Gobierno Petro y libertad de prensa

El presidente de la República y personas de su gobierno, en distintas oportunidades, se han referido a los medios de comunicación en términos descalificadores. Han dicho que pretenden configurar golpe blando y hasta han ejercido acciones judiciales contra periodistas y opinadores.

Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresaron su preocupación por la forma y los términos en que el presidente Gustavo Petro se ha venido refiriendo a la prensa. Pidieron garantías para comunicadores, así como mayor tolerancia del jefe de Estado a las críticas.

Una de las principales características de los estados democráticos contemporáneos es la garantía a las libertades de información, opinión y prensa. Se trata de derechos establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, en otros tantos tratados internacionales y obviamente en la Constitución Política.

La Corte Constitucional, en sentencia SU-274/19, dijo: “Recuérdese las diferentes facetas que engloba esta garantía: i) individual, ii) colectiva y iii) democrática. La primera, en cuanto a la posibilidad para la persona de difundir su pensamiento sin intervenciones arbitrarias, lo cual tiene un efecto directo en su capacidad de autodeterminación; la segunda, entendida como el acceso de la sociedad a noticias o datos relacionados con temas en los que puede tener interés, desde un ámbito de veracidad e imparcialidad; tercero, se habla de un contexto democrático, en cuanto cultivo de un escenario propicio para la dialéctica y prevención y respuesta a eventuales abusos de poder”.

La misma Corte ha destacado que cuando una persona ha decidido convertirse en un personaje público o en un funcionario del Estado tiene el deber de soportar mayores cuestionamientos que una persona del común, y le asiste a la ciudadanía el legítimo derecho a conocer y debatir incluso aspectos de la vida privada relevantes para evaluar la confianza depositada en ellos para administrar los asuntos públicos, sus competencias y capacidades requeridas para cumplir sus funciones. Por ejemplo, el estado de salud.

La conducta del presidente y de algunos altos funcionarios del Gobierno se muestra incoherente. Sostienen ser defensores de la democracia y de los derechos fundamentales, pero descalifican a quienes les piden explicaciones y cuentas por sus actuaciones. No se defienden con argumentos ni ofrecen transparencia, sino que atacan, intimidan, incitan a sus simpatizantes y subvierten.

Lo que corresponde es explicar la financiación de la campaña presidencial; los dineros recibidos por el hijo del presidente para la misma; los recursos extraviados que llevaron a la empleada de Laura Sarabia a declarar bajo polígrafo; las afirmaciones de Armando Benedetti sobre recursos procedentes de Venezuela para la campaña; los presuntos sobornos a miembros del Congreso por funcionarios de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos del Desastre; contestar las preguntas formuladas por la destacada periodista María Jimena Duzán a la misma Laura Sarabia por posibles tráficos de influencia de su hermano en entidades del Estado, entre otros.

No se trata de medios de comunicación instigados por servicios de inteligencia de otros países, ni de desproporcionadas influencias nazistas, como tampoco de sectores tradicionales opuestos al cambio. Se trata de explicar que el presidente llegó al poder ejecutivo legítimamente, cumpliendo las reglas de financiación de la campaña, y que su ejercicio se cumple dentro de la Constitución y las leyes. Así de simple.

Entre otras, incitar un supuesto constituyente por fuera de los procedimientos previstos en la Constitución podría ser un golpe de Estado, ¡cuidado!

Cita de la semana: “En Colombia se puede decir de todo, menos la verdad”, Germán Arciniegas.