Hidroituango: una mirada desde el rigor de la verdad

Las consideraciones políticas y electorales no tienen cabida en la historia del proceso fiscal adelantado por el colapso del proyecto Hidroituango, el más ambicioso de generación eléctrica del país, concebido inicialmente para atender cerca del veinte por ciento de la demanda nacional del servicio.

La introducción y el nudo del proyecto comenzaron a ser escritos en 2008, cuando al cabo de los esfuerzos desplegados desde 1999 para la obtención de la licencia ambiental sus gestores lograron la preventa, en subasta, de 2.400 megavatios al día, desde el primero de diciembre 2018 hasta el 20 de noviembre de 2038. Su desenlace, hoy, sin estar en firme. El fallo fiscal, al parecer implica perjuicios fiscales y patrimoniales para el Estado del orden de los $ 4,3 billones, que han sido calculados bajo el mayor rigor.

Una larga cadena de presuntos errores, imprevisiones, omisiones, desaciertos administrativos y financieros, y contingencias han frustrado el sueño abrigado por la sociedad de que el colosal proyecto sirva para llevar energía a dos millones cuatrocientos mil hogares colombianos.

La mención a la potencial cobertura no es un añadido fortuito a esta narrativa, dramática por sí misma. Está en el fallo de 2.511 páginas, basado en copiosas y sólidas pruebas, mediante el cual la Contraloría General la República declaró, en primera instancia, responsables fiscales a 26 funcionarios y contratistas, a quienes se atribuyen manejos que hicieron que las mayores inversiones bordeen el 115 por ciento del valor inicialmente planeado para Hidroituango y que la promesa de valor del mismo haya quedado destruida.

Cuando se produjo la llamada “contingencia” de abril de 2018, la Contraloría General de la República no tenía competencia para asumir directamente el caso. El país no contaba todavía con el modelo de control fiscal preventivo que hoy nos permite detectar riesgos de manera oportuna y evitar millonarios detrimentos al erario público. Su intervención excepcional fue producto de una solicitud elevada en enero de 2019 por la ciudadanía organizada y aceptada conforme a la Ley por este Ente de Control.

La Contraloría inició sus actuaciones con racional celeridad, pero sin precipitud. Lo hizo a través de una actuación especial de fiscalización tendiente a determinar el estado real del proyecto y las causas que originaron su colapso. Esta contó con el apoyo de una comisión interdisciplinaria de expertos de la Universidad Nacional de Colombia, que se encargaron del estudio financiero basado en modelos elaborados por Inverlink y EPM.

Cuatro meses más tarde, los hallazgos con incidencia fiscal fueron trasladados a la órbita competente y el 8 de noviembre de 2019 fue abierto formalmente el proceso de responsabilidad fiscal que, apegado no solo a la ritualidad procesal, sino a las garantías para los investigados, sería fallado dos años y dos meses después.

Valga lo hasta aquí mencionado para precisar que esta línea de tiempo sobre la “entrada en escena” de la Contraloría demuestra que el control sobre el proyecto y sus resultados no fueron espontáneos ni recientes, y que se ha procedido con el rigor necesario, lejos de cualquier sesgo o influencia que pudiera resultar perversa o ajena al carácter técnico y autonomía de la entidad y sus servidores.

No está mal que en un estado social de derecho incluso las actuaciones de los órganos de control estén sometidas al escrutinio público, pero el ejercicio debe ser riguroso y cierto, como lo son las pruebas que le dan sustento al proceso y como lo ha sido el respeto por el debido proceso de todos los involucrados. No digo “irrefutables” al referirme a las pruebas, porque a los declarados responsables en primera instancia les asiste legítimamente el derecho a los recursos en sede administrativa e incluso de controvertirlas ante la jurisdicción correspondiente.

Desde la Contraloría seguiremos actuando con la contundencia necesaria para la salvaguarda de los recursos de todos los colombianos, no aceptaremos presiones de ningún tipo y haremos respetar la autonomía técnica y administrativa del órgano de control y sus servidores.