OPINIÓN

Glifosato chiviado

En las muestras tomadas por la Embajada de Estados Unidos se encontró que el producto Cúspide que compró el Ministerio de Defensa estaba vencido y además falsificado con dobles etiquetas.

Daniel Mauricio Rico, Daniel Mauricio Rico
16 de septiembre de 2019

He defendido durante los últimos cuatro años y con base en la evidencia científica disponible, que el glifosato es un herbicida seguro para la salud humana bajo las condiciones del plan de manejo ambiental del programa de aspersión aérea y los requisitos operativos fijados por la Corte Constitucional. Una postura impopular en un debate que me ha restado amigos y sumado linchadores en redes sociales. 

En varias ocasiones he manifestado que el programa de aspersión aérea no es la solución mágica para acabar con la coca y que solo es útil en la medida que haga parte de una estrategia integral de intervención de los territorios. La aspersión aérea solo puede marcar una diferencia cuando existe una capacidad real de control territorial y una oferta creíble de bienes públicos rurales. Entre hacer aspersión aérea mal hecha y no hacerla, es mejor dejar los aviones apagados y en tierra. 

La aspersión aérea es una alternativa ética y moralmente superior frente a la alta tasa de muertos, heridos y amputados que deja la erradicación manual, todos ellos policías, soldados y campesinos humildes. Hablamos de órdenes de magnitud diferentes en el costo humano, mientras se cuentan en más de mil los incidentes en la erradicación manual, en la aspersión aérea no llegan a las dos decenas. 

La realidad es que al ministro Botero y su equipo, les quedó grande reiniciar el programa, al punto que 13 meses después siguen sin tener ni aviones, ni pilotos, ni químico, ni protocolos institucionales, ni un plan presupuestal coherente, y lo más grave siguen enviándole al presidente partes de falsos avances y (des)coordinación. Señor presidente, su plazo al ministro de Defensa de reiniciar la aspersión aérea el próximo 15 de diciembre, tampoco se va a cumplir. 

Día por día vamos avanzando hacia el peor escenario posible, el de apostarle a la erradicación manual forzosa para acabar el narcotráfico, sabemos por tres lustros de experiencia que por esta vía la coca no baja, en cambio las víctimas de campos minados, francotiradores y emboscadas si aumentan. Tener cada vez más soldados y policías acompañando los 103 grupos de erradicación manual, es un costoso y absurdo error, la tropa debe estar persiguiendo a los cabecillas del narcotráfico y no arrancando matas que no valen nada y se resiembran a la velocidad del rayo. 

Entre todo lo que va mal hay algo que va peor, y es el continuado uso de una marca de glifosato (Cúspide) que sabemos es cancerígeno y nocivo para el medioambiente. Atención, en este caso no hablamos de riesgo o del principio de precaución, sino de daño demostrado y causa probada de un producto que está prohibido en Estados Unidos y la Unión Europea. 

Para ser claros, las investigaciones y evidencias científicas que sustentan el uso seguro del glifosato en los que se basa la Corte Constitucional y quienes defendemos la evidencia científica en el uso de este herbicida, no se incluye esta marca (ni las falsificaciones de esta), por eso una cosa es usar el Roundup de Bayer y otra muy distinta seguir rociando con un producto adulterado. 

Según las investigaciones internas de la Embajada de Estados Unidos (divulgadas por Alex Marín en El Espectador y recientemente desempolvadas por María Jimena Duzán en SEMANA), el glifosato Cúspide contiene entre otros Nonilfenol Etoxilado, una sustancia poco regulada en Colombia, de lenta biodegradación y es un neurotóxico con desenlaces cancerígenos probados. Además, en las muestras tomadas por la Embajada, se encontró que el producto Cúspide que compró el Ministerio de Defensa estaba vencido y además falsificado con dobles etiquetas. (Ver Anexo).

Todo esto se sabe desde hace seis años, mientras la Embajada de EE.UU. reaccionó prohibiendo el uso de este glifosato chino y chimbo en sus aviones o en cualquier programa que recibiera su ayuda binacional, por los lados del Ministerio de Defensa no ha pasado nada, el proveedor sigue siendo el mismo (elegido por subasta inversa con proponente único) y el producto usándose como agua bendita contra la coca en el programa PECAT.

Señor presidente Duque, señor ministro Botero, señor general Atehortúa; todos los días decenas de nuestros policías cargan por horas en sus espaldas, galones y galones de una sustancia que en países con estándares de control toxicológico mayores a los nuestros, es considerada cancerígena y por ende  prohibida. ¿Hasta cuándo?

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