Inversiones forzosas

Definitivamente, cada semana los colombianos enfrentamos decisiones y políticas a las que no estamos acostumbrados. El gobierno del cambio parece hacer cada vez más difícil alcanzar una estabilidad económica mínima en los hogares. Un ejemplo de esto son los altos costos de los servicios públicos y las políticas relacionadas con el manejo de los precios de los combustibles. A esto se suman las fallidas reformas tributarias y la errada política fiscal.

Como si fuera poco, se confirma lo que el jefe de Estado anunció hace algunos meses ante los banqueros del país en la reunión anual de Asobancaria: el ahorro de los colombianos (que cada día es más escaso) tendría que ser entregado al gobierno para que, a través de algunas de sus entidades, se utilice en ciertos instrumentos financieros y proyectos oficiales, mediante la imposición de inversiones forzosas con el ahorro de los ciudadanos. Estas medidas extremas en la economía generalmente se aplican solo en momentos de crisis graves o como parte de políticas populistas.

Lo anterior está generando consecuencias negativas en la economía y, fundamentalmente, una creciente desconfianza en el sistema financiero, que hasta ahora ha sido una fuente de confianza para la mayoría de los colombianos. Las políticas erráticas que pretende imponer el gobierno del cambio, como la utilización obligatoria de los ahorros en inversiones forzadas en entidades gubernamentales, tendrían como resultado un colapso en la confianza de los ciudadanos en el sistema financiero y en el propio gobierno.

Esto podría desencadenar una fuga de capitales, empeorando aún más la situación económica del país. Lo más preocupante es que esta medida podría llevar a que los colombianos vuelvan a la antigua práctica de guardar dinero fuera del sistema bancario, perdiendo así la cultura de bancarización que tomó décadas construir. Esta confianza en el sistema bancario les ha permitido a los ciudadanos proteger su dinero, especialmente sus ahorros.

Además, esta nueva política del gobierno amenaza con reducir o incluso eliminar la libertad financiera de los colombianos, un derecho fundamental en las democracias sólidas, donde bajo ninguna circunstancia se restringe la capacidad de los ciudadanos para decidir cómo y dónde invertir sus ahorros.

Pero, adicionalmente, la utilización del ahorro de los colombianos por parte del gobierno se puede convertir en una solución mediática para el presidente Petro, que ya está con el sol a sus espaldas y con estos dineros de los ahorros de los colombianos en sus manos. Esto no tendría otra razón de ser que cumplir unas políticas populistas sociales en el resto del mandato y con esto iniciar el proceso de fortalecer las bases políticas de sus aliados para las elecciones del 2026. Esto, sin importar que se pongan en peligro la fortaleza y la confianza de nuestra economía y, fundamentalmente, el ahorro de los colombianos.

Esta idea no es propiamente del presidente Petro y sus mediocres funcionarios populistas, esto casualmente funcionó en países aliados del presidente con famosas políticas progresistas que hoy dejan economías seriamente afectadas, que tienden a repercutir de forma negativa en la percepción pública y en la confianza de los inversores:

Argentina

En 2008, Argentina obligó a transferir parte de los ahorros de los ciudadanos a un sistema controlado por el Estado, lo que trajo serias consecuencias y generó una gran desconfianza hacia el sistema financiero y las políticas de un gobierno, que se dedicó a subsidiar su economía de manera populista. Esto no es muy diferente a lo que el gobierno del cambio propone hacer con las inversiones de ahorro forzoso. En Argentina, los ciudadanos perdieron el control directo sobre sus ahorros, incluidos los fondos de jubilación, lo que afectó gravemente su situación financiera. Hoy, el actual presidente, Javier Milei, está intentando, mediante medidas drásticas, recuperar la confianza de los inversores internacionales en la seguridad jurídica y las políticas económicas del país.

Venezuela

En los gobiernos de Chávez y Maduro se han implementado políticas de control sobre los fondos de pensiones y los ahorros de la población, incluyendo la imposición de un ahorro forzoso. Esto ha resultado en una alta inflación y devaluación de la moneda, exacerbadas por estrictos controles financieros y otras prácticas económicas. La falta de confianza en estas políticas ha provocado una fuga de capitales y dificultades para atraer inversión extranjera, contribuyendo a la hiperinflación y al colapso económico del país.

Las políticas de inversión forzosa suelen emplearse en circunstancias económicas adversas para los gobiernos y generalmente tienen repercusiones negativas sobre la confianza de los consumidores e inversores a mediano y largo plazo.

En países con economías altamente controladas por el Estado, como Venezuela y, en el pasado, Argentina, se han destinado grandes cantidades de dinero a proyectos con fines políticos, un patrón que parece querer repetir el presidente Petro. Consciente de que no contará con el presupuesto necesario para sus proyectos populistas, Petro busca compensar este déficit utilizando el ahorro de los ciudadanos.

Este enfoque, lejos de generar beneficios económicos para la banca o los ahorradores, podría ser gestionado por funcionarios de empresas estatales ineficientes y en sectores no competitivos. Sin embargo, la asignación obligatoria de recursos a proyectos no viables podría ofrecer beneficios a corto plazo para el 30 % de los colombianos, que es actualmente su principal prioridad. Con esta estrategia, Petro podría intentar mantener el poder por varios períodos presidenciales, beneficiando a sus aliados y manteniendo al 70 % restante de la población dividido, como lo está haciendo astutamente en su estrategia.

Por eso, no me cansaré de insistir en que, si la oposición no se presenta unida con un solo candidato en la primera vuelta presidencial, el presente y el futuro de nuestro país estarán en serios problemas. ¡Despierta, Colombia!