos. Hoy está en grave riesgo nuestra vida, nuestra cultura, nuestra sabiduría, todos ellos derechos fundamentales que deben ser protegidos por el Estado. 

De poco nos sirve conocer, como sabiamente dice la Corte Constitucional, que tenemos derecho “a administrar y a ejercer tutela de manera autónoma sobre sus territorios —de acuerdo con sus propias leyes y costumbres— y los recursos naturales que conforman su hábitat, en donde se desarrolla su cultura, sus tradiciones y su forma de vida con base en la especial relación que tienen con el medioambiente y la biodiversidad”, si está en juego nuestra propia existencia. 

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La emergencia generada por la pandemia sobre los pueblos indígenas, particularmente en la Amazonia, tiene entre sus causas principales la creciente deforestación de los bosques tropicales y la destrucción del hábitat silvestre de la gran diversidad de especies que viven en ellos. Esto llevó a la aparición de nuevas enfermedades infecciosas de origen animal frente a las cuales somos doblemente vulnerables.

Virus que antes solo se encontraban en animales hoy se transfieren a los humanos, fenómeno que responde a las relaciones de dominación y explotación desmesurada que se ejercen sobre la madre naturaleza y, en particular, sobre los bosques que los indígenas habitamos desde tiempos inmemoriales.

Toda la especie humana está amenazada, pero los riesgos son mayores, en particular para las personas más vulnerables por su condición y posición dentro de la sociedad, ya que están alejadas de las garantías de prevención y atención adecuada de su derecho a la salud. Con ellos nos solidarizamos, con la misma vehemencia que exigimos la especial atención que requerimos los pueblos indígenas por la llegada del virus a nuestros territorios, donde no tenemos los mínimos necesarios para protegernos y recibir atención médica adecuada. 

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La primera extinción masiva y casi terminal que sufrieron nuestros antepasados habitantes de los bosques amazónicos fue provocada por pandemias de virus y bacterias llegadas de la mano de los “conquistadores”. Millones de estos antepasados murieron y se extinguieron como pueblos indígenas al igual que sus culturas.

Los sobrevivientes resistimos más de 500 años frente a las consecuencias de esa “civilización” que nos desplazó de gran parte de nuestros territorios y nos obligó a encontrar refugio o posibilidades de aislamiento en las selvas y montañas más alejadas, territorios que hoy son los más vulnerables frente a una enfermedad que no nombramos por recomendación de nuestros abuelos.

Nuestra vulnerabilidad como pueblos indígenas se combina con la ausencia total de medidas de prevención y protección por parte del Estado en los territorios que habitamos, por lo que requerimos un plan de emergencia apoyado por toda la humanidad, para proteger en Colombia a los pueblos originarios que habitan y protegen los bosques tropicales.

Eso implica dar cumplimiento al fallo de la Honorable Corte Suprema de Justicia mediante el cual la Amazonia colombiana es declarada como sujeto de derechos, destinando los presupuestos necesarios para reordenar y proteger sus territorios y trabajar de la mano con los pueblos indígenas en la lucha por la conservación de sus bosques como una forma concreta de garantizar sus derechos.

De otra parte, queremos recordar al Gobierno colombiano que el derecho a la consulta previa, libre e informada, no puede ser reglamentada de manera regresiva con el pretexto de que no se pueden realizar reuniones presenciales por la amenaza de la pandemia. En ese sentido citamos las palabras del relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, José Francisco Cali Tzay, respecto al “devastador impacto que la pandemia está teniendo en los pueblos indígenas, más allá de la amenaza para su salud”.

Aprovechamos esta oportunidad para hacer las siguientes propuestas:

1. Fortalecer y proteger a la guardia indígena y otras formas de protección propias como instancias legítimas y soberanas para el control y vigilancia territorial frente a las amenazas externas.
2. Elevar la capacidad de comunicación en los territorios indígenas, para lo cual es necesario dotarlos con infraestructura y equipos suficientes que nos permitan informar rápidamente las emergencias generadas por la pandemia a las instituciones responsables y, asimismo, comunicarnos con todas nuestras comunidades que hoy se encuentran en confinamiento voluntario.
3. Garantizar los alimentos necesarios (ayuda humanitaria de emergencia) con una canasta alimentaria indígena y con apoyo irrestricto a nuestras mujeres y sus sabidurías para recuperar las chagras y sus cultivos de alimentos, componente básico de nuestra soberanía y seguridad alimentaria. Al respecto, solicitamos la colaboración para la financiación de un programa elaborado por nuestras comunidades, con el fin de garantizar la pervivencia de los pueblos indígenas de la Amazonia.
4. Elaborar un plan de contingencia sanitaria que incluya los saberes de nuestra medicina ancestral.

Finalmente, hacemos un llamado al Estado colombiano para que cumpla los objetivos del Plan de Acción del Pacto de Leticia, elaborado sin nuestra participación, que afirma en su Eje IV, Mandato 12, punto 7, la necesidad de “Fortalecer las capacidades de los pueblos indígenas y de las comunidades locales, con énfasis en las mujeres, en las acciones para la gestión del riesgo de desastres”.