Glosas en torno a las inversiones forzosas

Sorprende un poco que en este gobierno —que se autoproclama del “cambio” y que predica que es el más progresista en la historia— acuda a políticas fracasadas que fueron iniciadas hace casi 75 años. Estas iniciativas de direccionamiento forzoso del ahorro no tuvieron muchos resultados en su día y nada hace pensar que los vayan a tener ahora.

Salomón Kalmanowitz, en su columna del pasado lunes en El Espectador, describe con precisión lo que el gobierno pretende:

“Al presidente Gustavo Petro le gustan las imposiciones al sector privado. Intenta revivir las inversiones forzosas que fueron aplicadas por primera vez en el gobierno dictatorial de Laureano Gómez, en 1951. En tal ocasión se obligó a destinar el 25 % de los depósitos a los propósitos escogidos por la administración. Los resultados de la política fueron créditos baratos para los privilegiados por el gobierno y más caros para el resto de los clientes del sistema, lo que en últimas causó represión financiera, que fue contraproducente para el crecimiento de la economía… No se conoce el plan del gobierno para aumentar el porcentaje que se destinará a sus propósitos, que seguramente dirigirá a sus sectores favoritos como son turismo e industria”.

Antes de entrar a señalar los principales problemas que pueden tener las inversiones forzosas, son importantes dos glosas.

La primera —contrario a lo que afirman algunos funcionarios—: los depósitos de los bancos no son del público. Los que hacen tan peregrina afirmación argumentarán que, al ser ahorro del público, el gobierno que ganó las elecciones puede disponer libremente de ellos. Los ahorros en los bancos, indistintamente de si estén en cuentas corrientes, CDT o cualquier otro instrumento, son exclusivamente de los ahorradores y NO pueden ser manipulados por el gobierno a su antojo.

La segunda glosa es que esos ahorros, al igual que las cuentas corrientes —al contrario de lo que muchos piensan—, TAMPOCO son de los bancos. Esos recursos figuran en los balances de las entidades financieras como pasivos, no como activos, y mucho menos como parte del patrimonio de la entidad.

Aclarado lo anterior, hay tres principales problemas con las inversiones forzosas:

La primera es que a los recursos que capta la banca los tiene que remunerar a una tasa de mercado. Dado que el gobierno casi con certeza va a pretender que las inversiones forzosas sean a una tasa aún menor de la que tienen que pagar por captar recursos, ¿quién se va a dar la pela?, ¿el sector financiero?, ¿los ahorradores?, ¿el gobierno? ¿O será que piensan encarecer el crédito para el resto de los mortales con la finalidad de favorecer a los escogidos? Lo más probable es que la pela nos la tengamos que dar los contribuyentes, ya que la diferencia entre la tasa a la que se presta y aquella a la que se paga por captar recursos, muy seguramente va a salir del presupuesto nacional. No hay almuerzo gratis, afirman los gringos… Al final de día, alguien tiene que pagar la cuenta.

La segunda gran pregunta es: ¿a dónde van a parar los recursos de las inversiones del gobierno? No podemos hacer óbice que estamos entrando rápidamente al periodo electoral, en que las decisiones poco van a tener que ver con las verdaderas necesidades, sino con las conveniencias electorales. Tristemente en este gobierno, como lo demuestran el escándalo de la UNGRD y las recientes adjudicaciones de Urrá, los recursos terminan en manos de los amigotes del régimen.

La tercera observación es que, muchas veces, los sectores a los que se quiere dirigir los créditos no tienen ni proyectos viables, ni la educación y experiencia para poder atender adecuadamente estos créditos. Las posibilidades de incumplimiento son altísimas.