Hipotecando el futuro

En la última semana, sin que se le diera mayor trascendencia, una sentencia del Consejo de Estado selló el futuro de mediocridad de la educación básica y media en Colombia. Seguramente las razones jurídicas que permitieron a los maestros de Colombia extender su periodo laboral, más allá de la edad de jubilación y hasta los 70 años, tengan todo el sustento jurídico. Sin embargo, en la práctica, significa extender la saga de mala educación al que han estado sometidos los niños colombianos que desafortunadamente se ven obligados a asistir a las escuelas públicas del país. Las grandes diferencias de calidad entre la educación pública y privada es uno de los mayores factores de inequidad en la población colombiana y uno de los inductores posteriores de inequidades en el ingreso.

Basta releer los resultados de las Pruebas Pisa 2024 para entender el drama de nuestros niños. Colombia ocupó el puesto 28 -entre 64 países- con el registro más bajo dentro de los países que adhieren al club de las buenas prácticas, con un puntaje de 26, 7 puntos por debajo del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Junto con Brasil, Jamaica y Panamá, los niños colombianos obtuvieron las puntuaciones relativamente más bajas en pensamiento creativo y comprensión de lectura. No obstante, en el mediano plazo parece que se cierra la esperanza de reemplazar la cohorte de maestros que han generado esos bajos resultados.

En el corto plazo, las perspectivas son peores para la educación nacional. Colombia se ha distinguido por tener un grupo amplio de universidades con buena calidad educativa. El proceso iniciado con la Ley 30 de 1992, que instituyó un sistema de calidad basado en requisitos mínimos a través del registro calificado y acreditación de programas -así como la acreditación de instituciones educativas- está a punto de irse al traste ante las erróneas decisiones del Gobierno nacional.

Logramos constituir un modelo virtuoso de competencia por calidad, que incluye tanto universidades públicas como privadas, y durante los pasados 30 años estas instituciones invirtieron cuantiosos recursos para mejorar sus infraestructuras, capacitar docentes, mejorar la investigación y el bienestar de los estudiantes. Sin embargo, las declaraciones y políticas del gobierno están creando a una doble crisis por los ajustes presupuestales derivados del marco fiscal de corto plazo: Generaron un desfinanciamiento de las universidades privadas -con la crisis inducida al ICETEX- y los problemas de sostenibilidad de las universidades públicas.

Sin temor a equivocarse se puede aseverar que el acceso a la educación superior en Colombia ha sido el factor más importante de progreso y equidad en la población colombiana durante las cinco décadas anteriores. En la actualidad, no existe en nuestro país ningún mecanismo social que supere a la educación superior en materia de generación de oportunidades, la mejoría en el ingreso, el fortalecimiento de la clase media y la modulación de las fallas estructurales de la educación primaria y secundaria.

En el pasado, diferentes gobiernos impulsaron programas inclusivos de jóvenes de sectores populares en instituciones de alta calidad, donde además de las oportunidades educativas, se alcanzara una integración social en búsqueda de un país más igualitario. Esta es una línea de política que debería, en el futuro, promover una acción afirmativa en el sistema de educación superior que permitiera equiparar el acceso a la universidad ente las diferentes clases sociales, superado mediante la financiación pública de los estudiantes que no tienen capacidad para pagar matriculas de universidades privadas.

Hoy esa visión cambió. Se pretende instaurar universidades en los lugares más remotos de país como si allá existiesen, los recursos de profesorado y de investigación, por generación espontánea. Hay que comprender que una universidad no es el edificio, es la comunidad educativa que la conforma. Eso está inmerso en su definición y, por esa razón, el prestigio de las universidades es de sus comunidades académicas. La fortaleza de Oxford, Cambridge o las grandes universidades norteamericanas no depende de sus fríos y a veces austeros salones. Depende de la capacidad de dichas instituciones para reunir profesores y estudiantes que conviven e interactúan más allá, incluso de los salones de clase, permitiendo no solo la transmisión de conocimientos sino el intercambio de culturas, lenguajes, estilos de vida, creación de lazos y fortalecimiento del capital social.

Realmente es patético lo que está pasando en el sector educativo superior en Colombia. Es triste ver que, uno de los pocos renglones donde el país es realmente competitivo a nivel profesional en el mundo, se pretenda cambiar sin tener la mínima claridad sobre las consecuencias y los efectos que se puedan generar. Esos cambios, para decirlo de alguna forma extrema, son suicidas para nuestra sociedad.