Grupos armados y narcotráfico: el talón de Aquiles de la paz total del presidente Petro

El gobierno del “cambio” apostó por la paz como uno de sus principales objetivos. Su política de Defensa y Seguridad Nacional está plasmada en el documento ‘Garantías para la vida y la paz 2022-2026′, en el que se establece la necesidad de una paz total concebida para negociar con actores que no participaron en el Acuerdo de Paz con las Farc. Esta propuesta enfatiza la “seguridad humana”, enfocándose en la protección de las personas y sus derechos fundamentales. Sin embargo, parece insuficiente, ya que carece de la capacidad para confrontar el poder y la expansión de los grupos armados ilegales y redes de narcotráfico en varias regiones del país.

Esta propuesta, que aún no puede considerar un proceso estructurado, adolece de falta de método riguroso y sufre de una alta dosis de improvisación, sustentándose en un diagnóstico equivocado de la amenaza. Los grupos armados actuales, como el ELN, las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y otras bandas criminales, ya no responden a motivaciones ideológicas o políticas. Incluso en el ELN, la ideología revolucionaria sólo resuena en sus líderes exiliados, que exigen refundar el Estado para negociar, mientras sus frentes de guerra en el país están liderados por jóvenes guiados por intereses económicos.

La actividad criminal de estos grupos ha impactado gravemente el orden público en varias regiones del país, especialmente en aquellas con alta presencia de cultivos ilícitos, minería ilegal, extorsión, migración irregular y trata de personas. El objetivo principal de estas organizaciones ya no es enfrentar a la Fuerza Pública, sino disputar y mantener el control territorial y sus finanzas ilícitas. Esto ha llevado a que las alianzas y enfrentamientos entre distintos grupos sigan dejando a la población civil vulnerable, sometida a amenazas y enfrentamientos que limitan sus derechos de movilidad, trabajo y convivencia ciudadana.

El narcotráfico sigue siendo la principal fuente de ingresos de estos grupos. Según el último informe de Naciones Unidas, en 2024 Colombia alcanzó las 253.000 hectáreas de cultivos de coca, un 10 % más que en 2023. La producción de cocaína aumentó un 53 %, alcanzando las 2.664 toneladas. Esto refleja un proceso de producción más eficiente, un factor clave en el mantenimiento de la violencia, hasta tanto no se implementa una estrategia estatal integral y eficaz para contrarrestarla.

Según fuentes militares, se estima que —a 13 de marzo de 2024— los hombres en armas de los grupos ilegales crecieron un 11 % con respecto a 2022, alcanzando un total de 16.769 integrantes con presencia en 253 municipios. Esta cifra incluye: ELN (6.158), disidencias de las Farc de Iván Mordisco (3.860), Segunda Marquetalia (1.751) y el Clan del Golfo (5.000). Este aumento refleja el poderío de los grupos armados ilegales, incluso en medio de la paz total, una estrategia limitada al tratar de negociar sólo con una fracción de estas organizaciones, mientras el resto continúa delinquiendo con total impunidad.

Como era de esperarse, las negociaciones con el ELN están suspendidas debido a una escalada terrorista, incumplimientos en los ceses al fuego y divisiones internas dentro del grupo. Las negociaciones con las disidencias de alias Iván Mordisco, que agrupan el 70 % de los combatientes disidentes, también se rompieron, y no hay avances significativos con el Clan del Golfo ni con otras bandas.

Estas conversaciones de paz, marcadas por la improvisación, la ausencia de protocolos claros, la falta de zonas de concentración y la carencia de comités de verificación sólidas, crean un ambiente de incertidumbre que limita a la Fuerza Pública. Por un lado, se ordena respetar los ceses al fuego para no afectar las conversaciones, pero —por otro— la violencia arrecia con ataques terroristas contra infraestructura petrolera, instalaciones militares, secuestros de soldados y el uso de armas no convencionales como explosivos improvisados y drones. Según Indepaz, en 2023 se registraron 94 masacres con 303 víctimas, además de 188 líderes sociales asesinados. En 2024, hasta octubre, se han reportado 54 masacres,100 líderes asesinados, 70 miembros de la Fuerza Pública asesinados y 318 heridos en actos del servicio, con Antioquia, Cauca y Arauca como los departamentos más afectados.

La cruda realidad del conflicto ha forzado al presidente Petro a dar un giro en su iniciativa de paz, ordenando una ofensiva militar contra las disidencias de Iván Mordisco en áreas estratégicas como el cañón del río Micay. Esto demuestra que, a más de medio camino de gobierno, las conversaciones de paz no están dando frutos, y se hace evidente que los grupos armados ilegales no tienen interés en dialogar en las actuales circunstancias.

Según la encuesta de Invamer del 16 de octubre de 2024, la desaprobación del presidente Petro alcanza el 61 %, mientras que su aprobación se sitúa en el 34 %, evidenciando un panorama desfavorable de su gestión, con una caída de más de 20 puntos desde el inicio de su mandato. El programa de paz total recibió una evaluación mayoritariamente negativa, con un 63 % de los encuestados considerando que la política no está funcionando adecuadamente, lo que indica un creciente escepticismo sobre la efectividad de las estrategias para lograr la paz y reducir el conflicto armado.

Hay cuestionamientos al liderazgo del ministro de Defensa en la conducción estratégica de las tropas, y el papel del alto comisionado para la paz no aporta claridad ni decisión para llamar las cosas por su nombre, especialmente por los cuestionados gestores de paz. Por otro lado, las recurrentes arenas del presidente Petro, que en ocasiones parecen favorecer a los grupos armados, generan tensiones en la Fuerza Pública y envalentonan a las organizaciones ilegales, que no ven apremio alguno para desmovilizarse y abandonar sus lucrativos negocios.

Las buenas intenciones no bastan para negociar con grupos armados ilegales cuyo verdadero interés son las rentas criminales. El Gobierno debe replantear su enfoque para recuperar al menos el control territorial, pues el tiempo de la paz total se agota, al igual que las esperanzas de muchos colombianos que apostaron por el “gobierno del cambio”.