OPINIÓN
Fecha y hora
La Corte Suprema tiene la obligación legal de establecer fecha y hora para efectuar la indagatoria y también para determinar, después de esa diligencia, si ordena la captura del señor expresidente Álvaro Uribe.
Han pasado cuatro meses desde que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia negara la solicitud de Álvaro Uribe para anular el proceso en su contra pero los magistrados aún no establecen la fecha y la hora para que acuda a la indagatoria. Hace 125 días la corte adoptó una decisión que dice textualmente “Tan pronto quede en firme esta providencia, el despacho instructor procederá a practicar las pruebas y las indagatorias decretadas en la apertura de investigación penal”.
En este caso el expresidente Uribe es investigado como presunto autor de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. La investigación se refiere a la supuesta manipulación de varios testigos, entre ellos Juan Guillermo Monsalve, quien ha acusado al senador Uribe y a su hermano Santiago de participar en la conformación del bloque Metro de los paramilitares.
El testigo Monsalve, hijo del mayordomo de la Hacienda Guacharacas que fuera propiedad de los Uribe, declaró y presentó pruebas a la Corte Suprema de Justicia sobre visitas, comunicaciones y presiones que ha recibido para cambiar su testimonio.
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Con base en esas evidencias, en interceptaciones telefónicas legales, en seguimientos efectuados por funcionarios judiciales y en documentos, otra sala de Instrucción de la corte citó a indagatoria al senador Álvaro Uribe y al representante Álvaro Hernán Prada. Eso sucedió el 24 de julio de 2018, hace casi un año pero la diligencia aún no se cumple.
La decisión, cuya legalidad fue ratificada, afirma: “Las labores de verificación ordenadas dentro de la actuación reservada dispuesta en este asunto, indican que el abogado Diego Javier Cadena Ramírez visitó en otras dos oportunidades a Juan Guillermo Monsalve con el fin de obtener de su puño y letra un escrito en el que le ofreciera disculpas al doctor Álvaro Uribe Vélez y afirmara que fue víctima de una “falsa ilusión” ofrecida por “ese senador” (Iván Cepeda), gestiones de las cuales el abogado Cadena informó de inmediato al senador Uribe Vélez”.
El llamado a indagatoria también asegura que “en contraprestación, Cadena Ramírez le ofreció a Monsalve Pineda presentar una acción de revisión en su caso sin cobrarle honorarios; gestionar a su favor mejores condiciones de reclusión y le sugirió solicitar públicamente seguridad para él y su familia, que él lo apoyaría”.
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De acuerdo con el documento de la Corte Suprema de Justicia, el propio senador Uribe ha participado en gestiones para buscar declaraciones favorables para él y perjudiciales para sus denunciantes: “La prueba practicada indica que de manera personal y directa el doctor Álvaro Uribe Vélez ha procurado el contacto con personas en el exterior para que Juan Carlos Sierra Ramírez, alias “Tuso Sierra” haga un video declarando a su favor y, con idéntico propósito, ha gestionado contactos similares, buscando personas para desacreditar a Juan Carlos Meneses, testigo en la investigación que en la actualidad tiene en juicio a Santiago Uribe”.
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La incesante búsqueda de videos y declaraciones firmadas por personas del bajo mundo continuaba cuando fue expedido el llamado a indagatoria: “En la actualidad, el senador Uribe Vélez continúa utilizando los servicios del abogado Diego Javier Cadena Ramírez quien, con la colaboración de otras personas, ha contactado en diferentes cárceles –y por fuera de ellas– a exmiembros de grupos paramilitares para que –a cambio de favores jurídicos y al parecer dinero–, elaboren escritos y videos a favor del senador Álvaro Uribe Vélez y de su hermano Santiago”.
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En la providencia la corte afirma: “Cabe mencionar que el abogado Diego Javier Cadena Ramírez, igualmente siguiendo instrucciones del doctor Álvaro Uribe Vélez, contactó en la cárcel de El Buen Pastor a la exfiscal Hilda Jeaneth Niño Farfán para que se comprometiera a declarar en el juicio de Santiago Uribe que altos funcionarios de la Fiscalía se confabularon para acusarlo, a lo que ésta accedió pidiendo a cambio ayuda para que en cumplimiento de una acción de tutela ya fallada a su favor, se le fijara como nuevo sitio de reclusión la Escuela de Caballería”.
Nadie por importante o poderoso que sea puede estar por encima de la ley.
La Corte Suprema tiene la obligación legal de establecer fecha y hora para efectuar la indagatoria y también para determinar, después de esa diligencia, si ordena la captura del señor expresidente Álvaro Uribe.
