Jorge Gabriel Taboada
Informe sobre ciegos
El país debe solucionar las falencias institucionales que permitieron que una sociedad comisionista tan importante como InterBolsa operara de manera tan irregular por tanto tiempo.
Dinero
21 de noviembre de 2012
¿Por qué InterBolsa pudo hacer siempre lo que le daba la gana? A juzgar por los recientes acontecimientos podría decirse que el autorregulador, que tiene la responsabilidad de vigilar la manipulación de acciones, se durmió y no advirtió que algo raro estaba pasando con la acción de Fabricato. O que las calificadoras no detectaron los graves problemas de governance de InterBolsa y les dieron altas calificaciones a sus emisiones. O que las tesorerías institucionales y el público en general fueron seducidos por los rendimientos de los repos que estaban por encima del mercado, y olvidaron el riesgo que esto entraña. Pero más allá de las explicaciones coyunturales, es evidente que las autoridades nunca pudieron frenar a InterBolsa, a pesar de que durante muchos años actuó de forma peligrosa.
Este informe sobre ciegos procura desentrañar las causas por las cuales nadie pareció ver lo que InterBolsa hizo durante los últimos 10 años. Para lograrlo, comenzaré por recordar una investigación iniciada por el Superintendente de Valores que ejerció ese cargo durante la administración de Andrés Pastrana. Esa investigación reveló, el primer semestre de 2002, que dicha comisionista i) no llevaba la contabilidad conforme a la ley, ii) no registraba operaciones que hacía por cuenta propia, iii) daba a dineros de los clientes una destinación distinta a la convenida, iv) usaba dineros de los clientes para sus propias operaciones y v) hacía operaciones no representativas del mercado.
La investigación —con las pruebas listas— fue heredada por el Supervalores que nombró Álvaro Uribe, quien sancionó a la comisionista con multa de $160 millones y suspensión de tres días. Pero la suspensión se cumplió los días 22, 23 y 24 de diciembre de 2003 (¡!) así que solo sirvió para mejorarle la rumba navideña a sus traders, y la multa no fue muy disuasiva, porque ese año InterBolsa había obtenido $10.000 millones de utilidades (vea en Dinero.com la resolución de sanción).
Ante los graves hechos que estableció la investigación de 2002, cabe preguntarse ¿por qué fue tan corta la suspensión que se impuso a InterBolsa y tan convenientemente asignada su fecha de aplicación?
La respuesta está en que entonces InterBolsa no se había quebrado y podía hacerse tratar con gran respeto por las autoridades de vigilancia del mercado de valores.
Y, evidentemente, InterBolsa sabía bien cómo hacerse acreedora del respeto de las autoridades, tal como pudieron evidenciarlo todos los funcionarios de la Superfinanciera en agosto de 2007, cuando el gobierno le pidió la renuncia al superintendente Augusto Acosta y también —simultáneamente— a Édgar Lasso, superintendente delegado para intermediarios financieros, y a sus compañeros Esperanza Hernández, de riesgo de mercado, Fernando Espitia, de riesgo de crédito, y a Yalile Lamk, de intermediarios de valores; porque una vez salieron estos cuatro funcionarios —que dirigían conjuntamente una investigación sobre la identidad de los verdaderos dueños de las acciones de InterBolsa y de las comisionistas que querían fusionarse para formar a Proyectar Valores—, la fusión fue aprobada sin problemas.
La crisis —menor— que estamos viviendo por la quiebra de InterBolsa deja ver cómo en Colombia las entidades financieras importantes no tienen que temer que las autoridades les impongan sanciones serias por violar la ley, porque nuestras instituciones no están concebidas para lograr que esas entidades les tengan respeto a los funcionarios que las vigilan, sino para que estos sepan que pueden perder sus puestos si incomodan mucho. De manera que, para evitar que una crisis como esta se repita, el país debe ir más allá de las investigaciones puntuales sobre InterBolsa y solucionar las falencias institucionales que permitieron que una sociedad comisionista tan importante operara de manera tan irregular por tanto tiempo.
El mismo Superintendente que dejó andando la investigación contra InterBolsa en 2002, también dejó escrito un proyecto de ley de mercado de valores que eventualmente se convertiría en la Ley 964 de 2005. Pero, antes de presentarlo al Congreso, el Gobierno le quitó al proyecto los artículos que garantizaban que el Superintendente de Valores (hoy, Financiero) sería nombrado por periodos fijos, dejándolo expuesto a las intrigas palaciegas que suelen hacer los poderosos y sus sicarios jurídicos para detener las investigaciones inconvenientes.
Cuando la supervisión y la regulación de nuestros mercados financieros queden en manos del Banco Central o de un organismo independiente tipo Creg —como lo recomiendan los expertos en el tema y se hace en muchos países—, no solamente tendremos un sistema financiero más seguro, sino también una sociedad más democrática.
Este informe sobre ciegos procura desentrañar las causas por las cuales nadie pareció ver lo que InterBolsa hizo durante los últimos 10 años. Para lograrlo, comenzaré por recordar una investigación iniciada por el Superintendente de Valores que ejerció ese cargo durante la administración de Andrés Pastrana. Esa investigación reveló, el primer semestre de 2002, que dicha comisionista i) no llevaba la contabilidad conforme a la ley, ii) no registraba operaciones que hacía por cuenta propia, iii) daba a dineros de los clientes una destinación distinta a la convenida, iv) usaba dineros de los clientes para sus propias operaciones y v) hacía operaciones no representativas del mercado.
La investigación —con las pruebas listas— fue heredada por el Supervalores que nombró Álvaro Uribe, quien sancionó a la comisionista con multa de $160 millones y suspensión de tres días. Pero la suspensión se cumplió los días 22, 23 y 24 de diciembre de 2003 (¡!) así que solo sirvió para mejorarle la rumba navideña a sus traders, y la multa no fue muy disuasiva, porque ese año InterBolsa había obtenido $10.000 millones de utilidades (vea en Dinero.com la resolución de sanción).
Ante los graves hechos que estableció la investigación de 2002, cabe preguntarse ¿por qué fue tan corta la suspensión que se impuso a InterBolsa y tan convenientemente asignada su fecha de aplicación?
La respuesta está en que entonces InterBolsa no se había quebrado y podía hacerse tratar con gran respeto por las autoridades de vigilancia del mercado de valores.
Y, evidentemente, InterBolsa sabía bien cómo hacerse acreedora del respeto de las autoridades, tal como pudieron evidenciarlo todos los funcionarios de la Superfinanciera en agosto de 2007, cuando el gobierno le pidió la renuncia al superintendente Augusto Acosta y también —simultáneamente— a Édgar Lasso, superintendente delegado para intermediarios financieros, y a sus compañeros Esperanza Hernández, de riesgo de mercado, Fernando Espitia, de riesgo de crédito, y a Yalile Lamk, de intermediarios de valores; porque una vez salieron estos cuatro funcionarios —que dirigían conjuntamente una investigación sobre la identidad de los verdaderos dueños de las acciones de InterBolsa y de las comisionistas que querían fusionarse para formar a Proyectar Valores—, la fusión fue aprobada sin problemas.
La crisis —menor— que estamos viviendo por la quiebra de InterBolsa deja ver cómo en Colombia las entidades financieras importantes no tienen que temer que las autoridades les impongan sanciones serias por violar la ley, porque nuestras instituciones no están concebidas para lograr que esas entidades les tengan respeto a los funcionarios que las vigilan, sino para que estos sepan que pueden perder sus puestos si incomodan mucho. De manera que, para evitar que una crisis como esta se repita, el país debe ir más allá de las investigaciones puntuales sobre InterBolsa y solucionar las falencias institucionales que permitieron que una sociedad comisionista tan importante operara de manera tan irregular por tanto tiempo.
El mismo Superintendente que dejó andando la investigación contra InterBolsa en 2002, también dejó escrito un proyecto de ley de mercado de valores que eventualmente se convertiría en la Ley 964 de 2005. Pero, antes de presentarlo al Congreso, el Gobierno le quitó al proyecto los artículos que garantizaban que el Superintendente de Valores (hoy, Financiero) sería nombrado por periodos fijos, dejándolo expuesto a las intrigas palaciegas que suelen hacer los poderosos y sus sicarios jurídicos para detener las investigaciones inconvenientes.
Cuando la supervisión y la regulación de nuestros mercados financieros queden en manos del Banco Central o de un organismo independiente tipo Creg —como lo recomiendan los expertos en el tema y se hace en muchos países—, no solamente tendremos un sistema financiero más seguro, sino también una sociedad más democrática.
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