Fragores telúricos

Es evidente el deterioro de la democracia. La fracción de la población mundial que vive bajo regímenes democráticos está cayendo. Esa tendencia hacia el totalitarismo no suele ocurrir mediante la sustitución de gobiernos civiles por militares, o de cierres del parlamento por presidentes golpistas, como lo intentó Castillo en el Perú, un autócrata a quien Petro respalda.

Sucede de maneras sutiles: la manipulación de los resultados electorales, la adulteración de la división de poderes o la censura a la prensa. Como no se trata de romper las normas, sino de vaciarlas de contenido, hay que esperar a que las circunstancias sean propicias. En ese momento, aparece la interpretación normativa audaz o la jugadita, término de ingrata recordación. Doy un ejemplo sencillo: para capturar la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Petro decidió mantener en interinidad a sus integrantes. Eso bastó para controlar una entidad que, en teoría, debería ser independiente.

Esta estrategia requiere funcionarios abnegados e ingenuos, condiciones que suelen darse en personas que por su juventud o ambición están dispuestas a “correr las líneas éticas”. Saben que alguien tiene que hacer el trabajo sucio (alimentar flujos falsificados en Internet), o ingrato (despedir ministros, descabezar gremios), o ilegales, tales como pasar por encima de la Fiscalía en asuntos personales. Estas conductas pueden encajar en lo que Hanna Arendt denominó la banalidad del mal: la incapacidad de percatarse de que ciertas conductas son reprochables.

En los Estados Unidos, el presidente Trump fue cómplice de la toma del Congreso para evitar la proclamación de su sucesor. En la actualidad, se adelantan reformas electorales en ciertos estados para dificultar el voto de los sectores negros e hispanos. Ambos partidos desde hace décadas decidieron lograr mayorías en la Corte Suprema; esa batalla la ganaron los Republicanos. La Corte que inventó el control constitucional de las leyes no está ahora alineada con la nación sino con un partido.

En México, el gobierno de López Obrador ha logrado cooptar la oposición política. Para consolidar ese logro necesita debilitar la Corte Suprema. El camino adoptado suena democrático: propone que sus integrantes sean elegidos por el pueblo. El propósito es torvo: hacerlos dóciles ante las mayorías que el Gobierno detenta. Cristina Fernández, en la Argentina, no ha ahorrado esfuerzos para desprestigiar el poder judicial. Comprensible actitud en quien ha sido condenada por actos de corrupción.

En nuestro caso, el respeto de los gobiernos por la Constitución no siempre ha sido impecable. Ospina en 1949 cerró el Congreso. Turbay intentó elevar las mayorías de la Corte Suprema para bloquear ciertas decisiones. La Corte Constitucional intervino para evitar que Uribe intentara gobernar durante doce años consecutivos. Duque maniobró para lograr que un amigo personal fuera designado fiscal general, auspició incrementos exorbitantes e injustificables de la nómina en la Contraloría y la Procuraduría, e impulsó leyes a sabiendas de que eran incompatibles con la Constitución, como lo hizo para desembarazarse de la Ley de garantías.

Petro es peor. Considera que su compromiso es con el pueblo, al que entiende constituido por sus electores, no por el universo de los ciudadanos. Asume que es correcto promover movilizaciones de sus partidarios contra el Congreso. Más allá de que la pugnacidad callejera inducida por el Gobierno sea peligrosa, es contraria a la Constitución. Atenta contra la separación de poderes y el principio de colaboración armónica entre ellos. Esto significa que los debates sobre las iniciativas legales deben fundamentarse en argumentos sustentados en la razón y los hechos. No mediante violencia moral contra los parlamentarios.

La incomodidad de nuestro presidente con la autonomía judicial viene desde el día de su elección. Entonces pidió la liberación inmediata de partidarios suyos procesados o condenados por diversos delitos. Después intentó su excarcelación designándolos negociadores de paz. Luego incurrió en el exabrupto de sostener que el fiscal general es subalterno suyo.

Por medio de su ministro de exteriores ha pedido una comisión de investigación de Naciones Unidas que, en principio, podría ocuparse de hechos que están en la órbita de los jueces nacionales. Una falta de respeto inconcebible. Y perturbadora su amenaza a la JEP: si no actúa en el sentido que considera adecuado, quedaremos en manos de la Corte Penal Internacional.

Agresivas han sido sus declaraciones contra la junta directiva del Banco de la República. Despectivo fue frente a las recomendaciones del Comité Autónomo de la Regla Fiscal y sus integrantes. La injustificada remoción del superintendente financiero pone en jaque dilatados esfuerzos para garantizar rigor profesional y estabilidad en esa magistratura financiera.

Según las normas vigentes, el presidente designa los cinco directores independientes del Banco de la República. Presenta ternas para la elección de candidatos a fiscal general, magistrados de la Corte Constitucional y defensor del Pueblo. Nomina un candidato para el cargo de procurador general. Escoge, a través del ministro de Hacienda, a todos los miembros independientes del Comité de la Regla Fiscal. Influye en la elección del contralor que es designado por el Congreso en pleno. En todos estos casos es claro el riesgo de que se intente desvirtuar la independencia de los poderes públicos.

Tengo vivo recuerdo de la campaña de Nixon para su reelección en 1972. En un afiche difundido por sus adversarios se lo presentaba como un hombre sórdido que no merecía la confianza de los electores. Al pie de su foto se formulaba esta pregunta: “¿Le compraría usted un automóvil de segunda a este individuo?”. Un interrogante como este tiene, entre nosotros, plena vigencia.

Por estas razones creo indispensable la conformación de una coalición cívica, amplia y plural, que vigile las acciones del gobierno respecto a las instituciones públicas independientes y su participación en la designación de los funcionarios que deban dirigirlas.

Son tres las tareas de supervisión ciudadana urgentes: (i) la elección de nuevo contralor para evitar que el vigilante, como otras veces ha sucedido, le deba el cargo al vigilado; (ii) la posible remoción de uno de los directores del Emisor este octubre y su reemplazo por alguien amigable; (iii) y la designación de nuevo fiscal general que deberá realizarse antes del treinta de enero.

Briznas poéticas. José Manuel Arango, dice tanto como calla: “La noche, como un animal / dejó su vaho en mi ventana / por entre las agujas del frio miro los árboles / y en el empañado cristal / con el índice escribo / esta efímera palabra”.