Factores de inestabilidad

Uno de los grandes aportes que le debemos al Plan Colombia es una institucionalidad mucho más técnica y especializada en el sector defensa que se refleja, entre otros, en la planeación por capacidades, mayor transparencia en el manejo de las cifras y un método riguroso para la definición de la acción de la fuerza pública. Ejemplo de esto son los comités de revisión de estrategia e innovación (CREi). Es un ejercicio de planificación que desarrollan las Fuerzas Militares para estudiar la evolución de las amenazas así como los lineamientos de política con el fin de proponer cambios y ajustes que se materializan en los planes de campaña. De ahí nacieron los planes Espada de Honor (2011), Victoria (2015), Victoria Plus (2017) y el actual Bicentenario (2019) que han orientado la acción militar y policial con éxito durante los últimos veinte años. Éxito relativo porque, si bien los resultados operacionales de la fuerza pública son importantes contra las economías ilegales, han llevado al desarme, desmovilización y reintegración de decenas de miles de actores del conflicto, y no puede negarse que hoy el país tiene los mejores indicadores de seguridad en más de 40 años, los homicidios de líderes sociales, las masacres y tantas manifestaciones de violencia que se siguen presentando demuestran que falta mucho por hacer.

En los CREi se estudian los factores de inestabilidad presentes en el territorio, aquellos elementos generadores o dinamizadores de violencia que atentan contra la población o las instituciones, que mutan, se adaptan, se combinan entre sí. En un principio el análisis se centra en variables externas (el entorno internacional y regional, dinámicas en las fronteras) y variables internas (grupos armados organizados, acciones terroristas, economías ilícitas). Pero son tan importantes los elementos de dimensión policial o militar, como las problemáticas social, económica y ambiental que coexisten con lo criminal, y que, sin lugar a dudas complejizan el entorno. Por esto, los planes de campaña plantean un concepto operacional que trasciende el sector defensa y exige una articulación eficaz con el resto del Estado.

En los CREi se utiliza un método que permite sobreponer en un mapa de Colombia cualquier cantidad de variables y a partir de ello hacer análisis e inferencias. En una primera capa, por ejemplo, se mira la presencia de grupos armados, luego cultivos ilícitos, luego extracción ilícita de minerales, campos minados, acciones terroristas contra la infraestructura, secuestro, extorsión, etc. Después se sobrepone información georreferenciada acerca de, por ejemplo, deficiencia en cobertura de salud, educación y saneamiento básico, informalidad de la propiedad rural, áreas protegidas y ecosistemas estratégicos, comunidades étnicas, restitución de tierras, en fin.

El resultado no debe generar sorpresa, pero la ilustración gráfica es impactante. La mayor confluencia de factores de inestabilidad se da en las zonas en donde aún se evidencian las más crudas manifestaciones de violencia y los peores indicadores de seguridad. Es decir, el Pacífico Sur, el Catatumbo y Arauca, el Bajo Cauca antioqueño, zonas de Meta y Guaviare o Putumayo.

La intervención integral en el territorio como acción articulada del Estado para hacerle frente a los fenómenos de criminalidad y violencia se ha venido implementando de tiempo atrás en el país. Los programas de consolidación que se adelantaron en La Macarena o en los Montes de María durante el Gobierno Uribe son notables casos de éxito. Tanto, que el sector defensa desarrolló, a partir de eso, cada vez más capacidades y destinó más recursos a la “acción integral”: programas sociales, provisión de bienes públicos básicos, trabajo comunitario, procurando que la intervención del Estado vaya más allá que la acción de la fuerza pública. Durante el Gobierno Santos se orientó la política de seguridad y defensa con esta dimensión y las capacidades de las Fuerzas Armadas se adaptaron para contribuir con la transformación que requieren los territorios afectados por el conflicto.

Ingenieros militares haciendo desminado humanitario o construyendo placa huellas en zonas rurales apartadas; carabineros trabajando de la mano con comunidades campesinas en proyectos productivos; infantes de marina llevando atención médica a comunidades ribereñas en la amazonia; aviones de la Fuerza Aérea transportando productos agrícolas derivados de la sustitución de cultivos ilícitos en la Orinoquia; las capacidades de Inteligencia orientadas a entender las causas de la deforestación.

La comprensión holística de los factores de inestabilidad y los aciertos y lecciones aprendidas en el tiempo han llevado a ajustar los planes operacionales en estos territorios. El Plan Espada de Honor (2011) avanzó en la creación de Comandos y Fuerzas de Tarea que facilitaron la acción conjunta y coordinada entre militares y policías. El Plan Victoria (2015) desarrolló el concepto de Centros Estratégicos Operacionales (CEOs) desde donde se desplegaron acciones integrales contra el narcotráfico.

El Plan Victoria Plus (2017), y en particular el sub plan Horus, microfocalizó esfuerzos para brindar seguridad en 67 municipios y cerca de 600 veredas priorizadas para atender las amenazas y riesgos de líderes sociales y excombatientes. Se crearon campañas específicas como Esparta (Norte de Santander) con 10 mil hombres, Atlas (Pacífico Sur)  con 10 mil hombres y la creación de la Fuerza de Tarea Hércules, o la muy exitosa Operación Agamenón (Urabá y Bajo Cauca) contra el Clan del Golfo. Se fortalecieron los sistemas de reacción inmediata y se crearon unidades especializadas en perseguir las nuevas expresiones de crimen organizado. Tal es el caso del Cuerpo Élite, una unidad policial integrada por más de mil uniformados al mando de un General, que articula capacidades de prevención, anticipación, protección e investigación criminal, en coordinación con las Fuerzas Militares la Fiscalía y la Unidad de Protección. Ahora el Ministro de Defensa, ante la reciente escalada de masacres, anuncia la creación (o reedición?) de grupos y unidades similares.

Sin embargo, las Fuerzas Armadas no pueden asumir todas las responsabilidades del Estado. Lo que esos territorios requieren para superar los factores de inestabilidad es una importante inversión pública y privada en bienes públicos, proyectos productivos, capacidades para generar ingresos, empoderamiento ciudadano y fortalecimiento organizativo. Es decir, todo lo que está incluido en el primer punto del Acuerdo de Paz sobre Desarrollo Agrario Integral. Por eso es tan urgente que se atienda el llamado de las comunidades rurales para avanzar en su implementación.

Así se entiende también el origen de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET los cuales, obviamente, coinciden con las mismas zonas mencionadas. Estos, producto de un ejercicio participativo, abordan las prioridades establecidas por las comunidades con el propósito de alcanzar mejores condiciones de desarrollo y más oportunidades. Por eso es loable y meritorio el esfuerzo del actual Gobierno para acelerar su ejecución.

El Consejero Presidencial de Seguridad explicó en una columna reciente en El Tiempo la apuesta estratégica del Gobierno para estas zonas de alta confluencia de factores de inestabilidad. Es una correcta aproximación al problema, que parte del diagnóstico conocido y, nuevamente, combina acción militar y policial con el resto de la oferta del Estado. Ahora se habla de Zonas Futuro y quizás lo más novedoso son los planes estratégicos de intervención integral (PEII) que se presentan como la herramienta que garantizaría, ahora sí, la articulación eficaz entre entidades públicas para ocupar los vacíos que permiten que la criminalidad y la violencia se incrementen. Los PEII y una microgerencia que se le encargará a un consejero presidencial para cada zona, prometen asegurar la difícil tarea, en donde siempre se ha fallado, de que la acción estatal sea “unificada, interagencial, coordinada, integral y sostenida”. Ojalá las entidades pertinentes entiendan y acompañen la estrategia, empoderen a quienes la implementarán y le den la prioridad que requiere. Ojalá los órganos de control se mantengan vigilantes y alerten oportunamente las fallas y correctivos necesarios. Y ojalá todo esto se haga generando confianza con la ciudadanía. Muchas vidas de la población más vulnerable, de las nuevas generaciones, dependen de ello.