Hospitales privados, en la encrucijada

Una conversación desprevenida durante un receso de un congreso médico serviría para hacer una evaluación rápida de lo que significan los hospitales privados en nuestro sistema de salud. Una epidemióloga chilena, que tuvo rol directivo durante la pandemia en su país, contaba que Chile inició la pandemia con apenas 800 camas de cuidado intensivo -4 camas por cada 100.000 chilenos-. Un colega del Perú refería que su país apenas contaba con 500 camas -1.5 camas por 100.000-. Colombia inició con 5,200 camas -10.4 por cada 100.000 colombianos-.

Esas diferencias significaron miles de vidas salvadas en nuestro país. Significó que entre los países de mediano tamaño y grandes de la región, tuviésemos la menor tasa de mortalidad. Incluido México, cuyo subsecretario de salud acaba de reconocer que si se tiene en cuenta todo el crecimiento en muertes de 2020 a 2022 –exceso de mortalidad-, el número de fallecidos por covid en ese país creció de los 400.000 registrados a 700.000.

¿Por qué Colombia tenía una capacidad instalada tan grande de camas de cuidado intensivo desde antes de pandemia? Fundamentalmente, porque nuestros hospitales privados crecieron de manera muy significativa, impulsados por la presión de la demanda de servicios que posibilitó la ley 100 de 1993 y por la financiación sostenible que ha sido posible a través del aseguramiento. Pero nuestros hospitales privados no solo crecieron en tamaño, sino también en calidad. Hoy podemos decir con orgullo que en los diferentes rankings consuetudinariamente, entre los mejores 50 hospitales de Latinoamérica, 20 suelen ser colombianos.

Pero no solo hemos crecido en hospitales de alta complejidad. Mientras el país cuenta con 991 instituciones públicas –ESE-, con servicios ambulatorios, tenemos 6,812 instituciones privadas con servicios ambulatorios. El 70% de las sedes de servicios ambulatorios de baja y mediana complejidad son privadas en Colombia. Según el registro nacional de prestadores de servicios de salud, las instituciones ambulatorias privadas han generado, en los pasados 20 años, más de 10.000 nuevas sedes de prestación de servicios, el triple de las que se han generado -3.019- desde el sector público.

Toda la capacidad hospitalaria y ambulatoria privada se encuentra en riesgo con la reforma a la salud que está a punto de ser aprobada en la Cámara de Representantes y con ella en absoluto riesgo la garantía de servicios a los colombianos.

En primer lugar, el gobierno pretende convencer de que la reforma a la salud es de suma cero, o sea que con los mismos recursos existentes –los famosos 90 billones- se puede reconvertir el sistema y crear el nuevo que se propone. No seamos ingenuos, las necesidades de inversión y los costos que agregarán a las transacciones dentro del sistema reorientarán muchos de los recursos al sector público -donde la avidez ya muy conocida de los gobernantes locales- capturará todos los recursos. Una reforma que casi completa el 50% de su trámite sin el aval del Ministerio de Hacienda.

En segundo lugar, otra gran cantidad de los recursos del sistema serán dirigidos a los hospitales públicos que, con contadas y meritorias excepciones, son barriles sin fondo, muchos de ellos entregados con nombre propio a políticos regionales que orientan nóminas y contratos. La gran mayoría de hospitales públicos en Colombia no resisten una evaluación de eficiencia. No hemos encontrado la fórmula que asegure un modelo idóneo de gestión. Cuando los gerentes se elegían por dudosos concursos, los nombrados se trasformaban en dueños de las instituciones. Cuando se entregó a los gobernadores y alcaldes la selección de los gerentes, los hospitales públicos empezaron a caer en el reparto burocrático.

Mientras tanto, la mayor parte de la atención en el sistema ha recaído en casi todo el país en la red privada de servicios. Pero es una red muy vulnerable a la disponibilidad de recursos. Algunos dirigentes gremiales piensan que la reforma a la salud les va a mejorar las condiciones por el giro directo desde la Adres. No se quieren dar cuenta que esta pelea no es entre las EPS y los hospitales privados, sino que cubre a todo lo que huela a privado.

Sería bueno que las juntas de los hospitales privados del país revisen el nudo gordiano que va a generarles la reforma a la salud. Nadie les va a quitar la excesiva demanda de servicios y las urgencias atestadas que ya tienen encima; mientras tanto, los recursos financieros se irán reduciendo -en medio del monopolio y discrecionalidad de este y los próximos gobiernos- sobre los dineros de la salud porque la codicia sobre los recursos públicos no tiene color político.

A manera de ejemplo, en el último presupuesto nacional, el gobierno de López Obrador en México decidió unilateralmente reducir en 40% el presupuesto para las prestaciones de servicios de salud. ¿Quiénes están sufriendo la mayor parte del recorte? Adivinen. Y eso que por allá no existen EPS.