Incoherencias nacionales

Hace unas semanas el país se conmocionó ante las imágenes del hipopótamo Pepe muerto en el Magdalena Medio a manos del Ejército. Ambientalistas, periodistas y gente del común manifestaron su rechazo a semejante cacería y algunos incluso pidieron las cabezas de los funcionarios que la autorizaron.
 
De otra parte, hace días, las imágenes del torero Luis Bolívar siendo corneado por un toro en la Plaza de Málaga, España, recorrían noticieros y medios escritos y la preocupación por la gravedad de las heridas que le causó el animal motivaron también la preocupación del mundo de la tauromaquia y varios reportajes de prensa.

La comparación entre la forma en la cual estos hechos fueron presentados a la opinión pública y la forma en la cual ambos fueron recibidos por ésta, ponen de presente graves inconsistencias. Mientras que la indignación por la muerte de Pepe era evidente tanto en los medios de comunicación como entre la gente del común, nadie se preguntó, ni en el caso del toro de Málaga, ni en otros similares, por la suerte del animal.
 
¿Qué es lo que distingue a Pepe, el hipopótamo, del anónimo toro de la Plaza de Málaga? y ¿por qué el caso de Pepe despertó la indignación de muchos mientras que el sacrificio de toros en la fiesta taurina pasa, por lo general, desapercibida?

No se trata de volver a la discusión sobre la adecuación moral de la fiesta brava, sino de llamar la atención sobre las inconsistencias presentes en la forma en que se abordan por la prensa y la opinión pública, uno y otro hecho. Mientras que la muerte de Pepe estaba en alguna medida justificada, -aunque uno pueda refutar las razones-, luego de la corrida en Málaga nadie se preguntó por qué, si el toro había superado a su adversario en franca lid, murió posteriormente a manos de un torero diferente a Bolívar.

Si se hiciera un intento por abstraer de estas dos noticias las razones morales que fundamentan la interpretación diferenciada que se les asigna, encontraríamos, por ejemplo, que los colombianos no aceptamos la muerte de animales cuando existen alternativas para mantenerlos con vida, -como habría sido el caso de Pepe si se le hubiera conseguido a tiempo un lugar donde vivir- pero sí aceptamos la muerte de animales cuando ésta es motivada por diversión.
 
La coexistencia de estas dos reglas morales, es imposible, pues sus términos son mutuamente excluyentes. No obstante, ambos juicios, simultáneamente, parecen haber guiado las interpretaciones que tanto periodistas como gente del común hacen de ambos eventos.

Ahora bien, parte de las razones por las cuales aceptamos la muerte de animales para proveer diversión a los seres humanos puede tener que ver con algunos de los argumentos que expuso el Procurador General Alejandro Ordóñez en un concepto que rindió ante la Corte Constitucional defendiendo la constitucionalidad de la fiesta brava.

Para el Procurador, las corridas de toros son “expresiones culturales y artísticas” que sirven de inspiración literaria y pictórica que enriquecen la cultura colombiana; la fiesta taurina “ha contribuido a la convivencia pacífica de las sociedades al permitir que desfoguen sus frustraciones e inconformismos”; “tanto la tauromaquia como la tradición gallística hacen parte del proceso de creación de identidad nacional en lo que tiene que ver con la cultura de nuestras regiones y sus manifestaciones artísticas".
 
Y finalmente, "de aceptarse las afirmaciones del demandante se caería en un estado de intolerancia contrario a la convivencia pacífica, en cuanto que cualquier manifestación de la vida social que no se comparta sería susceptible de ser proscrita del mundo jurídico con base en la afirmación de atentar contra el libre desarrollo de la personalidad de quien se considera ofendido o avergonzado con la actividad cuestionada".

El concepto del Procurador debería llamar la atención de cualquier lector porque revela las inconsistencias, por lo menos de su discurso público, antes y después de asumir su cargo. En primer lugar, antes de ser nombrado Procurador, Ordóñez era reconocido en su ciudad natal por quemar libros que consideraba obscenos y/o contrarios a la moral católica, en una clara actuación de intolerancia que ahora como Procurador critica.
 
Además, Ordóñez también es el autor del libro El libre desarrollo de la animalidad en el cual realiza una dura crítica contra el amparo frente a la discriminación que han recibido los homosexuales, en ejercicio del libre desarrollo de la personalidad, que el título de su libro parodia.

Ahora, como Procurador, Ordóñez encuentra que es intolerante y contrario a la convivencia pacífica el que haya personas que se oponen a la tortura y muerte por placer de los animales, en particular de los toros en las corridas, pero que no necesariamente piden la prohibición total de esta actividad. Y es que debe quedar claro que los antitaurinos, o por lo menos un sector de ellos, no buscan que la tauromaquia sea prohibida, sino tan sólo que se eviten las prácticas que constituyen, para ellos, torturas a los animales, lo cual sólo restringiría el uso de las banderillas, el piqueo y el estoque final.

De manera similar, el Procurador considera que desfogar las frustraciones e inconformismos de los seres humanos sobre los animales, como sugiere que pasa en las corridas de toros, es una práctica que debe ser conservada porque es una manifestación de nuestra identidad. De lo anterior se seguiría que la violencia sólo es nociva cuando se ejerce contra otros seres humanos pero no cuando se ejerce deliberadamente contra los animales.
 
Lo anterior por poco describe una apología a la violencia, siendo esta aceptable porque sus víctimas son animales y no seres humanos. Habría que recordarle al Procurador que la fiesta brava es una tradición importada sin cuya existencia no perderíamos nuestra identidad, salvo que el funcionario considere que la violencia hace parte esencial de la “colombianidad” o más bien de nuestra “animalidad”.

Luego de estos argumentos a favor de la fiesta taurina, ¿qué diría el Procurador de la muerte de Pepe? La respuesta está en un comunicado expedido por la entidad que él dirige: “aunque el permiso de caza de control fue expedido con el adecuado soporte legal y científico, se hace necesario evaluar el manejo que se viene dando a la fauna silvestre que se encuentra bajo la responsabilidad de la Dirección Nacional de Estupefacientes”.
 
Esta declaración muestra los titubeos del Procurador y tácitamente su reconocimiento de que la regla moral que se deriva de su posición frente a los toros, resulta dudosa aplicada a otras especies. Además, semejante regla difícilmente sería aceptada por la opinión pública.

Las falencias discursivas frente a temas como éste no son, ni mucho menos, exclusivas del Procurador sino que permean nuestros discursos cotidianos como lo atestigua el caso de Pepe frente al toro de Málaga. Por ello, las diferencias entre las formas en las cuales nos aproximamos a estos hechos deberían invitarnos a pensar sobre la coherencia de nuestros códigos morales. Al final, en un país donde el toreo, las becerradas, las novilladas y las peleas de gallos son legales, ¿qué más da que se mate a un animal de ingentes proporciones que puede asesinar a los humanos con que se encuentre a su paso?

*Natalia Ramírez Bustamante es asesora jurídica del Grupo de Derecho de Interés Público de la Universidad de los Andes. Las opiniones expuestas en esta columna comprometen únicamente a su autora.
El Grupo de Derecho de Interés Público de la facultad de derecho de la Universidad de los Andes (G-DIP), es un ente académico que persigue tres objetivos fundamentales: primero, tender puentes entre la universidad y la sociedad; segundo, contribuir a la renovación de la educación jurídica en nuestro país; y tercero, contribuir, a través del uso del derecho, a la solución de problemas estructurales de la sociedad, particularmente aquellos que afectan a los grupos más vulnerables de nuestra comunidad.