Guerra jurídica o 'Lawfare'

Durante los días 12, 13 y 14 de julio, se reunieron en Puebla, México, 30 destacados dirigentes progresistas de América Latina para analizar el estado de la democracia en el continente. Entre los asistentes que tomaron el nombre de “Grupo de Puebla” se encuentran Cuauhtémoc Cárdenas de México, José Miguel Insulza y Marco Enríquez Ominami de Chile, Fernando Haddad de Brasil, Daniel Martínez de Uruguay, Ernesto Samper de Colombia y Jorge Enrique Taiana de Argentina, entre otros dirigentes y académicos.

Como primera conclusión del encuentro, este colectivo decidió organizarse como un espacio de reflexión e intercambio político en Latinoamérica para analizar estratégicamente los desafíos comunes y trazar iniciativas conjuntas, dado el alto nivel de coincidencia en los riesgo y oportunidades que revelaron los informes de los países asistentes.

Frente a la nueva ola de gobiernos conservadores, caracterizados por políticas regresivas, además del retroceso en materia de derechos humanos y política social, quedó al descubierto un fenómeno que se repite país tras país y del cual no se escapa Colombia. Se trata de la guerra jurídica, conocida como lawfare en los manuales de estrategia militar, y que consiste en “la deliberada manipulación de procedimientos legales con el objetivo de silenciar, intimidar o directamente restringir la libertad de las y los representantes populares” y que “busca la construcción de una hegemonía política a través de la exclusión de las fuerzas progresistas” del debate público y la participación democrática.

Uno de los casos más analizados fue el del expresidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva. Como lo han venido a demostrar las conversaciones reveladas por el periodista estadounidense y ganador del premio Pulitzer, Glenn Greenwald, en el portal The Intercept, los jueces e investigadores del caso Lava Jato manejaron el proceso para impedir que Lula fuera candidato presidencial cuando las encuestas demostraban que tenía altísimas posibilidades de ganar las elecciones.

En Colombia, los senadores Roy Barreras, Iván Cepeda y Antonio Sanguino denunciaron el pasado 6 de julio, en misivas al Presidente y a la Fiscalía, que han sido informados por una fuente de alta credibilidad que hay una estrategia para maquinar investigaciones penales basadas en falsas acusaciones detrás de la cual estaría la Dirección Nacional de Inteligencia. Denuncian que, en reunión sostenida en un inmueble de El Salitre, “funcionarios de la DNI comentaron las directrices, según ellos, emanadas del propio Director de Inteligencia, almirante Rodolfo Amaya Kerquelén, en el sentido de adelantar seguimientos y acciones contra los ‘objetivos políticos’” que serían los senadores y otra docena adicional de dirigentes.  

Este tipo de guerra jurídica o lawfare ha elaborado múltiples formas del uso indebido de herramientas jurídicas orientadas a la persecución política y a la utilización de la ley como un arma para destruir al adversario por la vía judicial. Para ser exitosa, la estrategia, que tiene por finalidad desacreditar y sacar del juego político al adversario, requiere de la articulación con los medios de comunicación y las redes sociales, donde se difunden contenidos desfavorables o favorables, según el caso, a determinadas personalidades, grupos o sectores políticos.

Se fabrica así una matriz de opinión que favorece a unos y perjudica a otros, todo ello basado en hechos e informaciones de contenido jurídico, enmarcadas en la lucha contra la corrupción que ha adquirido necesaria relevancia en todos nuestros países. La oportunidad para saber cuándo los hechos y pruebas exhibidas son certeras o no se enfrenta a los tiempos judiciales que son bastante más prolongados que las exigencias de la contienda política. Este hecho hace de la guerra jurídica un arma letal en el debate político.

La guerra jurídica es hoy una de las amenazas más serias a la institucionalidad democrática regional. Para coordinar una estrategia efectiva frente a este fenómeno, el Grupo de Puebla decidió constituir el Comité Latinoamericano por la Defensa de la Justicia y la Democracia, integrado por figuras de la región. Dicho comité diseñará acciones concretas para denunciar los casos de persecución jurídica contra exjefes de Estado y líderes progresistas en Brasil, Ecuador, Argentina, Colombia y otros países latinoamericanos y busca convertirse en un referente ético en la defensa de la democracia.