Irracional violencia contra Colombia

La población urbana y rural que habita en Colombia, lo mismo que sus Fuerzas Militares y de Policía desde hace más de 70 años vienen siendo víctimas de una irracional e injusta violencia, que está afectando el derecho de las personas a la tranquilidad ciudadana, a la propiedad privada, a su bienestar social y a su propia seguridad personal y familiar

Esa violencia se ha venido sustentando en la irracionalidad que producen los fanatismos políticos e ideológicos, en las exageradas desigualdades sociales que desafortunadamente existen en Colombia y por el ansia de lucro de negocios ilícitos como la corrupción y el narcotráfico. El afán de concentrar la propiedad rural en pocas manos y el error histórico de algunos grupos de izquierda por promover la existencia de diversos grupos guerrilleros y sobre todo, de empeñarse en mantener y alimentar ese error histórico, ocultándose a sí mismos —con evidente ceguera—que el mundo ha cambiado y que la persistencia en su error, solo ha servido como justificación para la creación de grupos paramilitares de extrema derecha y para que ciertos sectores políticos y sociales se resistan, aún hoy, a la necesidad de tener una Colombia más justa y democrática.

Lo único que nos ha dejado hasta ahora esa irracional violencia contra Colombia son millones de víctimas de todos los segmentos políticos y sociales, incluyendo el asesinato de tres candidatos presidenciales, de miles de humildes soldados, policías y de defensores de derechos humanos. También ha permitido que un buen número de personas, a nivel nacional e internacional, vivan de la ‘diplomacia’ de la violencia, entre ellas de varios organismos de Naciones Unidas, que no tienen ningún rubor en decir mentiras contra Colombia, como cuando irresponsablemente afirmaron que en uno de los hangares del aeropuerto El Dorado en Bogotá D.C. existían 20.000 cadáveres sin identificar. Reitero que, por principios éticos, la ONU y sus organismos especializados en ninguna parte del mundo pueden decir mentiras y menos vivir a costa de los diversos conflictos políticos y sociales que viven los pueblos. Deben constatar siempre la veracidad de la información que les suministran.

Como ‘no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista’ —tal como lo dice un refrán popular— considero que es una prioridad para Colombia encontrar los medios necesarios para salirnos del remolino de esa irracional violencia.

Quisiera resaltar que todas las iniciativas que se han ensayado en esa materia en los últimos 70 años han fracasado a pesar de los miles de millones de pesos que se han invertido, incluyendo los recursos económicos de la cooperación internacional.

Con la llegada de Petro a la Presidencia de la República en agosto del 2022 y de manera especial con su política de paz total, muchas personas nos llenamos de optimismo, pero el mismo se nos ha ido perdiendo con tantos atentados terroristas contra la población civil y contra muchos integrantes de las Fuerzas Militares y de Policía, confirmándose una vez más la doble moral de los grupos armados ilegales.

Esa dolorosa realidad, de pronto está obligando al actual presidente de la República y a quien lo reemplace democráticamente a partir de agosto del 2026, a estudiar y trabajar seriamente en la tarea de una posible tercera vía que nos saque del remolino de violencia y delitos que la alimentan, como la corrupción y el narcotráfico.

Para abrir el camino de búsqueda de la paz y la reconciliación en Colombia sería importante que el Gobierno nacional —en consonancia con las Fuerzas militares y de Policía— procurara la colaboración de los gobernadores departamentales y los alcaldes municipales con el fin de establecer un diálogo social con los voceros de las comunidades donde operan los grupos armados ilegales e implementar una política de obras sociales y de infraestructura bajo la figura de un presupuesto participativo y de que todos ponen.

Estoy seguro de que, si el Estado le cumple a la población, se hará mucho más fácil establecer diálogos directos con los voceros de los grupos armados ilegales en esas regiones y que, de paso, contribuyan en favor de una política de convivencia pacífica y reconciliación nacional.