OPINIÓN
Gobierno Petro empieza con el pie izquierdo
Los colombianos que creemos en los principios republicanos, y que defendemos la libertad de nuestra nación, debemos expresarnos y solicitar públicamente se corrijan estas medidas del Gobierno.
En los primeros 7 días el Gobierno de Gustavo Petro produce una gran preocupación e incertidumbre, por expresiones incoherentes, ausentes de responsabilidad gubernamental que merecen la siguiente reflexión:
En su discurso de posesión, donde supuestamente la vida y la paz eran los principales protagonistas, el haber exigido la espada de Bolívar, además de desafiar la institucionalidad, fue la primera advertencia de incoherencia al ser un símbolo de guerra y de recordación del grupo guerrillero del M19, protagonista del magnicidio de la Corte Suprema de Justicia, en frente a donde se desarrollaba el evento.
La presentación de una Reforma Tributaria empobrecedora, a la cual debería hacerse importantes ajustes incluso antes de presentarse la ponencia para el primer debate en las comisiones económicas, pues afecta el bolsillo de todos los colombianos gravando los combustibles por cuenta del nuevo impuesto al carbono, que traerá inevitablemente sobrecostos a toda la cadena de valor de toda la producción y comercialización en el país.
Esta reforma desincentiva la inversión, afectando la generación del empleo al cuadriplicar prácticamente el impuesto de renta a los dividendos superior a los 10 millones de pesos, al incrementar la tarifa del 10 % al 39 % cuando dichos dineros ya pagaron impuesto de renta del 35% en la utilidad de la empresa que los generó.
Preocupa la eminente destrucción del empleo y la inestabilidad de la empresa agrícola y agroindustrial al presionar una producción sin garantía de nuevos mercados nacionales e internacionales, eliminando los incentivos a la producción agropecuaria, y sin un compromiso expreso en su inversión por parte del Gobierno Nacional.
No podemos dejar pasar por alto el incremento a los precios de la canasta familiar por el tributo adicional a bebidas azucarada y otros productos, bajo el argumento de compensación de cubrir sobre costos al sistema de salud.
La agresión a los pensionados al violentar el principio constitucional de derechos adquiridos, al imponerles un Impuesto de renta a los pensionados con una pensión superior a los $ 5.668.930 de pesos mensuales. Cualquier reforma en temas de salud o de pensiones debe surtir un trámite específico que deben pasar por la Comisión Séptima del Congreso y no por la puerta de atrás de una tributaria ante las comisiones económicas.
La incertidumbre del empresariado nacional en el congreso de la Andi, ante el anuncio del presidente Petro de intervenir el desarrollo del mercado en la industria nacional, anunciando equivocadamente la creación de un nuevo Ministerio de Industria (el cual existe hace más de 20 años).
La desmoralización de nuestra Fuerza Pública es notable, tras hacer nombramientos de la nueva cúpula pasando por encima de la línea de antigüedad y sucesión es gravísimo, sembrando sinsabores y distanciamientos con la institución castrense del país que puede ser muy peligroso.
La pérdida de la seguridad y soberanía energética, luego del anuncio desafiante de no impulsar contratos de exploración y explotación de petróleo y de gas natural por parte de la Filósofa Ministra de Minas, quien aseguró que estarían dispuestos como Gobierno a impulsar la importación desde Venezuela, en contravía de los nuevos hallazgos de yacimientos en Colombia, y la decisión del Parlamento Europeo de considerar el Gas natural como combustible verde.
El silencio cómplice con la violación de derechos humanos por parte del gobierno de Nicaragua, después de la ausencia de la misión diplomática colombiana en el momento de la votación en el consejo de seguridad de la OEA, para condenar los hechos violatorios de derechos humanos y de persecución religiosa por parte del Gobierno de Daniel Ortega.
El nombramiento de algunos ministros y funcionarios cuestionados por inhabilidades e incompatibilidades como el de MinTIC o por temas de perfil, o como es el caso de la Filósofa Ministra de Minas y Energía, o el de embajadores sin carrera diplomática con prontuario judicial abierto como el caso del excongresista León Freddy Muñoz en la embajada de Nicaragua.
Los colombianos que creemos en los principios republicanos, y que defendemos la libertad de nuestra nación, debemos expresarnos y solicitar públicamente que se corrijan estas medidas del Gobierno que afectan el presente y futuro del país.