Inmunidad presidencial

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha insistido en reformar la Corte Suprema de ese país, en el sentido de establecer que los expresidentes no tienen inmunidad por los delitos cometidos durante su mandato, eliminar el término vitalicio del ejercicio del cargo de sus magistrados e imponerles un código de ética vinculante. Considera que ese órgano está siendo utilizado políticamente en época electoral.

La propuesta tiene pocas posibilidades de ser aprobada en un Congreso dividido, a pesar de que la confianza pública en la Corte Suprema se encuentra en uno de los puntos más bajos, en razón a recientes decisiones adoptadas por la mayoría conservadora: la eliminación de protecciones constitucionales a las mujeres para el aborto, la ampliación de derechos de posesión de armas de fuego, y la inmunidad presidencial aplicada a Donald Trump.

Una encuesta indica que 43% no tiene ninguna confianza en la Corte Suprema, el 67% de los norteamericanos está de acuerdo con limitar el periodo de los magistrados, 82% demócratas y 57% republicanos. La Corte adoptó un código de ética el año pasado, ante las constantes críticas por viajes y regalos no revelados de algunos de sus magistrados.

La Corte Suprema de Estados Unidos, en posición dividida, determinó que los presidentes tienen inmunidad por los actos cometidos durante el ejercicio de su mandato, no por los actos privados, para el caso de Donald Trump por sus intentos de revertir los resultados electorales de 2020, donde perdió contra Joe Biden y en el caso del pago de dinero a la actriz porno “Stormy Daniels”, donde difirió la lectura de la sentencia condenatoria para determinar los alcances del fallo.

Ningún presidente anterior a Trump había sido acusado de cometer delitos mientras era presidente. En el caso de Nixon le fue otorgado un indulto. Lo anterior explica porque el tema de la inmunidad no había sido desarrollado por la Corte.

De acuerdo con John Roberts, magistrado presidente de la corporación, los presidentes son distintos a la gente normal, por lo que es necesario protegerlos de ser procesados por cometer delitos oficiales.

Para la disidencia, se abre un camino nuevo y peligroso que desconoce el principio de que nadie está por encima de la ley, que podría conducir al despotismo y que permitiría a cualquier presidente burlar los límites establecidos por el Congreso.

La situación desafía el concepto de democracia e igualdad ante la ley, fortalece en exceso el presidencialismo, evidencia la politización de la justicia y demuestra la inexistencia de controles efectivos al presidente y a los magistrados de la Corte Suprema.

Los presidentes no son personas distintas a los demás, representan al pueblo, ejecutan las decisiones mayoritarias adoptadas por el Congreso y responden como cualquier funcionario por excesos y omisiones. El presidente no es un rey de periodo, uno de los avances del constitucionalismo consistió en despersonalizar el poder que no reside en una persona ni en una familia, sino que se ejerce de acuerdo a competencias y atribuciones preestablecidas. Los jueces no se deben prestar al juego político y su forma de elección debe garantizar calidades, equilibrios y alternancias. Así mismo, los jueces deben tener controles y responsabilidades.

En Colombia, nadie está por encima de la Constitución ni la ley. El presidente y los magistrados de las altas corporaciones judiciales están sujetos a control político por parte del Congreso. Lamentablemente, la comisión de acusaciones y el Congreso han sido altamente ineficientes y los escándalos de posibles sobornos a congresistas por parte funcionarios de la administración auguran prevaricatos por omisión.

Nuestra situación es peor, tenemos controles que no funcionan, mientras que en Estados Unidos saben que no los tienen.

Cita de la semana: “Luis XIV era demasiado inteligente para haber dicho: ‘¿El Estado? El Estado soy yo.’ Si es que alguna vez lo dijo, no fue con el sentido con que se cita. En todo caso, no es cierto.” Jacques Barzun, Del amanecer a la decadencia. (2001).