Cuando el Gobierno se saltó al Congreso

En estos días se ha recordado un conocido capítulo de nuestra historia política, que no constituye propiamente un ejemplo de nuestra sempiterna “democracia” a la que frecuentemente nos referimos.  

Corría el año de 1949 y el país había entrado en una etapa de aguda confrontación, derivada de la violencia política oficial emprendida después del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán. El Gobierno había resuelto utilizar a la politizada policía de ese entonces para reprimir las reacciones de inconformidad que se presentaban en diferentes regiones del país. Fue famosa la llamada “policía chulavita”, como se denominó un contingente reclutado en la población boyacense de ese nombre , que fue trasladado al sur del Tolima y norte del Huila donde inició una represión generalizada.

El Partido Liberal había triunfado en las elecciones para congreso celebradas en junio de ese año y tan pronto como entró en funciones, presentó un proyecto de ley para adelantar las elecciones previstas para el año siguiente. El Gobierno se opuso, pero el congreso ganó la partida, ya que la Corte Suprema de Justicia avaló la decisión.  

El Congreso se volvió para el Gobierno una “piedra en el zapato”. El 8 de noviembre de 1949, la bancada liberal resolvió designar una comisión de la cámara de representantes para estudiar la posibilidad de acusar ante el senado al presidente Mariano Ospina Pérez. En un acto quijotesco, el 9 de noviembre el presidente de la Cámara pidió una cita con el ministro de guerra para notificarle la conformación de la comisión y solicitarle “que se pusiera a disposición del parlamento la fuerza pública indispensable” para adelantar la acusación.

La cita se celebró en horas de la tarde y en ella el presidente de la cámara y un joven representante, Julio César Turbay Ayala, entregaron la solicitud al ministro. Dos horas después el presidente, mediante un decreto declaró turbado el orden público y clausuró, no solamente al congreso sino también las asambleas departamentales y los consejos municipales en todo el país. Igualmente estableció la censura de prensa. El decreto fue firmado, además del presidente, por sus ministros de Gobierno y de Relaciones Exteriores (¿?).

Acogiendo la ingenua solicitud que se le había formulado, el gobierno envió a la policía del régimen a ocupar el congreso, pero no propiamente para “proteger” a la comisión de la cámara en sus deliberaciones, sino para expulsar a los parlamentarios que se encontraban en el recinto de la corporación e impedir el acceso de los que pretendían ingresar.

No había que afanarse mucho por la reacción nacional, ya que, ante la censura de prensa los periódicos se dedicaron a informar sobre el concurso de belleza en Cartagena, donde la barranquillera Miriam Sojo Zambrano fue elegida Señorita Colombia.

Naturalmente que la decisión gubernamental de cerrar el congreso estaba “respaldada en la constitución nacional” y motivada por la necesidad de preservar la paz y “restablecer el orden público interno”. Vaya…vaya…