La JEP: entre la sumisión y la destrucción

En la trama participaron el Fiscal General Néstor Humberto Martínez y varios funcionarios de la Fiscalía, el INPEC, el CTI y una jueza de garantías; así como el sanedrín de palacio, el Presidente Duque, el senador Uribe, y, detrás de bambalinas, la Embajada de Estados Unidos.

Creada la tormenta mediática con la renuncia irrevocable del Fiscal General y su desconocimiento de la sentencia de la JEP, los detractores de oficio de los acuerdos de paz lanzaron una campaña de estigmatización de la justicia transicional. Al amparo de falsedades como “la JEP es impunidad”, “carta blanca al narcotráfico”, “desafío al orden jurídico”, “se acabó la extradición” y “las pruebas son irrefutables”, estimularon el linchamiento público de Jesús Santrich y de la justicia transicional. El objetivo: someter a la JEP o, en su defecto, destruirla.

Es en este marco que se tienen que analizar los llamados a un “acuerdo nacional” o a una “constituyente.” Son dos caras de la misma moneda para desconocer – con ropaje de legalidad - los ejes estructurantes del acuerdo de paz elevados a norma constitucional. O se perfecciona un acuerdo con los partidos más cercanos al gobierno para restarle autonomía a la JEP o se elimina de tajo, como lo auspician el expresidente Uribe y el Centro Democrático.

Terminado el primer acto del espectáculo, son muchos los principios civilizatorios y derechos democráticos que fueron pasados por el trapiche de la intemperancia y del interés político sectario. Una de las grandes conquistas de la Ilustración y que está en los fundamentos de nuestro sistema republicano es el derecho al debido proceso, considerado fundamental por la Constitución que nos rige.

Surgió con la publicación del tratado “De los delitos y de las penas” de Cesare Beccaría, publicado en 1764. En ese texto más que bicentenario se encuentran principios que todavía no han incorporado en sus valores muchos dirigentes detractores de la paz que sienten que se crecen cuando humillan a los demás.

Beccaría sostenía que no era justo tratar con crueldad a los acusados, encontraba censurable la costumbre de someterlos a humillaciones o amenazas y se oponía a la detención preventiva antes de ser vencidos en juicio. También proponía extirpar el deplorable sistema de las acusaciones secretas, que “fomenta los instintos de la traición y de la venganza.”

Pues bien. ¡Qué tan poco edificante resulta que altos funcionarios del Estado hagan causa común para desconocer, de palabra y de obra, un fallo judicial! Y que después pretendan que es el fallo y no su comportamiento el responsable de la supuesta crisis institucional.

Todos estamos de acuerdo con la lucha contra el narcotráfico y con la cooperación internacional para erradicarlo. Pero ello no explica por qué el Fiscal General no solamente se negó a entregar a la JEP las “pruebas irrefutables” que decía tener, sino que aparentemente permitió que la Fiscalía actuara por fuera de la ley en el recaudo de las mismas.

Tampoco explica montar un proceso a las carreras con la cooperación internacional de los EEUU - que se negó a la JEP - para burlarse de su orden de libertad inmediata para Santrich, con la complicidad de un funcionario del INPEC, que seguramente no actuó solo, como tampoco quienes montaron el nuevo proceso para su recaptura, cuando sigue sometido a la JEP.

Que la institucionalidad se preste para torcer la finalidad de las normas y desconocer los derechos fundamentales ante la justicia, constituye una componenda de una gravedad que no puede pasar impune. La JEP merece respeto. La Constitución y la ley lo exigen. Pretender presionar a sus magistrados para que escojan entre la sumisión y la destrucción, violenta, y de qué manera, la separación de poderes y las instituciones que los distintos actores de la trama dicen defender.