Indignación nacional

Estamos presenciando lo que puede llamarse el ‘petro gate’, donde las ejecutorias del gobierno se complican especialmente por las actuaciones de algunos ministros y las descabelladas propuestas que afectan profundamente la base moral del país, así como debido a la insistencia en premiar y darles impunidad a los delincuentes, consentir el irrespeto a la legítima autoridad de la Fuerza Pública, sumado a la posible mitomanía y a probables actos de corrupción en el entorno familiar del Jefe de Gobierno, que además de causar indignación nacional, permiten demostrar que efectivamente hoy no hay capacidad ni preparación para gobernar esta nación.

Produce escalofrío escuchar al Ministro del Interior en reunión con dirigentes de los vándalos que secuestraron a empleados de una petrolera y a más de 70 policías en San Vicente del Caguán, asesinando al subintendente Ricardo Arley Monroy Prieto (q.e.p.d.), quienes, seguramente debido a las instrucciones del Gobierno por el tema de ‘la paz total’, no emplearon la fuerza legítima del Estado para neutralizar a los delincuentes. Este Ministro, tratando de evadir la aplicación de la ley contra los delincuentes, manifiesta que no se trataba de un secuestro, sino de un ‘cerco humanitario’, torciendo el idioma, como siempre lo hace la izquierda para engañar al mundo.

De la misma forma, para tratar de convencer a los incautos de que incendiar las instalaciones de la petrolera no es un acto terrorista, aduce que se estaba produciendo una ‘movilización social’. Pero la cereza del postre la pone este Ministro cuando sin ninguna vergüenza llena de elogios a la famosa guardia campesina como un ‘mecanismo de autoprotección de los campesinos colombianos’, olvidándose que la Constitución en su artículo 216 establece que “la fuerza pública estará integrada en forma exclusiva por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional…”.

Todo esto hace hervir la sangre como ser humano y como colombiano, ya que con estas aberraciones y en nombre del actual gobierno, como él mismo lo manifiesta, está cometiendo afrentas contra el pueblo, contra la justicia, contra la democracia, contra los derechos humanos y contra las libertades, lo cual debe ser castigado por la ley; ministro Prada, usted parece no ser digno de este cargo, POR FAVOR RENUNCIE.

Es muy difícil entender que este gobierno, progresista de nombre, mas no sinónimo de superación sino de dominación ideológica y fáctica con el empleo de la violencia y la generación de odios, pueda patrocinar el menosprecio a la autoridad legítima del Estado, representado en este caso por la Policía Nacional, autoridad otorgada por mandato constitucional en lo que se considera un Estado de Derecho, pero pisoteada por quienes han crecido políticamente en un ambiente subversivo y de terror. Si no se recupera el valor de la autoridad, el Estado se desmorona y la guerra civil tendrá el combustible requerido para incendiar el país, como lo buscaron los integrantes de la oposición en el anterior período presidencial.

No se pueden confundir las libertades con el libertinaje. Este gobierno se ha propuesto afectar las columnas vertebrales de la sociedad y por ello ha hecho propuestas indecentes y absurdas como dejar de considerar delitos ciertas violaciones a la ley penal, premiar a los delincuentes por los actos de vandalismo, autorizar el aborto voluntario de las niñas menores de 14 años sin contar con el permiso de sus padres y ahora el ministro Osuna propone, bajo el concepto de la humanización carcelaria, acabar la actual criminalización del incesto y la inasistencia alimentaria, afectando directamente los derechos de la niñez y patrocinando más agresividad, irresponsabilidad y violencia. Es válido que este sea el gobierno del cambio, pero no puede ser el germen de la impunidad, la corrupción, la inmoralidad y la anarquía.

Ante estas aberraciones, Colombia debe unirse en pleno para exigir, de una parte, que se investigue y procese a quienes propiciaron estos hechos vandálicos de San Vicente del Caguán, donde no parece que fueran campesinos, sino más bien narcoterroristas y, con mayor razón, juzgar a quienes asesinaron al héroe de la patria, el subintendente Monroy Prieto. Pero también debemos unirnos para demandar que estos personajes renuncien a sus cargos, pues queda demostrado que frente a los engaños y marrullas de miembros del equipo de gobierno nunca habrá paz, sino que la impunidad reinará para premiar a quienes por sus actos delictivos han quedado fuera de la ley.

Estamos frente a una violencia similar a la vivida a comienzos de siglo XXI, con más de 14.000 delincuentes de diferentes pelambres actuando en el territorio nacional, sembrando terror y miedo, según reportan medios de comunicación; ¿qué estará sucediendo? ¿Por qué, en lugar de mejorar, estamos retrocediendo? No se escuchan los pronunciamientos de los mandos militares y policiales.