Fiesta de disfraces

La ley de Murphy establece que todo lo que es susceptible de salir mal saldrá mal. Se trata de una constante que fue postulada por el científico Edward Murphy, dedicado a hacer experimentos con cohetes en Estados Unidos durante la década de los cuarenta. Su planteamiento era que, si algo quedaba mal hecho o incompleto y podía fallar, efectivamente llegaría el momento en que lo haría. Aunque la narrativa popular considera que la ley de Murphy es una oda a la negatividad, prefiero leerla como un constante recordatorio de que las cosas se deben hacer bien o de lo contrario saldrán mal. Cuestión de perspectiva.

La JEP es otra personificación de la ley de Murphy: todo lo que puede salir mal con ella está saliendo mal. Eso se confirmó la semana pasada tras conocerse la seria advertencia que hizo el ex comisionado para la paz Camilo Gómez, quien en entrevista primero con El Tiempo dijo que la JEP prácticamente matriculó a Mancuso en el Ejército para que pudiera entrar a esa jurisdicción. Gómez señaló que el tribunal especial usó una serie de maniobras para hacer ver jurídicamente al convicto paramilitar como un hombre de las FF. MM. Un exabrupto.

Lo que revela el excomisionado es tal vez uno de los pasos más peligrosos que ha dado la llamada justicia especial para la paz. Al abrir la puerta para que uno de los paramilitares más peligrosos y sangrientos de la historia de Colombia, y que, además, se encuentra en una cárcel de alta seguridad en Estados Unidos, entre en la JEP, se está marcando un precedente con el que el proceso de paz con las Farc se convierte en una lavada de cara de los paramilitares con el jabón de la revancha de la guerrilla contra una organización enemiga al margen de la ley, cuyo origen estuvo precisamente en eliminarla.

En otras palabras, la JEP estaría dando rienda suelta a una espiral de venganza judicial frente a todo aquel que hubiera enfrentado legal o ilegalmente a la guerrilla. Todo esto, bajo la premisa de estar buscando la verdad y la reparación. Gravísimo.

Es importante recordar que Justicia y Paz fue la jurisdicción creada para juzgar a los miembros de los grupos paramilitares. Ese proceso se definió única y exclusivamente para sus miembros y estableció que, si alguien no cumplía con sus condiciones, entre las cuales estaba decir la verdad, debía pasar ante la justicia ordinaria y no en otra jurisdicción como la JEP. El resto es malabar jurídico. Nada que hacer.

La JEP dice que está trabajando coordinadamente con Justicia y Paz y que ha decidido incluir a Mancuso usando su definición de elemento “bisagra” para integrarlo. Es decir, ha interpretado que su accionar paramilitar contó con la aprobación de un segmento de las FF. MM., lo cual es cierto, que incluso lo llevó a dar órdenes a uniformados como si fuera parte de ellos. Pero una cosa es que hubiera pretendido actuar como militar en algunas oportunidades y otra es que hubiese sido efectivamente un militar. Eso no es cierto. Que alguien se ponga un disfraz no significa que sea el personaje que quiere encarnar.

El presidente de la JEP, Roberto Carlos Vidal, en conversación con La FM, explicó que el proceder de su tribunal responde al hecho de que Justicia y Paz se quedaba corto en sus capacidades y competencias para completar su accionar y que el proceder de su tribunal está en el marco de la ley. Cierto pero complejo.

El asunto es que la ley en cuestión tiene un blindaje constitucional proporcionado por un proceso de paz rechazado popularmente y que, además, pareciera, le dio herramientas para vengarse de todo aquel que se atreviera a cuestionarlo.

A veces pienso que lo peor del proceso de paz no fue la impunidad que les dio a los miembros de las Farc y los incentivos que otorgó al narcotráfico y la repetición de los delitos, sino el marco legal que construyó para que los colombianos no solamente tragáramos sapos; también que hiciéramos buena cara y, además, convirtiéramos al batracio en un plato nacional perenne.

El problema no es Mancuso por Mancuso, que, de hecho, es un hombre terrible, son los enormes incentivos que crea su inclusión en la JEP para que sus declaraciones estén untadas de mentiras con el fin de ganar privilegios.

En Colombia tenemos extensos ejemplos de cómo delincuentes han pactado con políticos para testificar contra otros, ganar prebendas y terminar convertidos en adalides de la verdad.

Lo que hace la JEP aceptando a este líder paramilitar no es otra cosa que darle vía jurídica a una práctica a todas luces incorrecta, indebida, inmoral, sesgada, peligrosa y vengativa. No todo lo que permite la ley es lo que se debe hacer y mucho menos cuando la misma ha sido creada con una alta dosis de favorabilidad para la guerrilla.

A todas estas: ¿qué ha hecho la JEP en otros casos como los de Piedad Córdoba y otros afectos de las Farc que sí están dentro de su jurisdicción? Si la JEP sigue tomando medidas que denoten un sesgo especial o incluso inquina con otros segmentos de la población, seguirá alimentando esas voces de que no se trata de un tribunal de justicia, sino de adoctrinamiento y revancha. Así no se construye la paz total.

P. D. ¿Sorprende la cantidad de bodegueros petristas, sin otra experiencia más que insultar en redes, con contratos o puestos con el Gobierno?