Aurelio Suárez Montoya. Columna Semana

Opinión

Fortunas e infortunios de la economía cafetera

Hay que desechar los cantos de sirena gubernamentales que incitan a destruir el bastión cafetero. Es estratégico para Colombia, como lo confirmó el PIB a septiembre de 2024.

Aurelio Suárez Montoya
23 de noviembre de 2024

El DANE informó que la agricultura fue el sector de mayor crecimiento en el producto interno bruto (PIB) del tercer trimestre de 2024, con 10,7 por ciento, frente a 2 del conjunto de la economía. En el agro sobresale el café, con un alza de 33,6 por ciento como en las “bonanzas” del siglo XX. Mientras tanto, minería, industria y vivienda en números rojos y el comercio estancado.

¿De dónde sopla el viento favorable al café? De la combinación del precio en el mercado internacional con la tasa de cambio del peso frente al dólar y con la producción. Se incrementaron para bien de los productores y también de la economía nacional, que, sin el concurso de esta industria, no hubiera crecido ni 1,5 por ciento.

Veamos. De octubre de 2022 a septiembre de 2023, la producción fue de 10,61 millones de sacos y en el último año subió a 12,75, el 20 por ciento más. La cotización internacional, por problemas climáticos en Brasil y Vietnam, alzó de 1,86 centavos de dólar por libra a 2,76, el 80 por ciento, aunque sigue por debajo del ajuste histórico por inflación, y la tasa de cambio alzó 4,5 por ciento, de 4.008 pesos en septiembre de 2023 a 4.191 pesos en septiembre de 2024 (Fedecafé, Banrep). Esto explica la fortuna cafetera coyuntural, en la que la política agropecuaria del Gobierno Petro nada tiene que ver.

Pero no todas son buenas noticias para los caficultores nacionales. Es sabido que en la administración de Roberto Vélez Vallejo en la Federación de Cafeteros se desatendieron, entre 2018 y 2019, las reglamentaciones para la gestión de riesgos en el mercado bursátil a futuro. Se autorizaron fijaciones especulativas a volúmenes comprometidos, sin soporte técnico para pronósticos de cosecha, ni respaldo en el caso de los comercializadores y con plazos de transacción a varios años.

Algunos analistas señalaron que cambiaría la tendencia en el mercado, que los precios del escenario muy bajo se revertirían hacia arriba. Y sucedió. Vino entonces la negación a cumplir de quienes se habían comprometido a vender su producto a las bajas cotizaciones anteriores. El café no apareció y se decidió ampliar los plazos para entregas a tres años más. En el cierre de 2021, los volúmenes pendientes sumaban 63 millones de kilos, de más de 6.000 proveedores, cuyo costo de compensación valía medio billón de pesos.

El error, que no logró corregirse en el tramo de bajos precios de 2023 a marzo de 2024, cuesta decenas de millones de dólares. Los retrasos y esforzadas necesidades de liquidez, por el respaldo a las eventuales operaciones, comprometen el 80 por ciento del patrimonio del Fondo Nacional del Café. El desatino ocurre con un Comité Directivo de representantes gremiales empotrados y miembros conniventes del Gobierno.

A septiembre de 2024 faltaban por enviar –por incumplimientos en cinco años– 34 millones de kilos, equivalentes a 566.000 sacos. ¿Cuánto debe desembolsarse a los elevados precios de hoy para adquirirlos en el mercado y exportarlos a los tenedores de los contratos postergados? Se calcula en 1,1 billones de pesos, a 2,04 millones de pesos cada uno. Si se suman 10 millones de kilos más de la cooperativa de Andes, cuyo mayor accionista es la Federación, que dizque se reabriría en 2025, el monto sube a 1,42 billones de pesos. Esto sin añadir el saldo de la enredada exportadora Expocafé.

La torpe maniobra de Vélez y de su burocracia tiene a punto de extinción al conjunto de cooperativas, que fueron vehículos para su fallida especulación, apalancada con recursos parafiscales. De 32, de la red institucional de comercio, 18 tienen todos los compromisos pendientes; cinco hicieron depósitos parciales y solo dos subsanaron el pasivo, sin contar la de Andes, hoy intervenida por Supersolidaria. No es cosa menor, pues ese quebranto acaba con la garantía de compra, el bien público más preciado para los 550.000 caficultores, en riesgo frente a la fuerte posición de las multinacionales, y sin contar que, de cotizarse la libra a 3 dólares, el faltante treparía a 1,52 billones de pesos.

En medio del embrollo, el ministro Bonilla y su asesora, Jhenifer Mojica, sin reparar en el indispensable fondeo financiero, pintaron pajaritos de oro en la asamblea de Asoexport (8/11/24). Hablaron de un “cooperativismo caficultor” que “democratice” exportaciones, compras internas e industrialización; es decir, debilitar más las instituciones. El desenlace previsible es prodigar el mercado a Sucafina, Olam, Dreyfus, demás transnacionales y a sus agentes.

Pese a las graves faltas, hay que desechar los cantos de sirena gubernamentales que incitan a destruir el bastión cafetero. Es estratégico para Colombia, como lo confirmó el PIB a septiembre de 2024. El 93.° Congreso de Fedecafé venidero debe examinar estas realidades institucionales y exigir responsabilidades a los gestores del disparate. Urge renovar. n

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