OPINIÓN

Hacemos futuro

El covid-19 ha hecho evidente la necesidad de estructurar políticas públicas de reconocimiento del derecho al mínimo vital mediante programas que tuvieron éxito en el pasado reciente en gobiernos progresistas.

Clara López Obregón, Clara López Obregón
19 de mayo de 2020

El Grupo Puebla, integrado por cuarenta expresidentes, exministros y parlamentarios progresistas de 14 países de América Latina y España, a título de mujeres y hombres libres sin representación de organización partidaria alguna, celebró su quinto encuentro con sede virtual en Colombia para debatir la paz y la economía en el contexto de la crisis pandémica. Los oradores principales fueron el presidente de Argentina, Alberto Fernández; el premio nobel de economía, Joseph Stiglitz; y los expresidentes Ernesto Samper, José Mujica e Ignacio Lula da Silva. En el debate intervinieron otros seis expresidentes y los principales dirigentes de oposición colombianos.

Las participaciones fincaron la salida de la crisis en el rescate del proceso de paz, la participación del Estado en la provisión de bienes públicos colectivos y un cambio económico fundado en la protección social de los amplios sectores dejados atrás por el modelo dominante, la transición ecológica y la necesaria unidad de todas fuerzas sociales y políticas progresistas de cada país, en un gran compromiso suprapartidista por el cambio.

Entre las conclusiones que contiene la declaración final sobresalen dos necesidades apremiantes: No volver a un sistema de producción, extracción, acumulación y consumo incompatible con el desafío que representa la adaptación al fenómeno subestimado del cambio climático y asumir la salud como un bien público global, en el entendido que “no existe dilema entre salud y economía, pues es inviable pensar en una reactivación del consumo, del ahorro y de la inversión con la amenaza latente de la pandemia”.

En este contexto, la declaración conjunta del Grupo de Puebla y los progresistas de Colombia propone un nuevo Estado que prevea desde ya cómo gestionar la pospandemia, con la estructuración de un régimen fiscal progresivo y el manejo y distribución desde la esfera pública de bienes sociales como la salud, que ha sufrido los estragos de la mercantilización, dejando a los más vulnerables sin la atención debida.

De igual forma, manifestamos que la covid-19 ha hecho evidente la necesidad de estructurar políticas públicas de reconocimiento del derecho al mínimo vital mediante programas que tuvieron éxito en el pasado reciente en gobiernos progresistas y otros nuevos, como la garantía de una renta básica, inicialmente extraordinaria, para garantizar con dignidad las condiciones del confinamiento decretado en casi todos los países latinoamericanos y evitar que sean los más vulnerables los que paguen el grueso de su costo.

El Grupo de Puebla mostró su “preocupación por la paz en Colombia, seriamente amenazada por la postura del actual gobierno empecinado en desestimar compromisos fundamentales contraídos” e hizo propias las palabras del expresidente de Uruguay, José Mujica: “Un eventual fracaso de la paz en Colombia sería, sin duda alguna, nuestro fracaso como humanidad,” que fueron lamentablemente sacadas de contexto.

También se criticó el desconocimiento del rol histórico que ha desempeñado Cuba en varios procesos de paz de Colombia, al ser injustamente señalada por EEUU y el Gobierno Duque de albergar terroristas por cumplir los protocolos suscritos con Colombia, amparados en el derecho internacional, para garantizar a los negociadores del ELN su regreso al país en las condiciones que salieron, de fracasar las negociaciones como efectivamente sucedió.

En el escenario post covid-19, la declaración plantea la necesidad para Colombia, esta vez inaplazable, de poner en marcha un modelo de inclusión social que responda a las necesidades económicas, sociales y ambientales exacerbadas por la coyuntura, a la vez que se defienda “como activo fundacional del progresismo colombiano, los acuerdos de La Habana, así como la reactivación de las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional, suspendidas indefinidamente por parte del gobierno actual”.

Finalmente, teniendo en cuenta el ejemplo de unidad de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirshner en Argentina, la declaración advierte: Reconocemos que la unidad es el camino. El progresismo colombiano y latinoamericano no se puede dar el lujo de enfrentarse. Eso solo favorece a la derecha. Nuestros pueblos merecen los máximos esfuerzos unitarios. Para construir un mundo más justo lo primero que debemos hacer es unir las fuerzas del progresismo.

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