Gas importado y negocios a dedo

El gas natural, pese a ser hidrocarburo y combustible fósil, se considera el energético puente de la transición, y en 2050 participará en la matriz energética mundial con hasta 25 por ciento (Naturgas, 2022).

Es responsable global casi del 20 por ciento de las emisiones de CO2, la mitad de las del carbón y las del petróleo, y se considera la fuente sustituta más económica del primero para generar electricidad (Nordhaus, 2013). En octubre de 2005 tuvo un pico de 13,52 dólares por millón de unidades térmicas británicas (MMBTU) y en 2022, aun con la guerra Rusia-Ucrania en marcha, cerró a 5,5 (Indexmundi.com).

En Colombia, su producción y uso son crecientes. En 1975 era el 2 por ciento de la oferta de energía y en 2018 subió al 16, igual a la electricidad y superado solo por el diésel y la gasolina (Saqueo, pág. 564). En la demanda, es el 34,3 por ciento de la energía industrial; en el sector comercial y público, el 24,7; una quinta parte de los hogares se abastece de gas, con predominio en los de menor ingreso, cuatro de cada cinco (Saqueo, ídem), y es provisto en el 98 por ciento por producción nacional de Ecopetrol, que es el 75, y de otras compañías en 262 campos (M. F. Herrera, Credencial).

El mercado nacional se volvió apetecible campo de batalla. Por un lado, por el ‘Marco para afianzar la cooperación en el fortalecimiento financiero y de mercado en materia de energía e infraestructura’, entre Colombia y Estados Unidos, firmado el 29 de noviembre de 2019 por el embajador Goldberg y Claudia Blum como canciller. Se acuerda “catalizar y facilitar inversiones del sector privado” en “infraestructura de generación y trasmisión intermedia energética mediante gas natural de alta eficiencia, incluidas facilidades de importación” e “infraestructura de gasoductos”. El país se comprometió a comprar gas de Norteamérica, casi todo venido de fracking.

Tal iniciativa se plasma en la planta regasificadora en Buenaventura, a la que Estados Unidos puede exportar parte de los excedentes actuales hasta con picos de 3,6 miles de millones de pies cúbicos y mínimos de 1,6 (EIA). Se conocen las críticas por el alto costo de su construcción, 700 millones de dólares o más, y porque se cargará a los usuarios en la tarifa a 15 años, en 24 por ciento a los hogares por 97.000 millones de pesos anuales, desde cuando la planta tenga 80 por ciento de adelanto (A. Acosta).

Se licitó y no hubo proponentes, por lo que en julio de 2022 se inició un segundo intento, que mantiene las inicuas condiciones previas, pero además “reduce los requerimientos” “para mitigar los riesgos de retraso y de sobrecostos” (Naturgas). Petro y la ministra Vélez, que “recibieron la posta”, lo adjudicarían el 18 de mayo de 2023 (A. Acosta).

No solo por occidente se ataca a la producción nacional de gas, también por oriente. Si bien el embajador Benedetti dijera que “Es necesario que Colombia le compre gas a Venezuela” (SEMANA, 6/9/22), Petro más tarde afirmó que “no lo ve viable” (RCN, 4/12/22), lo cual Benedetti ratificó para esta columna y añadió que en un eventual caso de hacerlo sería con Ecopetrol o TGI, del Grupo de Energía de Bogotá, del Distrito en 65 por ciento y de Corficolombiana (Aval) y los fondos de pensiones. De hecho, Ecopetrol, primer proveedor, tiene un contrato de asesoría jurídica con la firma española Eversheeds Sutherland Nicea para ese fin (Carolina Arbeláez). ¿Cambiaría ese rol para ser importador?

Por su parte, el Gobierno de Maduro designó a la firma privada Prodata Energy para exportar 25 millones de pies cúbicos de gas por día a Colombia, suministrados por la estatal PDVSA Gas por 30 años (Bloomberg). Se haría a través del gasoducto Antonio Ricaurte, con 225 kilómetros de largo, 88,5 en territorio colombiano, abandonado desde 2015 al interrumpirse por razones políticas el flujo hacia acá, con el aparente compromiso de repararlo. Con esa decisión, que según Benedetti no cuenta con beneplácitos del Gobierno colombiano, se direcciona el negocio en Colombia a su socia local Energy Transitions S. A. S., una modesta compañía.

Contra el informe amañado de la ministra Vélez para no expedir más licencias de exploración, que predice la existencia de reservas, inclusive las “posibles, probables o contingentes” hasta 2042, el exministro Diego Mesa, fundado solo en las “probadas”, escribió “explorar más o importar” (Twitter, 22/1/23).

De imponerse el dictamen de Vélez y Petro, se abren las puertas al gas extranjero, para el fracking norteamericano o desde Venezuela. Se desestima que la industria nacional del gas es el 1 por ciento del PIB, aporta 1 billón de pesos en regalías y 100.000 empleos (Credencial, ídem) y se asegura un provechoso negocio a los proveedores foráneos, ajeno a la lucha frente el cambio climático que se pregona.