Gustavo Bolívar: “El 60 % del Congreso es corrupto”

En la pasada edición de la revista SEMANA, se dedica la portada y se publica una larga entrevista con el senador Gustavo Bolívar, con ocasión de la renuncia a su curul, en la que se destaca el señalamiento de corrupción del Congreso en la no despreciable proporción del 60 %. Sustenta su aseveración en la constatación de prácticas de cabildeo, intermediación burocrática, contratación indebida y otros negociados que podrían ser billonarios. A lo anterior, le suma la muy delicada denuncia de trata de personas en esa corporación.

Si bien pretende dejar a salvo al Pacto Histórico -al cual pertenece-, en forma calculada acepta que dos o tres de sus compañeros exprimen la política y buscan dinero en todas partes. Identifica como causa del problema la financiación de las campañas políticas que genera la necesidad de llegar a hacer negocios, a intermediar indebidamente contratos con el Estado y con los ministros y el presidente, que siempre les están dando juego porque requieren de sus votos en el Congreso.

Bolívar no oculta sus aspiraciones políticas a la Alcaldía de Bogotá y seguramente el despliegue de la revista compensa lo que la coalición de gobierno no le reconoció en el Congreso. Se muestra ingenuo, como si la política lo permitiera, que lo permite todo; se muestra franco, con una transparencia propia de campaña electoral, para desnudar los vicios de la representación y las disfunciones de la administración, como si lo sorprendieran; y se muestra cauteloso con el presidente de la República y menos con el del Legislativo, dependiendo de sus grados de proximidad y sus apoyos futuros, como alfil de la coalición. En el momento de las generalizaciones, salpica a jueces y a órganos de control.

Sin embargo, las declaraciones parecen más un tiro en el pie que el inicio de campaña para burgomaestre de la capital. Las denuncias alertaron a la Fiscalía, que abrió las investigaciones correspondientes y requirió al personaje para que precisara los hechos y los responsables; además, ya hay quienes sostienen que existe responsabilidad penal por omisión de denuncia de hechos de tal gravedad y magnitud. Lo anterior, sin contar las reacciones y animosidad de los posibles afectados. Además, probablemente por la confusión de estrategias, sin querer queriendo, se refirió de manera expresa a los ministros y al presidente, como cohonestadores de la corrupción legislativa, por estar en permanente disposición a las solicitudes de los congresistas a cambio de obtener las mayorías en los proyectos de interés gubernamental.

Es cierto que el régimen presidencialista colombiano tiene una proclividad aguda a las relaciones perniciosas entre el Gobierno y el Legislativo, permite la participación de los partidos de gobierno en el gabinete ministerial y en la administración en general, pero degenera fácilmente en clientelismo, contrataciones indebidas, cupos indicativos del presupuesto y otras prácticas cuestionables. Lamentablemente, no se trata de este último gobierno, sino de muchos o todos los anteriores, aunque en el presente caso, el cacareado “cambio” se ahoga a sabiendas del presidente Petro en la perversidad del sistema político, que acusa Bolívar.

Así las cosas, el Legislativo estaría aquejado por una corrupción aterradora, pero buena parte de ella tendría lugar con la participación del Gobierno a cambio de las mayorías en el Congreso.

En fin, Bolívar, en su afán de hacer política y arremeter contra el ya desprestigiado órgano de la democracia, sin reparar en lo que decía, terminó poniendo en evidencia las malas prácticas del actual gobierno, que anuncia cambios, pero se aviene a los vicios de la política tradicional.