Inmunidad petrista

El artículo 107 de la otrora Constitución Nacional de 1886 contenía la cláusula de lo que luego se conocería como la inmunidad parlamentaria. Esta figura se caracterizaba por la imposibilidad de que algún miembro del Congreso pudiera ser llamado a juicio civil o criminal sin permiso de la Cámara a que pertenecía el congresista, esto es, ninguno de estos podía ser detenido sin la aceptación de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y de investigaciones en el Senado. Se entendía que el objetivo de la figura era en favor del Estado, a fin de que los congresistas pudieran concurrir a las sesiones y asistir libremente a las mismas sin que cualquier juez pudiera impedírselo.

Luego de bochornosos casos, como la llegada de Pablo Escobar a la célula legislativa, fue necesario reformular la figura, así que la Cámara de Representantes, el 26 de octubre de 1983, decidió levantarle al entonces narcotraficante, la inmunidad parlamentaria. A la fecha, la figura cambió sustancialmente a través del juzgamiento de doble instancia y doble conformidad contenido en el Acto Legislativo 01 de 2018, diseño normativo aplicable a los juicios frente a altos dignatarios del Estado.

El citado contexto permite entrever que, por más superado que esté el episodio de la inmunidad parlamentaria, a los funcionarios del gobierno Petro pareciera creárseles una nueva modalidad de inmunidad que le hace “intocables” ante las graves y múltiples denuncias de acoso sexual, nepotismo y corrupción que sobre ellos recae.

Los graves y detestables hechos recientes generan la impresión que cuando se trata de opositores políticos, el veredicto del tribunal público de los bodegueros e influenciadores pagos con recursos públicos es, culpable. En tanto que, cuando toca a funcionarios gubernamentales se opta por el revictimizante silencio cómplice o del anuncio del inicio de “investigaciones exhaustivas”, se vocifera la narrativa de los hechos aislados y no vinculados políticamente al gobierno y, se procura, “darle manejo” mediático a la situación a fin de que no se vea afectada la reputación e imagen del gobierno del cambio. La desgracia representada en este tipo de inmunidad petrista, no es, sino, un free pass para darle rienda suelta a las reprobables aberraciones y perversiones de los funcionarios sin que se prevea ninguna consecuencia legal o política importante.

Los casos se cuentan de forma recurrente; Armando Benedetti en su condición de embajador de la FAO protagonizó un presunto episodio de violencia verbal en contra de su esposa Adelina Guerrero, quien lo denunció en Madrid, España, sin que el episodio mereciera un pronunciamiento de parte del ejecutivo; Hollman Morris el hoy gerente del sistema de medios públicos, RTVC, carga con cuestionamientos y denuncias públicas por presunta violencia intrafamiliar, acoso, abuso y maltrato en contra de mujeres. Contrario a recibir un juicio de reproche -por lo menos- político, se le ha encargado la estrategia propagandista a favor del gobierno Petro; Alex Flórez, el pasado 12 de julio la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación al senador del Pacto Histórico por el delito de violencia intrafamiliar agravada; Víctor de Currea-Lugo fue designado el 13 de enero de 2023 como embajador de Colombia en Emiratos Árabes, días después, varias mujeres denunciaron en redes casos de presunto acoso y abuso sexual en las universidades Nacional y Javeriana; Diego Cancino fue denunciado por una funcionaria quien manifestó que el exviceministro la agredió sexualmente; Andrés Hernández, cónsul en México ha sido acusado por una defensora de derechos humanos de ser profundamente violento contra las mujeres y de ser misógino quien usa su poder para humillar a las mujeres.

En contraste con las graves denuncias y las reacciones del gobierno nacional que nunca llegaron, el presidente montó toda una puesta en escena por el supuesto caso de “Pegasus”, observamos que el mandatario fue raudo y oportuno para tratar el tema, tanto que mereció incluso, una alocución presidencial para “denunciar” la compra “ilegal” del software. El mismo entusiasmo se le vio al mandatario denunciando, calificando y juzgando a los magistrados del CNE que investigan los sobrecostos y origen de la financiación de la campaña “Petro presidente” y ni que decir de las campañas de desprestigio que desde el nivel más alto de gobierno se han orquestado en contra de Vicky Dávila, los políticos de oposición y los medios Caracol, RCN, y Semana.

Para la Corte Suprema de Justicia, “Una sola conducta que afecte a la víctima y genere un ambiente hostil es suficiente para ser considerado acoso sexual”. El gobierno ha normalizado el acoso y la violencia contra la mujer. El progresismo le ha dado una bofetada a los derechos de la mujer, siendo lo peor que se simule que “nada pasa”.

Es necesario recuperar el ejemplarizante comportamiento de los funcionarios públicos, su probidad y diligencia, el gobierno no solo nos trajo ineptitud en los funcionarios sino una aberrante y perversa forma de comportamiento, no todo vale y mucho menos cuando se causan daño a partir de las violencias basadas en relaciones de superioridad laboral y política en contra del género femenino, a la mujer se le respeta en todos sus ámbitos. Cero tolerancia frente al abuso.