Uribe, ¿libre o preso?

La Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos una de las decisiones más trascendentales en la historia política y judicial de Colombia: la cárcel o la libertad para el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, el hombre más popular y polémico de las últimas dos décadas en el país. Amado y odiado. Señalado por sus opositores de estar supuestamente detrás de crímenes horrendos y considerado una víctima y un perseguido por sus seguidores. Uribe ha logrado salir ileso judicialmente de escándalos en los que incluso subalternos suyos fueron condenados, como el de la ‘yidispolítica’ y las chuzadas del DAS. Y no podemos olvidar los falsos positivos, cuando él era presidente, y Santos, su ministro de Defensa. El proceso que enfrenta hoy lo inició él mismo, cuando denunció al senador Iván Cepeda de manipular testigos en su contra, pero los magistrados absolvieron a Cepeda y ordenaron investigar a Uribe.

En todo caso, el hoy senador es un político con un inmenso poder. Desde 2002 ha tenido la Presidencia de la República: él 8 años, Santos 8 años y Duque lleva 1 de 4 años.

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Será la Corte la que determine cuál es el verdadero Uribe, el héroe o el villano. Aquí sí que tienen un reto los magistrados. No dejarse presionar por los malquerientes del expresidente ni por las redes sociales, a favor o en contra de Uribe; tampoco podrán dejarse intimidar por el poder que representan el procesado o sus opositores.

Es extraño decirlo y no quiero que suene ofensivo, pero en medio de la aguda polarización, la Corte deberá ser sorda y apegarse al estricto derecho para decidir frente a Uribe. No podrán estar presentes en el expediente los sentimientos naturales de aquellos días en los que sus togados libraron un inédito enfrentamiento con el Gobierno Uribe y vivieron el desasosiego por las chuzadas y los seguimientos del DAS contra ellos y sus familias. Esa dolorosa cicatriz existe. Aunque todos sabemos que lo que ocurrió fue infame, la Corte tendrá que estar por encima de ello. Y no podrá vengarse, porque sería indigno para la majestad de la justicia. Tampoco las decisiones de la Corte pueden ser medidas por las denuncias de corrupción que involucran a algunos de sus miembros con el cartel de la toga.

La Corte tendrá que ser sabia para determinar cuál es el testimonio real de Juan Guillermo Monsalve. ¿El que acusa a Uribe y a su hermano de crear un grupo paramilitar, o el que habría buscado retractarse? ¿En cuál de los dos momentos fue presionado y por quién? ¿Quién es el manipulador de testigos? ¿Quién buscó a quién a través de terceros? ¿Monsalve a Uribe o Uribe a Monsalve? ¿Uribe estaba ejerciendo su derecho a la defensa buscando desmontar un testigo en su contra? ¿Monsalve fue usado por opositores para acusar a Uribe? ¿O Uribe quería manipular el testimonio de este hombre que dice la verdad? ¿Monsalve fue paramilitar o no?

Hoy existe un manto de duda sobre las interceptaciones hechas a las comunicaciones de Uribe. La Corte aún no ha podido explicar de manera convincente por qué si no había una orden para monitorear las llamadas del expresidente, un “error” los llevó a escucharlo durante horas, días y semanas. Solo si las conversaciones demuestran conductas delictivas de Uribe, el país podría entender. Pero estoy segura de que nadie avalaría que lo escucharan sin una orden judicial, siendo de derecha o izquierda.

Uribe es el primer expresidente de Colombia en ser llamado a indagatoria. Y no está mal. La impunidad no es buena ni en las más altas esferas. No puede haber ciudadanos por encima de la ley. Y si el expresidente cometió algún delito, tiene que pagarlo. Dicho esto, es claro que Ernesto Samper se salvó del proceso ocho mil, por la entrada de dineros del cartel de Cali a su campaña; a Andrés Pastrana muchos habrían querido verlo procesado por los desmanes de las Farc en el Caguán, o a César Gaviria por la fuga de Pablo Escobar. Y ni qué decir de Belisario Betancur por la retoma del Palacio de Justicia o Juan Manuel Santos por reelegirse con los dineros de Odebrecht, la multinacional de los sobornos. Pero Uribe será el primero y esta Corte la primera en procesar a un exmandatario. Ambos deben estar a la altura, por el bien del país. Ojalá las decisiones se tomen pronto, porque este proceso es candela viva para la peligrosa división política en la que está sumergida Colombia.

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Aunque sus contradictores lo creen culpable, Uribe dice que es inocente, que asistirá a la indagatoria, que no se irá del país, que no pedirá asilo político y que si le toca ir a la cárcel, cumplirá la orden de los magistrados, así no la comparta.

A los seguidores y opositores les conviene la calma. Dejar que la justicia actúe, que tome las decisiones correspondientes y que Álvaro Uribe se defienda con todas las garantías; por ser quien es, no puede tener más, ni menos. Se equivocan aquellos que amenazan con “incendiar” el país si los magistrados emiten una medida de aseguramiento el 8 de octubre contra el expresidente o quienes prometen látigo y descalificaciones si no lo hacen.

Esta es una prueba de fuego para la Corte Suprema de Justicia que tendrá todos los ojos puestos encima, dentro y fuera del país. Una Corte que ha sido cuestionada por tardar más de un año en citar a indagatoria al expresidente, que tuvo el infortunio de hacer el primer llamado en plena campaña presidencial en 2018 y que ahora vuelve a tropezarse con las elecciones de octubre. ¿Una casualidad? ¿O simplemente la justicia no tiene por qué pensar en la conveniencia política para tomar sus decisiones?

Si a Santrich, un narco y matón, la Corte no lo detuvo, pues seguro a Uribe, que sí le ha servido al país, tampoco. Y es que tampoco son iguales. No podemos caer en la trampa de ponerlos al mismo nivel.