Gobierno potencia mundial de la muerte

Los inicios de año son considerados por muchos como un nuevo comenzar, un nuevo aire, una nueva oportunidad, momento de reiniciar procesos que por alguna razón abandonamos, instante para retomar asuntos pendientes, llevar a cabo propósitos, cumplir metas; para otros, es simplemente el cambio de un calendario, de una fecha a otra, un día más. Particularmente este inicio de año en nuestro país acrece el fenómeno esperanzador al realizarse el tránsito a un nuevo período constitucional con nuevos mandatarios locales. Estos personifican las aspiraciones para que nuestras ciudades y departamentos tengan un mañana mejor, cuenten con liderazgos renovados y puedan ofrecer la certidumbre y confianza en que todo puede ser mejor de como vamos.

Aun con el sentimiento de esperanza que el nuevo calendario nos impregna, no podemos dejar de notar el abismo existente entre la promesa que nuestro país fuese la potencia mundial de la vida y la dura realidad que enfrentamos en que en estos casi 17 meses de mandato presidencial somos considerados, muy contrario a la pretensión inicial, como la potencia mundial de la muerte. Las cifras así lo demuestran.

En lo corrido del año que culmina y con corte a fecha 26 de diciembre, se registraron cien casos de masacres (tres o más asesinados), con un total de 331 víctimas, siendo los departamentos de mayor afectación: Antioquia, Cauca, Atlántico, Valle del Cauca y Magdalena con 45 casos y un número de 149 víctimas. Ahora, por el lado de los líderes sociales, el panorama sigue siendo cruento. En el año 2023, la cifra de muertos alcanzó a corte del mismo 26 de diciembre la cifra de 142 líderes asesinados. Los datos anteriores permiten un consolidado de 13.219 homicidios y una fatídica estadística de 73 personas muertas en promedio de forma violenta cada día en Colombia en todo el año 2023.

Por su parte, las estadísticas mundiales nos ubican en un vergonzante segundo lugar como el país con más homicidios de América del Sur, según reporta el informe del Estudio Global sobre Homicidios de la ONU, publicado en Viena el 8 de diciembre de 2023; asimismo, Colombia registra un segundo puesto a nivel mundial y el primero en América en cuanto a la incidencia en el crimen organizado.

Ahora bien, frente a este escenario en que concurren múltiples factores, bien podría anotarse una relación sobre la variedad de causas de este conflicto, pero en este caso no se hará referencia a la causa, sino a las variables de solución del fenómeno delictivo y a la posible estrategia a adelantar frente al creciente número de asesinatos en nuestro país.

Es pertinente iniciar por preguntarnos qué tanto se ha hecho, o más bien, qué se ha dejado de hacer con el Modelo de Planeación y Gestión Operacional del Servicio de Policía y con la herramienta Mored, que es la Matriz Operacional para la Reducción de la Delincuencia, la cual consta de una metodología establecida con la FGN y las FF. MM. para planear, hacer operaciones estructurales y seguimiento desde el Gobierno nacional. Este es uno de los útiles instrumentos con que cuenta nuestra institucionalidad para hacerles frente al crimen y la delincuencia; no obstante, a la fecha no se hace o, dicho de otra manera, no se pone en marcha, razón por la que las grandes estructuras criminales tienen cada vez más control territorial, y lo anterior redunda en la inoperancia de un Direccionamiento Integral Operativo para la Reducción del Delito (Diore).

Asimismo, las circunstancias descritas apuntan a la pérdida de la madurez organizacional con la que, otrora, contaba la institucionalidad. Observamos con tristeza que no existe voluntad política ni capacidades en Dijín, Dipol y FGN; no hay articulación entre la Policía Nacional y las FF. MM. Por el contrario, son cada vez más recurrentes las políticas de desarticulación institucional como los traslados y baja de los altos mandos más experimentados y operativos, el retiro de las líneas de mando propiciando la pérdida de la curva de aprendizaje que regala la experiencia al servicio de la patria, lo que ha provocado consecuencialmente que estemos frente a una generación de liderazgos militares y operacionales sin el preciado atributo de la evidencia empírica.

La guerra contra la criminalidad no se gana con un discurso sectario contra la institucionalidad de la fuerza pública, tampoco con la contradicción política con los órganos de justicia, ni mucho menos con una pretendida política de paz amparada en la impunidad y el privilegio a los delincuentes por encima de la protección a los intereses de nuestra sociedad.

La tarea va mucho más allá. Es con determinación, contundencia y confianza institucional que se pueden mejorar los números del año que culmina, Colombia no puede precipitarse a un abismo de anarquía y desgobierno. Es con voluntad, planeación y acciones que podemos hacerlo. Resulta necesario reconfigurar los valores de una sociedad en que la protección a la vida sea el axioma que dirija el sentido de las políticas públicas.

Ardua tarea asumen desde esta semana nuestros mandatarios locales, para que desde el ámbito de sus competencias puedan hacerles frente a las distintas estrategias criminales que atentan contra la estabilidad de la nación y los territorios, y a partir del estado de derecho, contrarrestar los pretendidos privilegios de la delincuencia sobre la sociedad civil.

Este nuevo año debe motivarnos a reencontrarnos con la justicia, la paz, la autoridad, la institucionalidad, el bien común y hacerles frente a la demagogia, la impunidad y las perversas políticas que pretenden hacer del delito y la criminalidad una virtud.

Adenda. El aumento del casi 1.000 % de la nómina de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz es una muestra de que la burocracia y el clientelismo terminan por ganarle la guerra a la búsqueda de una verdadera paz estable y duradera.