¿Goma de escoltas?

Con gran sorpresa leí hace una semana la entrevista que concedió Pablo Elías González, el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), a un medio de comunicación económico, donde señalaba que esta entidad cuenta actualmente con 7.900 escoltas, 1.900 de planta interna y 6.000 tercerizados. Ellos, además, cuentan con 4.500 vehículos entre blindados y convencionales para salvaguardar a 8.250 ciudadanos, con un costo anual de un billón de pesos. Es decir, diariamente esta institución gasta 2.500 millones de pesos en seguridad para un pequeño sector de la población.

Estas alarmantes cifras dejan en evidencia una situación lamentable: en Colombia tener escolta o chofer escolta, para algunas personas, es ejemplo de estatus social, ya sea para aparentar en su círculo de amigos, para demostrar poder o simplemente para tener un asistente en sus labores diarias. Un funcionario de la UNP, a quien consulté como fuente para esta columna, me aseguró que “la gran mayoría de personas que solicitan los esquemas de protección realmente no los necesitan, muchas veces se arroja un nivel de riesgo ordinario, pero por el nivel de palanca política que tiene la persona logra acceder a los beneficios del carro blindado, el subsidio de gasolina y los hombres de protección con viáticos y tiquetes aéreos”.

Pablo Elías González también señaló que un esquema de protección con vehículo blindado, más dos hombres, cuesta 27 millones de pesos al mes, que existen esquemas conformados hasta con 20 hombres para prestar el servicio de seguridad, con el agravante de que la unidad se ha venido quedando corta en poder darle trámite a todas las solicitudes.

En 2019 se hicieron 35.000 peticiones para nuevos esquemas y tan solo se pudo dar trámite a 10.000 luego de un filtro riguroso, teniendo en cuenta que la UNP tiene cinco empresas contratadas, en varias regiones del país, que le ayudan con el suministro de hombres y vehículos.

La preocupación en la UNP crece día a día. El desmonte de los esquemas se ha vuelto una tarea imposible puesto que la entidad carece de discrecionalidad para hacerlo. El procedimiento es tan engorroso que para realizar este trámite se debe contar con la aprobación de la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, y la Defensoría del Pueblo, luego de evaluaciones de aspectos técnicos, jurídicos, políticos y hasta sociológicos.

A todo esto, se le suma que cada que se debe realizar la reevaluación (anualmente), aparecen las autoamenazas a través de panfletos inventados, llamadas y hasta mensajes de texto. Aún se recuerda el caso de dos personas que contaban con esquema de protección y que acordaron amenazarse mutuamente, por medio de mensajes de texto, con el deseo de mantener su protección. Tuvieron la mala suerte que, pese al cambio de la tarjeta SIM a través de la cual enviaron su intimidación, las autoridades pudieron rastrear los códigos de los celulares y descubrieron la trampa. Tristemente este es el modus operandi que todavía hace tránsito en Colombia para lograr mantener la goma de los escoltas.

La UNP sigue prestando el servicio de seguridad a exmiembros del M-19, del Quintín Lame, exministros, excongresistas, exmagistrados, excomisionados, exdirigentes sindicales. Muchos de estos “ex” pasaron por sus actividades públicas hace más de 30 años y hoy en día NO presentan niveles de amenaza, pero viven aferrados a sus esquemas de protección, sus carros blindados y sus escoltas, aumentando el nivel de gasto innecesario que pagamos los contribuyentes.

¿Por qué se siguen sosteniendo estos esquemas? ¿Cuál es realmente el soporte técnico para mantenerlos? ¿Por qué estas personalidades en un acto honesto con el país no nos hacen el favor de regresar estos esquemas y de ahorrarle al país un gasto innecesario?

Además, con toda esta lamentable situación, queda claro que la distribución de competencias en materia de seguridad en el Estado no funciona bien. Según el portal de datos del gobierno colombiano, actualmente la fuerza pública cuenta con 480.000 activos entre Policía, Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Si tenemos este pie de fuerza tan numeroso, ¿por qué debemos tener una institución paralela desempeñando funciones de seguridad y con un costo tan elevado, lo cual raya con lo absurdo ya que se está convirtiendo en algo insostenible para las finanzas del país?

La situación presupuestal de la UNP para este año es compleja. El mismo director ha señalado la necesidad de pedir un aumento de 200.000 millones de pesos para poder cumplir con todos los requerimientos. Será deber del legislativo, una vez sea presentado el proyecto del presupuesto, ponerle freno a esta fuga de gasto público tan absurda. El camino más correcto sería acabar con una unidad de esta magnitud y con un gasto tan elevado.

 *Abogado constitucionalista y analista político, magíster en derecho y docente universitario.