Candidatos engorrosos

Si la ley es laxa, termina por ser cómplice y comodín de los avivatos. ¿Y quién hace la ley en este país de bribones? Los políticos en el Congreso. No es de extrañar, entonces, que para el próximo evento electoral de octubre salgan a la pista de baile y en pareja los artículos 30 y 36 de la Ley 617 de 2000 que regula las inhabilidades para ejercer el cargo de gobernador que a la letra dice que los candidatos tendrían impedimento, únicamente, en caso “de haber sido condenado a pena privativa de la libertad, salvo por delitos políticos o culposos”, sin importar que algunos en líos con la justicia, más adelantico tengan que comparecer a juicio y eventualmente ser condenadas.
 
Y tal laxitud ha venido siendo aprovechada -y “ejercida”- por los partidos políticos en trance de conseguir, sin pudor alguno, los candidatos para la contienda electoral tanto departamental como municipal que mayor caudal de votos puedan aportarles. A la moral y a la ética, tan acosadoras como inoportunas, se les pondrá seguramente el velo elaborado en aquellos materiales denominados “dejar pasar” o “hacerse el loco”, tan ancestrales como arraigados en nuestras costumbres.  
 
Elección tras elección, el tema de los avales, más que polémica, causa escozor en la opinión pública. Es recurrente y parece no tener remedio en tanto quienes manejan los hilos de las reformas institucionales, o quienes detentan los poderes administrativos, sigan siendo producto de las maquinaciones y componendas políticas, y que son, ni más ni menos que aquellos que van, desde el más sencillo concejal, hasta el más celebérrimo senador, desde el corregidor más humilde, hasta el más diestro caballista o golfista de los presidentes de la República.  
 
¿Cómo es posible que en Colombia las inhabilidades ni siquiera rocen a tantos sujetos inmersos en investigaciones judiciales, de estrechos lazos con la ilegalidad o vinculados a la corrupción, el lavado de activos, los sobornos, el paramilitarismo y hasta con asesinatos?   
 
De acuerdo a una reciente investigación de Paz y Reconciliación, a la fecha se han detectado numerosos aspirantes a curules, gobernaciones o alcaldías con indagaciones  vigentes de tipo judicial o encausados por la Procuraduría con embrollos por contratos sospechosos, cercanía con los grupos paramilitares, herederos desfachatados de clanes o mafias de reconocida tradición criminal enquistadas en la política y otros varios delitos olorosos a azufre.
 
La pregunta es: partidos como Cambio Radical, el Liberal, Opción Ciudadana, el Conservador, el de la U o el Centro Democrático ¿a cuántos y cuáles candidatos bajo sospecha y en medio de escándalos le han extendido el aval anticipado, o le extenderán próximamente?
 
Por ahora conocemos de algunos casos que a muchos de nosotros nos ponen los pelos de punta. Me referiré con nombre propio a algunos de ellos haciendo la advertencia de que parto de la presunción de inocencia pero urgido e inquieto a la espera de que ellos puedan demostrarla.
 
Comencemos con Oneida Pinto quien ha venido a convertirse para estas elecciones como referente de los avales impuros por su atracción fatal hacia el exgobernador Kiko Gómez, aunque quizás haya otros de mayor relevancia que temporalmente están pasando de agache.  
 
Están, además, Luis Pérez, señalado por Alonso Salazar de haber sido respaldado por grupos paramilitares en su aspiración a la Alcaldía de Medellín;  Emilio Rey, candidato a la Gobernación de Cundinamarca; Luis Carlos Torres, destituido como gobernador del Meta y con una inhabilidad de 10 años para ocupar puestos públicos, inhabilidad que le revocara el inefable Procurador Ordoñez, aunque le quedan una investigación por parapolítica y un proceso en la Fiscalía por contratación irregular. Pero para no hacernos eternos, concluyamos con las dudas que en opinión de muchos existen sobre nombres tales como Yolanda Wong para la Gobernación de Bolívar; Arnulfo Gasca y Álvaro Pacheco Álvarez para la Gobernación del Caquetá; Liliana Rendón, cercana a  los afectos de Luis Alfredo Ramos, para la gobernación de Antioquia; En Magdalena, Rosa Cotes de Zúñiga, esposa de Francisco Zúñiga y hermana de los célebres “conejos” Cotes;  Arturo Calderón, candidato a la Gobernación del Cesar; Guido Echeverri Piedrahita en busca de la Gobernación de Caldas; Melecio Quinto Arias tras la Gobernación del Chocó; Julio Ramos, por la Gobernación del Casanare; Dídier Tavera, Carlos Fernando Sánchez y Holguer Díaz para la Gobernación de Santander y Carlos Gómez y Edwin Besaile aspirando a la Gobernación de Córdoba.  
 
Están estos y otros y quién sabe cuántos más que poco a poco irán apareciendo, por lo que no nos queda más remedio que esperar a que la democracia colombiana algún día levante cabeza y se sacuda de tanta corrupción y vicios que, de seguir así,  terminarán por matarla.      
 
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