Impunidad histórica: de la paz “duradera” de Santos, a la paz “total” de Petro.

El anhelo legítimo de toda nación, la paz, se nos vende hoy como la bandera populista del progresismo que está buscando alinear nuestra sociedad con una verdad ideologizada y una justicia debilitada. Este panorama aleja cada vez más la reconciliación, a su vez que hace más violenta y polarizada la expresión ciudadana como se evidenció en la reciente campaña política con las expresiones agresivas y discriminatorias en las redes sociales entre personas que ni se conocen, o las bodegas direccionadas a linchar un objetivo opositor .

La reconciliación obliga al reconocimiento de la verdad en el marco de los hechos, no de posturas acomodadas a la conveniencia política de los criminales, o a la demencia ideológica de aquellos cercanos a la defensa de sus aberrantes “causas” en supuestas comisiones de la “verdad”, donde una mentira repetida muchas veces, se convierte en una verdad a medias.

La justicia no es un favor, es la compensación mínima para el dolor y la tragedia que viven las víctimas, contrario a muchos relatos que por estos días hacen los victimarios quienes parecieran estar haciendo el favor de no matar ni secuestrar más colombianos.

Ese pacifismo manipulador e irresponsable nubla el sentido común y la objetividad de diferentes sectores de la sociedad que bajo el sofisma de paz “duradera” o “total” caen bajo el encantamiento que ha permitido el reciclaje de grupos guerrilleros y paramilitares en carteles de la droga a todo nivel, y el incremento exponencial de la minería ilegal .

La reconciliación no es arrodillarse ante la presión criminal.

Abandonar la responsabilidad de incrementar las capacidades de la justicia en la primera instancia, y de un mayor nivel de especialización en la inteligencia del Estado, además de la claudicación en la interdicción contra el procesamiento y el tráfico de drogas o el irrespeto a la fuerza pública ante desplantes, sumado al descabezamiento de más de 50 generales de una sola plumada en el cambio de mando, muestra el debilitamiento del Estado frente a una criminalidad creciente en todas sus expresiones.

El Gobierno Petro dignifica la cúpula del ELN al cancelar las órdenes de captura y de extradición , ofrece al Clan del Golfo el acogimiento a la justicia, e incluso reconocidos crimínales bajo la propuesta de perdón social y humilla las víctimas mientras estos grupos siguen secuestrando y delinquiendo.

Ahora la fresa en el pastel: los narcotraficantes en la política de acogimiento a la justicia no serán extraditados según el presidente Petro. Esto si es vivir sabroso.

Los diálogos regionales para diluir la actividad delincuencial de invasión a la propiedad privada, especialmente en las tierras altamente productivas de caña de azúcar en los departamento de Valle del Cauca y del Cauca, anticipan el crecimiento de la indignación de las víctimas ante las expectativas generadas desde el Gobierno Santos, pueden conllevar a una tercera ola de violencia muy dañina para la democracia y el crecimiento económico de nuestro país. Esto, sumado a la evidente parcialización de la JEP y la Comisión de la Verdad que incluye la recomendación de organizar una Asamblea Constituyente, solo sería conveniente para aquellos que lideran un cambio con rumbo al abismo institucional, buscando perpetuarse en el poder de un Estado que se dirige a la reducción sistemática de nuestras libertades ciudadanas.

Debemos unirnos como nación alrededor de una Paz verdadera, que solo será el fruto de la aplicación firme de la justicia para condenar a los delincuentes y reivindicar a las víctimas.